El Gobierno ha acordado con ERC que el Estado asumirá el 20% de la deuda de la Generalitat, unos 15.000 millones. Fue la noticia económica de la semana pasada por su complicado encaje legal, pero estos últimos días ha quedado ensombrecida por otras dos, todas pactadas de cara a la investidura de Pedro Sánchez: la posible cesión al Gobierno catalán del 100% de los tributos que se pagan en Cataluña, que forma parte del acuerdo con Junts -aunque es un punto que solo se incluye como una “propuesta” del partido independentista al Estado-, y, cómo no, la cesión de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social que este viernes figuraba en el pacto firmado con el Partido Nacionalista Vasco como parte del compromiso de cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika de 1979 en un plazo de dos años.

El PNV ha conseguido que Sánchez acceda, a cambio de los votos de sus cinco diputados en el Congreso, a algo que también reclamaban Junts y ERC en sus programas políticos pero que finalmente han dejado atrás. La idea de los independentistas era similar, pero sólo los jeltzales han desbloqueado este compromiso en torno a la Seguridad Social. Las formaciones nacionalistas catalanas aspiraban a dar un primer paso para “impulsar un sistema propio de pensiones” con la creación de la Agencia de la Seguridad Social Catalana. De hecho, así es como consta en el texto que a principios de noviembre ERC y Junts registraron en el Parlamento regional, como parte de las conclusiones de la comisión de Estudio sobre la Deuda Histórica del Estado.

La cuestión es que este logro del PNV ha levantado una enorme polvareda. Por el momento, implica el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco en un plazo máximo de dos años. El PNV siempre ha defendido que debe asumir la gestión del régimen económico de la Seguridad Social tal y como viene reconocido en el punto 18.2 del Estatuto de Gernika. En el texto del acuerdo firmado por Sánchez y Ortuzar el pasado viernes, -que puede leerlo al completo aquí- no aparece ninguna referencia explícita a las pensiones y la Seguridad Social solo lo hace una vez y para hablar de las mutuas, en ningún caso del traspaso de la Tesorería. ¿Entonces? 

"El acuerdo que hemos alcanzado es bueno para Euskadi, porque hay un nítido avance en el cumplimiento del autogobierno presente del Estatuto de Gernika y se sientan las bases para negociar también el autogobierno futuro, todo ello en un horizonte temporal máximo de dos años para ambos procesos", aseguró el presidente PNV, Andoni Ortuzar, tras la firma. En el documento se apunta que los socialistas se comprometen a “remover los obstáculos legales que impidan un mayor ejercicio de autogobierno”, entre otros, transfiriendo a Euskadi "las competencias aún pendientes" desde la legislatura anterior. Un acuerdo que ya se alcanzó en 2019 y que sigue incumplido y que ahora se reafirma para culminar “el autogobierno” vasco. Esta vez, la amenaza ante un posible incumplimiento es que el PNV deje caer la legislatura.  

Pero, este acuerdo ¿supondrá que el País Vasco asumirá el pago de las pensiones de sus jubilados? ¿Podrá subirlas o modificarlas a su criterio? ¿A qué se refiere exactamente el acuerdo cuando pacta la cesión de la competencia por obligaciones de cumplimiento del autogobierno? Por el momento, lo que está claro en el documento es que se creará una comisión bilateral en la que estarán representados ambos gobiernos y que se reunirá cada seis meses para supervisar el cumplimiento de lo pactado, que no es otra cosa, insiste el PNV en hacer cumplir lo recogido en el Estatuto de Gernika. En principio, el pacto no debería ir más allá de la mera transferencia de la gestión económica. 

Desde el Ministerio de Seguridad Social aseguran que en ningún momento se valora romper la caja única -el fondo al que van cotizaciones de los trabajadores y que después se utiliza para pagar las pensiones de todo el país-, sino que tan solo se tratará de transferir la gestión. “Está acordado y pendiente desde 2020”, recuerdan, insistiendo en que solo consistiría en traspasar la gestión económica. “La gestión tiene que ver con la eficiencia con la que se tramitan las prestaciones, que siguen siendo reguladas a nivel estatal y dependiendo de la caja común”, apuntan. Es decir, que el principal cambio consistiría en que el País Vasco contaría con sus propias oficinas de la Seguridad Social, su propia 'ventanilla' de la Seguridad Social, con funcionarios propios, donde se tramitarían las prestaciones correspondientes al territorio.

La ruptura de la caja única

El PNV recuerda a quienes alientan el riesgo de ruptura de la 'caja única' que la disposición transitoria quinta del Estatuto vasco es muy clara al afirmar que la gestión se cederá de acuerdo a la firma de convenios bilaterales con el Estado que asegurarán el "carácter unitario y el respeto al principio de la solidaridad" del sistema. Subrayan que sólo se gestionará y que en ningún caso cambiarán las condiciones en las que se cotizará y abonarán las pensiones, sólo el modo de gestionar todo el proceso.

Pero lo que los expertos recalcan es que la medida supondría un primer paso para que el País Vasco gestione en un futuro sus pensiones como durante tanto tiempo han soñado. Por el momento Sánchez se ha comprometido a reconocer la 'nación vasca' y la 'nación catalana'. Es decir, que de algún modo el acuerdo es una primera etapa en ese objetivo último de abrir la puerta a que en el futuro las regiones más ricas pudieran gestionar y organizar sus propias pensiones al 100%, utilizando en su beneficio el dinero de sus impuestos. En ese escenario, los expertos advierten de que se podría provocar importantes problemas al resto del país.

Uno de los sindicatos de la Inspección de Trabajo ha lanzado un comunicado este viernes, alarmados, asegurando que incluso lo pactado ya es anticonstitucional. El sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS) sostiene que la norma suprema otorga competencias exclusivas al Estado sobre el régimen de la Seguridad Social, lo que incluye su gestión. “Es fundamental que la gestión de la Seguridad Social siga dentro de las competencias del Estado”, aseguran. En ese mismo sentido ya se ha manifestado el Tribunal Constitucional, insistiendo en varias sentencias en que la Seguridad Social es un régimen público único y unitario que debe tener unidad jurídica y presupuestaria. 

Preocupaciones similares manifiesta el economista e inspector de Hacienda del Estado, Francisco de la Torre, en conversación con este periódico. “Si se traspasa la Seguridad Social, la pregunta es quién lo pagará. El País Vasco tiene las pensiones medias más altas de España y no podría pagarlas con sus cotizaciones, las cuentas no salen. No creo que hayan decidido pagarlas con sus propios impuestos, ni bajar las prestaciones… El riesgo de que esto se convierta en algo caótico es importante”, recalca. Lo que marcará la investidura, puntualiza, será hasta dónde quieran llevar los socios de Gobierno estas reivindicaciones. 

Por otro lado, el PNV ha conseguido reforzar el Concierto Económico con algunos impuestos nuevos, más el compromiso del PSOE con la prelación de los convenios colectivos en el ámbito del País Vasco, un asunto que en la pasada legislatura fue un "escollo" pero que ahora se ha conseguido. Con estas cesiones, el PSOE tiene prácticamente garantizado el voto del PNV de cara no solo a la investidura, sino también a los presupuestos.