La promesa por parte del PSOE a ERC de traspasar el servicio de Rodalies de forma íntegra a la Generalitat de Cataluña y ceder la titularidad de algunas infraestructuras ha reforzado el bloque sindical que se generó hace unas semanas en contra de la elección de la naviera MSC como socio industrial de Renfe Mercancías.

Los sindicatos ferroviarios con presencia en los comités generales de empresa tanto de Renfe como de Adif (el administrador de la infraestructura) acordaron este martes por unanimidad convocar cinco días de huelga (24 y 30 de noviembre, y 1, 4 y 5 de diciembre) ante las decisiones que pretende llevar a cabo el Gobierno y que afectan a ambas sociedades públicas.

Por un lado, acusan a la operadora dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que dirige en funciones Raquel Sánchez de estar buscando una "privatización encubierta" de la sociedad de carga. Por otro, denuncian que el acuerdo sellado con ERC supondrá "la segregación de los servicios que prestan las empresas públicas estatales".

Los representantes de los trabajadores de ambas compañías consideran que ambas estrategias "suponen decisiones equivocadas y deficientes para el erario público" que acabarán "generando duplicidades de gasto". También perjudicarán -añaden- al "derecho de las personas trabajadoras y el funcionamiento del sistema ferroviario".

Los sindicatos denuncian que el proceso que afecta a la filial de carga de la operadora supondrá otorgar "a una sociedad privada los vehículos nuevos, los servicios y contratos de servicio". De momento, la operación está en un proceso incipiente en el que se están realizando las valoraciones de activos de la filial de Renfe.

Más adelante, la operación con el gigante suizo deberá ser aprobada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y, a continuación, fuentes del sector ferroviario dan por descontado que tendrá que ser examinada por las autoridades de Competencia, bien por la CNMC o por la Comisión Europea. No en vano, MSC opera en España en el sector de mercancías con la compañía Medway, la cuarta por volumen de negocio, nacida hace siete años tras la compra de la empresa pública portuguesa de mercancías (CP Carga). Finalmente, deberá recibir el visto bueno definitivo del Consejo de Ministros.

El pacto con la naviera se producirá con la filial Medlog, a través de una sociedad mixta participada al 50%. Fuentes conocedoras de la negociación trasladan que Renfe seguirá operando como 100% pública. Aunque no detallan con qué dimensión ni con qué volumen de activos y cartera de negocio. A los trabajadores que pasen a la nueva sociedad se les ofrecerá regresar a la operadora pública si lo desean.

En cuanto al acuerdo de investidura de los socialistas con la fuerza independentista catalana, los sindicatos consideran que implicará "la segregación de las empresas Renfe y Adif motivadas por la transferencia de Rodalies y el traspaso de las infraestructuras ferroviarias". En este sentido, añaden que supondrá sacar "buena parte de las líneas de la RFIG" (Red Ferroviaria de Interés General). A priori, el pacto de investidura contempla que solo serán traspasadas líneas donde no haya otros tráficos más allá de los de cercanías.

En el comité de Renfe están representados el sindicato de maquinistas (SEMAF), así como los sindicatos UGT, CCOO y CGT, además del Sindicato Ferroviario (SF). En Adif tienen representación CCOO, UGT, CGT, SF y el Sindicato de Circulación Ferroviaria (SCF).

Servicios mínimos

Este miércoles detallarán en rueda de prensa conjunta los pormenores de unos paros cuyo alcance estará determinado por los servicios mínimos que imponga el Ministerio de Transportes. En anteriores ocasiones han acusado al Mitma de imponer servicios mínimos abusivos que cercenan la efectividad de la medida de presión. La ministra en funciones se reunió el lunes con representantes de los grandes sindicatos y este martes aseguró que "el Gobierno, así lo recoge el acuerdo, garantizará sus derechos y condiciones laborales y habrá movilidad laboral".

"Renfe no va a desaparecer de Cataluña. Lo que hacemos es culminar un proceso que comenzó en 2010, dando respuesta a ciertas diferencias en el traspaso de recursos económicos y definiendo los tramos que se pueden ceder", remató. Hace unos meses, la titular de Transportes argumentaba que el traspaso integral no era legal. La operadora pública cuenta en la región con 2.500 empleados y 270 trenes.