La crisis financiera de 2008 se llevó a muchos bancos por delante. Otros se reestructuraron y algunos se fusionaron. Incluso en alguna ocasión tuvo que entrar el Gobierno, como fue el caso de Bankia en 2012, de hecho se convirtió en máximo accionista. En 2020, CaixaBank compró Bankia y el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, redujo su participación en la entidad hasta el 16,12% actual. La agencia de calificación S&P confía en que el Gobierno salga de CaixaBank en los próximos años. 

Esta salida está prevista para este mes de diciembre, pero a finales de 2022, el Gobierno se vio obligado a retrasar esa salida por la mala evolución de la acción en bolsa. El Consejo de Ministros aprobó la salida para diciembre de 2025, es decir, para dentro de dos años. Fecha que S&P espera que cumpla. De hecho, actualmente, los bancos del Ibex son uno de los mejores sectores del selectivo, pero todavía cotizan por debajo de su valor en libros, algo que siempre recalcan los directivos de estas entidades. 

Tal y como señalan desde la agencia de calificación: “Los grandes resultados de los bancos hacen que las desinversiones estatales sean más atractivas”. Pero, matizan desde S&P que las valoraciones bursátil de las entidades siguen débiles y “los gobiernos pueden pensárselo dos veces antes de aflorar pérdidas de los rescates”. 

El Estado, a través del Frob, era el máximo accionista de Bankia con el 61,4% del capital, pero al fusionarse con CaixaBank, esta participación bajó hasta el 16,12%. Este porcentaje tiene actualmente un valor de 4.788 millones de euros, lo que supone un 143% más que en septiembre de 2020 cuando se hizo la fusión. El porcentaje en ese momento, tenía un valor de 1.964 millones de euros. 

El FROB se deshizo de la mayoría de sus bancos entre 2013 y 2015, nuevamente a través de ventas comerciales a bancos locales más fuertes. Todavía le queda una participación procedente de Bankia (que a su vez absorbió a Banco Mare Nostrum), que tras la consolidación ahora existe como participación minoritaria en CaixaBank. “Estas acciones ponen de relieve una fuerte preferencia por parte de las autoridades españolas por las ventas comerciales cuando sea posible”, explican desde S&P. La agencia también señala que estos movimientos del Gobierno responden a una política explícita de apoyo a la consolidación del mercado. Además, añaden que la adquisición por parte de Santander del fallido Banco Popular en 2017 fue un importante movimiento de consolidación en la banca comercial. 

Las desinversiones estatales en los bancos han vuelto a salir a la palestra debido a la venta del 25% de la participación del Gobierno italiano en Monte dei Paschi di Siena. El Ministerio de Economía italiano vendió el pasado 21 de noviembre por 920 millones de euros en los mercados una parte (25%) del 64% que posee de la entidad. El Ejecutivo está obligado a retirarse del capital de la entidad y optó por venderlo al mercado al no encontrar un comprador de la entidad, que es lo que pactó en 2017 que haría en 2021.

Tal y como concluyen en el informe, los gobiernos europeos continúan reduciendo lentamente su propiedad "temporal" de los bancos que rescataron en los últimos 10 a 15 años. De hecho, insisten en que hay potencial para nuevas desinversiones dadas las perspectivas más sólidas de ganancias del sector después de los aumentos de las tasas de política, pero la baja valoración en bolsa echa para atrás a los gobiernos. 

S&P explica que a pesar del pesimismo económico, los bancos rescatados se encuentran ahora en una situación mucho mejor, con balances saneados, lo que favorece que los gobiernos puedan deshacerse de más participaciones en los bancos europeos rescatados. Pero “sin un catalizador fuerte que acelere las ventas, y con inhibidores aún significativos, es probable que muchos de estos activos permanezcan en los balances gubernamentales por un buen tiempo más”, aseguran. Y matizan que las desinversiones bancarias no suelen afectar a las calificaciones. 

La agencia explica en el informe que los largos períodos de tenencia y los resultados económicos inciertos asociados con los rescates bancarios son razones clave por las que las autoridades europeas ahora apuntan a la resolución como la respuesta adecuada a la quiebra de bancos sistémicamente relevantes. Es decir, prefieren no entrar en el accionariado porque saben que la salida es difícil: “La capacidad de muchos gobiernos europeos para vender sus participaciones en estos bancos rescatados ha tardado mucho más de lo que jamás hubieran esperado”.