En España, tener una vivienda en propiedad ha sido sinónimo de estabilidad durante décadas. La compra de un inmueble es un valor refugio en la mente de muchos españoles. Sin embargo, cada vez está al alcance de menos personas, debido a una oferta muy limitadas que ha incrementado los precios por encima del poder de compra que permiten los salarios en nuestro país. De las subidas de precios no se libran las viviendas en alquiler, también más demandadas y más caras. Tanto es así que casi el 40% de los españoles que vive en un inmueble que no es de su propiedad tiene más gastos que ingresos.

Así lo muestra la Encuesta de Competencias Financieras de 2021 publicada esta semana por el Banco de España, que muestra que este porcentaje -del 37% para quienes no son propietarios- es bastante menor para quienes tienen una vivienda en propiedad, del 25%, e incluso más bajo para quienes tienen más de un inmueble, del 18%. Una situación que podría haber empeorado teniendo en cuenta el incremento de los precios de los alquileres.

“Los hogares que viven de alquiler tienen una capacidad de ahorro limitada”, comentaba el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, durante la presentación de la encuesta. Además, por esa situación económica de mayor vulnerabilidad, “tienen menor acceso al crédito”, como también muestra la encuesta.

Y es que la crisis inflacionista de la que no se ha librado la vivienda, junto a la pérdida de poder adquisitivo de muchas familias, han conducido a una situación en la que “tener un salario  no garantiza poder pagar una vivienda”, como denunció Gema Gallardo, directora general de Provivienda este miércoles en una jornada sobre este tema.

Elena Martínez, responsable de investigación y evaluación en la misma organización, señaló que en España, 250.000 hogares caen en situación de exclusión social después de pagar la vivienda. Y es que según datos de Idealista, el porcentaje de los ingresos del hogar necesario para acceder a una vivienda es del 21%, pero en muchas capitales de provincia es necesario destinar más del 30 y el 40% de los ingresos a pagar la cuota del alquiler.

Según el portal inmobiliario, con datos del tercer trimestre, en Barcelona se deben destinar el 43% de los ingresos, en Palma, el 42% y en Valencia, el 39%. En Madrid, la tasa de esfuerzo para acceder a una vivienda en alquiler es del 35% y en San Sebastián, del 33%.

Consecuencias para los más vulnerables

Los datos del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de 2022 ya revelaba que el 41% de los inquilinos en España destina más del 40% de sus ingresos a pagar la renta. La situación es peor cuanto más baja es la renta, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los hogares con ingresos bajos destinan el 47,4% de sus ingresos a pagar el alquiler, España es el octavo país con el porcentaje más alto, por detrás de Reino Unido o Estonia.

Además, las continuas subidas de los precios de las viviendas en alquiler tienen peores consecuencias para las rentas más bajas porque según explicó Martínez, se produce un movimiento de todas las personas de distintas capacidades económicas hacia “viviendas más baratas”, reduciendo prácticamente a la nada la oferta a la que pueden optar las personas más vulnerables.

Según datos de Provivienda, el sobreendeudamiento al que se enfrentan las personas que viven de alquiler es mayor que para aquellas que tienen una casa en propiedad y pagan una hipoteca. En concreto, afecta más a mujeres, a extranjeros no comunitarios y a jóvenes.

Soluciones

Las soluciones a este problema “sobrediagnosticado”, en palabras de Javier Burón, gestor y especialista en vivienda social, que participó también en la jornada de Provivienda, no son fáciles a corto plazo. Algunas de las que se comentaron se incluyen en la Ley de Vivienda: rehabilitar viviendas, reservar un 30% de las nuevas promociones a vivienda asequible o incrementar el parque de vivienda pública, como resumió Sergio Porcel, responsable del Área de Cohesión Social y Urbana del Institut Metròpoli.

Elga Molina, especialista en arrendamiento de vivienda en el contexto europeo, explicó fórmulas de control de precios que aplican otros países de nuestro entorno, desde un “beneficio razonable” fijado en función de las mejoras que se hayan realizado en un piso a la actualización de rentas si han quedado desfasadas, como ocurre en Francia. 

Molina defendió que los controles de renta tienen que implicar a todas las partes porque “si no, no funcionan” y concluyó que los controles de renta deberían tener en cuenta la rehabilitación de las viviendas para incentivar que los propietarios sean recompensados por esas inversiones y, también, que la oferta de pisos es de mayor calidad.