Los Comités Generales de Empresa de Renfe y Adif convocan cinco jornadas de huelga (24 y 30 de noviembre y 1, 4 y 5 de diciembre) por la promesa del traspaso del servicio de Rodalies a la Generalitat de Cataluña, según trasladan fuentes sindicales.

Los representantes de los trabajadores llaman así a los paros en las dos empresas afectadas por el pacto de investidura del PSOE con Esquerra Republicana firmado la semana pasada para que Pedro Sánchez sea de nuevo presidente del Gobierno. La huelga afectará de lleno a los días previos al puente de la Constitución.

Representantes sindicales se reunieron este lunes con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, Raquel Sánchez, para abordar las claves del acuerdo político. Desde UGT explican que la titular de Transportes aseguró que el pacto no aborda, por el momento, aspectos técnicos sobre cómo se llevaría a cabo este traspaso de competencias entre Estado y Generalitat.

Asimismo, aseguró que aún no se ha concretado la naturaleza de la entidad mixta que gestionaría la operativa ferroviaria de las Rodalies. Según expone el acuerdo, habrá una empresa conjunta entre Estado y Generalitat, con un presidente designado por la administración autonómica. No queda claro quién se encargará de gestionar los tráficos ferroviarios en los tramos de líneas que se transferirán como parte del pacto.

Desde CCOO aseguran que la ministra reconoció "las dificultades legales de algunos de los puntos en cuestión", por lo que desde el sindicato entienden que "de llevarse a cabo el acuerdo, se trata irremediablemente de un proceso largo".

La organización que preside Unai Sordo se manifestó "contraria a la segregación de Grupo Renfe y Adif" y expuso "la necesidad de buscar fórmulas que realmente mejoren la situación actual de Rodalies, sin acometer la segregación de las empresas". Entienden que esto último "no solucionará el problema actual, además de ser perjudicial para las trabajadoras y trabajadores y sus condiciones laborales, presentes y futuras".

Desde UGT plantearon también como premisas innegociables "que se mantenga la integridad de Renfe Operadora y de la red de infraestructuras ferroviarias, que se garanticen los derechos de los trabajadores y trabajadoras, no sólo los económicos sino, también, los profesionales y de movilidad".

En este sentido, la organización que dirige Pepe Álvarez asegura que "no va a permitir que se lleve a cabo un proceso de esta envergadura, que afectaría a más de 2.000 profesionales del operador público ferroviario, sin que se detallen muchos aspectos, especialmente de carácter técnico, que actualmente están en el aire". Por ello, valora "de forma negativa el traspaso de Rodalies en los términos planteados".

El pacto contempla el traspaso de 270 los trenes que circulan por la red de Rodalies. La operadora pública Renfe ha encargado otros 101 nuevos trenes para este servicio. También prevé el traspaso "al menos" de la R1 (la que discurre por el Maresme), de la R2 Sur (Sant Vicenç de Calders-Barcelona) y de la R3 (Papiol-L'Hospitalet-Vic-Puicerdà).

El Estado también transferirá a la Generalitat los recursos para hacer frente al déficit tarifario, la parte del coste del servicio que no se sufraga mediante la venta de billetes sino con aportaciones de las administraciones. El año pasado ascendió a 335 millones.

Por otro lado, la administración central también asumirá la deuda contraída por la Generalitat con Renfe por las mejoras suplementarias que se han requerido en el servicio, lo que resulta en 132,72 millones de euros.