El pacto firmado entre PSOE y Esquerra Republicana (ERC) para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno incluye una de las reivindicaciones históricas del independentismo catalán: el traspaso íntegro del servicio de cercanías (Rodalies) a la Generalitat de Cataluña.

El pacto contempla también la cesión de la titularidad de la infraestructura, algo que siempre ha supuesto dudas jurídicas por su complejidad y encaje constitucional. De momento, el pacto cita tres líneas concretas que se verán afectadas, aunque el texto deja la puerta abierta a que el Govern exija asumir más trayectos de la red que discurre por la Comunidad Autónoma.

"Para determinar los tramos a traspasar, se incluirá en el análisis toda la red ferroviaria en Cataluña sin excluir ningún tramo, con el propósito de valorar también posibles traspasos futuros de tramos distintos a los del apartado A", asegura literalmente el acuerdo hecho público este jueves por la tarde.

En dicho apartado se habla de "trayectos en los que los servicios prestados sean de forma exclusiva titularidad de la Generalitat y puedan excluirse de la explotación conjunta del resto de la Red Ferroviaria de Interés General" (RFIG). Esto limita las dudas sobre el encaje constitucional de dicho traspaso. La propia ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, Raquel Sánchez, señaló hace apenas seis meses que el traspaso no se podía llevar a cabo porque formaba parte de la Red de Interés General del Estado. En sede parlamentaria también llegó a afirmar que la transferencia no era "legal" porque por esas mismas vías que usan los rodalies transitan tráficos internacionales (conexión con Francia) y de mercancías.

Así que en el acuerdo, el PSOE parece haber limitado bastante el alcance del traspaso. "En los tramos de infraestructura que serán objeto de traspaso se incluirán al menos la línea del Maresme de la R1, la línea Papiol - L’Hospitalet – Vic - Puigcerdà de la R3 y la línea Sant Vicenç de Calders – Barcelona de la línea R2", concreta el texto.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, aseguró en rueda de prensa que este acuerdo sería solo una primera fase para "una cesión integral" del servicio ferroviario de cercanías en la región. La idea es hacerlo "por fases" a lo largo de la legislatura. En 2010 se traspasó la gestión a la Generalitat por parte del Gobierno central, aunque su papel se limitaba fundamentalmente hasta ahora a establecer horarios y tarifas. La operación seguía en manos de Renfe Viajeros a través de un contrato-programa firmado en 2010 y vigente hasta 2027.

El acuerdo contempla que si la investidura sale adelante, se creará una sociedad mercantil durante la legislatura participada por la Administración General del Estado (AGE) y la Generalitat, bajo el nombre de Rodalies Catalunya. Y la participación mayoritaria estará en manos del Govern catalán.

La nueva empresa tendrá un consejo de administración paritario entre la Generalitat y la AGE y un presidente con voto de calidad, también miembro del consejo, que se nombrará a propuesta de la Generalitat. Los acuerdos estratégicos se tomarán mediante mayoría cualificada del citado órgano.

Uno de los principales interrogantes sobre el traspaso es la cesión del personal que actualmente presta servicio en la operadora pública estatal. El acuerdo se limita a decir que la nueva empresa "dispondrá de un convenio de colaboración y cooperación con Renfe que asegure la movilidad laboral entre ambas y el mantenimiento de los derechos adquiridos".

Los maquinistas ya han puesto el grito en el cielo ante la idea del traspaso. El sindicato SEMAF pone incluso sobre la mesa la posibilidad de realizar protestas o incluso paros para mostrar su oposición al proceso de cesión a la Generalitat. El secretario general del sindicato de maquinistas, Diego Martín, traslada a El Independiente el malestar por la decisión y asegura que la forma de proceder "aboca al conflicto laboral".

Más financiación

Más allá del traspaso de parte de la infraestructura, los activos y el personal, la rúbrica del pacto sirve también para sanear las cuentas de la administración autonómica en la materia. La parte estrictamente económica del pacto es extensa y contempla seguir incrementando también la financiación del servicio ferroviario en la Comunidad.

El texto habla de traspasar durante 2024 los recursos económicos necesarios asociados al déficit en el que incurre Renfe del año 2023, como operador del servicio. También busca "incluir los mecanismos de flexibilización del cálculo para hacer frente a costes extraordinarios en la prestación del servicio", así como "traspasar a la Generalitat los recursos necesarios para sufragar la deuda existente con Renfe relativa a los servicios prestados en el marco del Plan de Acción, que se cifra en 132,72 millones de euros, fuera de los servicios acordados en el traspaso".

Por otro lado, también se habla de "asumir, por parte de la Administración General del Estado, los costes derivados de decisiones de dicha administración y, en particular, del incremento de cánones ferroviarios de ADIF de mediados del año 2017".

Asimismo, el texto dice que se establecerán mecanismos para incluir "las aportaciones para hacer frente a los costes que se puedan derivar de los planes alternativos de transporte que impliquen sobrecostes en servicios de transporte gestionados por esta Administración" en caso de que el Estado realice obras en la infraestructura ferroviaria que supongan la afectación a servicios ferroviarios. No solo en obras programadas sino también en caso de situaciones sobrevenidas.

El acuerdo prevé además crear un grupo de trabajo entre el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y el Departamento de Territorio catalán para "analizar las mejoras en los servicios actuales que se deben incorporar estableciendo los plazos y los costes a asumir". Entre estos servicios cuyo coste asumirá el Mitma -cita específicamente el texto- se encontrarán al menos los servicios de Lleida a Manresa.

Tanto Renfe como el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) han evitado hacer comentarios sobre el alcance del acuerdo entre las formaciones políticas.