El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió a principios de semana al presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé, en el Palacio de la Moncloa, con quien tuvo la oportunidad de repasar la labor de la institución en ámbitos como la Obra Social y cuestiones de actualidad de sus participadas, entre ellas CaixaBank, Telefónica y Naturgy, confirmaron a Europa Press en fuentes conocedoras del encuentro.

Las fuentes inscribieron la reunión en la "normalidad institucional" y la enmarcaron en los encuentros que mantiene un presidente que acaba de ser reelegido con los máximos líderes empresariales del país.
A la cita asistió además la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Comercio y Empresa, Nadia Calviño.

Según adelanta este viernes el diario El Confidencial citando diversas fuentes, fue el propio Fainé quien pidió una reunión con Pedro Sánchez una vez celebrada la sesión de investidura, "consciente de que La Caixa lleva años siendo objeto de deseo de Junts y ERC y de que los independentistas han logrado incluir parte de esas aspiraciones en los recientes acuerdos firmados con el PSOE".

Entre ellas, figura un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años. Cabe recordar que a consecuencia del procés independentista, la Fundación La Caixa y CaixaBank trasladaron en 2017 su sede de Barcelona a Palma de Mallorca y a Valencia, al igual que hicieron otras empresas de relevancia. Por el momento, CaixaBank siempre ha descartado la idea de volver a Catalauña.

El encuentro con Sánchez ha sido completado con otro entre Salvador Illa, el líder del PSC, y Juan José López Burniol, la mano derecha de Fainé, según revela el citado diario.

Fuentes de La Fundación La Caixa consultadas por Europa Press eludieron hacer comentarios al respecto.

Sánchez y Calviño tuvieron ocasión de conocer por boca de Fainé los principales proyectos de la Fundación en el ámbito social y empresarial y convinieron en la importancia de preservar y mantener esa labor en el futuro.

Además, según las fuentes conocedoras del encuentro, también hubo oportunidad de conocer asuntos de actualidad de las participadas de la Fundación, entre ellas Telefónica, en cuyo capital la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha reconocido que explora tomar una participación.

La intención sería movilizar recursos para alcanzar un 5% y tener presencia en el consejo, con el objetivo de preservar la españolidad del 'núcleo duro' de la compañía, en donde figuran, además de La Caixa con un 4,879% y su brazo inversor Criteria con un 2,51%, BBVA con 4,839%, BlackRock con un 4,983% y STC con un 4,9% y un 5% en derivados, según figura en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El movimiento de SEPI, que supondría una inversión superior a los 1.000 millones de euros, llegaría como reacción a la irrupción sorpresiva el 5 de septiembre de este año del grupo saudí en el accionariado de Telefónica, que podría cambiar el equilibrio de poder en la empresa española, considerada estratégica por el Gobierno.

En el caso de CaixaBank, cabe recordar que el Estado está presente en su accionariado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), con más del 17% del capital, fruto de la absorción de Bankia, entidad rescatada por el Gobierno y que requirió recursos públicos por 20.000 millones de euros.

Aunque en un principio la intención del Gobierno era desprenderse de la participación del FROB maximizando la recuperación de ayudas con cargo al contribuyente, por el momento no se ha activado esta operación de venta y se especula con que el actual Ejecutivo estaría valorando las ventajas de mantenerse en el capital de la primera entidad financiera española.

Respecto a Naturgy, la compañía mantiene en el horizonte su 'proyecto Géminis', que supone la escisión del grupo en dos empresas cotizadas: una para los negocios liberalizados (Naturgy MarketsCo) y otra para los negocios regulados (Naturgy Networks), que no es del agrado de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

De hecho, el presidente de la empresa energética, Francisco Reynés, reivindicó recientemente su derecho para dirigir con libertad y autonomía el grupo, convencido de la conveniencia de la operación, que cuenta además con el respaldo del núcleo estable de accionistas.