Después de días de constantes choques con el Ministerio de Economía, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto sobre la mesa la reforma del subsidio de desempleo que su departamento lleva elaborando meses. Y ha dejado muy clara su intención: incrementará la mencionada prestación, la ampliará para que llegue a más beneficiarios, será compatible con un empleo y se aligerará la burocracia que hoy día dificulta su gestión y cobro.

El subsidio de desempleo es una prestación que pueden cobrar los parados que no tienen derecho a paro o que lo han agotado, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos. El Gobierno prometió a Bruselas reformarlo, algo que debía haberse llevado a cabo antes de que terminase 2022. Ahora ya no puede retrasarse más, porque la reforma está ligada al cuarto desembolso de fondos europeos, y por eso la semana pasada, al asumir de nuevo su cartera de vicepresidenta y ministra, Díaz avanzó que su primera medida será mejorar estos subsidios de paro.

En respuesta, este lunes el Ministerio de Economía trasladó cómo debería ser esa reforma, para el enfado del Ministerio de Sumar. Los de Díaz consideran que las ideas de Calviño van en contra de pactado con Bruselas -el Plan de Recuperación hablaba explícitamente de "ampliar" estas prestaciones- y también contra lo que recoge el acuerdo programático entre PSOE y Sumar es también muy claro con respecto a la mejora de dicha prestación. La filosofía de Trabajo, han insistido sus portavoces, es que un parado no encuentra antes un empleo por ver reducida su prestación, que el acoso al parado no fomenta su retorno al empleo y que el coste de tener a un mayor número de personas en exclusión social es importante. 

En un encuentro con periodistas al que ha asistido Díaz en persona junto al secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y otros miembros de su gabinete, el Ministerio ha dejado claro que se opondrá a cualquier recorte del subsidio por desempleo como los que plantea Economía. Según Trabajo, el departamento de Calviño ha planteado propuestas que incluyen reducir el subsidio de 30 a 12 meses, reducir la prestación progresivamente y también en cómputo total, y aumentar la edad de acceso hasta los 60 años, además de endurecer el control de estos parados para asegurarse de que dejan de recibir la prestación si rechazan ofertas de empleo, algo que en Trabajo consideran que estigmatiza a las personas.

El equipo de Díaz ha insistido en que la reforma se aprobará antes de final del año, a ser posible con el acuerdo con las organizaciones sindicales y empresariales. Y no han dejado abierta la posibilidad a que en unos términos distintos a los que Trabajo ya pactó con la Comisión Europea cuando España envió su Plan de Recuperación, el que recoge las reformas e inversiones que el país llevará a cabo a cambio de recibir 170.000 millones.

Lo que sigue es el detalle de la reforma que el Ministerio de Trabajo asegura que llevará a cabo, y que está en línea con lo recogido tanto en el Plan de Recuperación -donde se especifica que la reforma buscará la “ampliación” del subsidio- como en el acuerdo PSOE-Sumar -donde se promete simplificar y mejorar el nivel asistencial por desempleo "facilitando el acceso, la compatibilidad con el trabajo, dotándolo de las prestaciones suficientes y reforzando los incentivos al empleo"-.

Aumentar las cuantías del subsidio

Ahora mismo, como consta en la página del SEPE, el subsidio extraordinario por desempleo equivale al 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) vigente en cada momento. Este año esa cuantía hoy día son 480 euros. La idea de Economía incluye aumentar ligeramente la prestación al principio y que descendiese mes a mes con el propósito de estimular la búsqueda de empleo. En total, la iniciativa conllevaba un ahorro, puesto que al mes el desempleado terminaría recibiendo 452 euros.

El parado cobrará 660 euros los seis primeros meses, frente a los 480 actuales

Pero Trabajo considera perversa esta línea de actuación, al entender que el subsidio ya constituye una fuente de ingresos muy baja, y que no es necesario presionar a un parado para fomentar que encuentre un empleo. Así, su propuesta es aumentar la prestación -con cargo a los presupuestos generales del Estado-, de manera que el beneficiario del subsidio cobre el 110% del IPREM durante los seis primeros meses (660 euros a día de hoy), el 90% durante los seis siguientes (540 euros) y el resto cobraría el 80% (480 euros) -dependiendo de sus circunstancias pueden ser más o menos meses, hasta 30-.

Cobrarlo desde el primer mes

Cuando un parado agota el subsidio que está cobrando, solo puede pedir el de desempleo una vez ha transcurrido un mes. Esto, opinan en el departamento de Yolanda Díaz, obedece a la idea de que hay que provocar que el parado pase necesidad para que así se esfuerce a la hora de buscar un empleo. Con ánimo de rebajar esta presión, Trabajo promete que el subsidio pueda cobrarse desde el primer momento.

También han insistido en que reducirán la burocracia alrededor del subsidio para que sea más fácil de solicitar, y que sustituirán la obligación de fichar mensualmente -lo que se conoce como renovación de la demanda de empleo- por un sistema trimestral, que además permita al trabajador dedicar ese tiempo a la búsqueda de empleo.

Será compatible con el empleo

A día de hoy, cuando un trabajador que cobra el subsidio acepta un empleo, debe dejar de recibir esta renta. Pero, ¿y si es despedido o no supera el periodo de prueba? En ese caso, deberá volver a esperar un mes entero antes de poder solicitar de nuevo el ingreso del subsidio, por lo que al parado podría dudar entre si aceptar o no la oferta de empleo. El Ministerio de Trabajo asegura que este dilema se suavizaría permitiendo cobrar el 100% del subsidio durante los primeros 45 días del nuevo empleo.

Ampliarlo a menores de 45 años y trabajadores agrarios

Otra de las ideas de Trabajo es que el subsidio llegue a las personas menores de 45 años sin cargas familiares y a los trabajadores agrarios, independientemente de dónde vivan estos. A día de hoy, la mayor parte de las personas que cobran subsidios de este tipo reciben el de mayores de 52 años. El otro gran colectivo que los recibía es el de aquellos que tienen cargas familiares, pero los de menos de 45 años sin familia a cargo carecían de protección, lo que califican como un "vacío de protección". Por otro lado, el Ministerio considera injusto que a día de hoy el subsidio agrario solo puedan recibirlo residentes en Andalucía y Extremadura, de manera que lo ampliarán a todas las comunidades autónomas.