Todos los meses, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, publica los datos de la nómina de las pensiones. Este noviembre el Estado pagó casi 24.000 millones de euros en pensiones, por la paga extra. Los recibieron más de nueve millones de personas, de los que seis millones son jubilados. La pensión media asciende a 1.198 euros al mes. Y esto solo por citar algunos de ellos. Son cifras complicadas de digerir sin su contexto, que consigue dibujar una foto mucho más completa y representativa del reto que tiene por delante el sistema de pensiones español.
Si en 2013 eran 5,5 millones las pensiones de jubilación que el Gobierno tuvo que pagar, este noviembre han sido 6,4 millones, un 16% más. El número de prestaciones vitalicias que el Estado debe sostener ha aumentado en casi un millón en los últimos diez años, una cifra que se ha visto ralentizada por la pandemia del coronavirus, que provocó la muerte de miles de mayores. Precisamente este septiembre el número de pensiones de jubilación ha empezado a crecer por encima del 2% interanual, algo que no sucedía desde la crisis de 2008, cuando muchos adelantaron su salida del mercado laboral por miedo a la deriva económica. La presión del baby boom se nota en las pensiones.
Si además se tienen en cuenta el resto de pensiones que abona mes a mes el Gobierno, como las de viudedad, orfandad e incapacidad, en total ya superan los diez millones, mientras que en 2022 no llegaban a los nueve millones. Además, cabe recordar que a lo largo de los próximos años el sistema verá tensionadas sus cuentas no solo por aumento coste de las pensiones al ligarlas con el IPC, ni solo por el ya referido envejecimiento de la población ligado a la jubilación de la generación del baby boom, sino también por que las pensiones de los nuevos jubilados son considerablemente más altas que sus antecesores, a consecuencia de que han registrado mejores carreras de cotización que sus padres.
Según los datos de Seguridad Social, a día de hoy la pensión media de jubilación es de casi 1.400 euros, un 9% más que hace un año. En cambio, en el caso de las nuevas altas la pensión media es cien euros superior, de 1.512 euros, un 2% más que hace un año.
Al mismo tiempo, el número de nacimientos va cayendo: si en todo 2013 nacieron 425.715 niños en España, el año pasado -último dato anual disponible- lo hicieron casi 100.000 menos, en concreto 329.251, según el INE. Y un dato más: el mismo Instituto prevé que la esperanza de vida de las personas crezca hasta los 86 años en el caso de los hombres y hasta los 90 en las mujeres de aquí a 2070, frente a los 81 y 86 actuales. En conjunto, todo un reto para quienes tratan de cuadrar las cuentas públicas.
La clave, las jubilaciones demoradas
¿Cómo se consigue hacer frente a este aumento del gasto en pensiones sin retrasar la edad legal de jubilación, tal y como se prevé a día de hoy? La idea del Ministerio de Seguridad Social es confiar en que será suficiente con los incentivos a retrasar la jubilación que ha introducido con la reforma -y los desincentivos a anticiparla-, y también con los recargos a las cotizaciones sociales que entrarán en vigor progresivamente a lo largo de los próximos años.
Si las medidas del Gobierno consiguen que los suficientes españoles continúen cotizando unos años después de haber llegado a la edad legal de jubilación; si no tantos se retiran antes de cumplir los 65, y si el empleo continúa a buen ritmo, las previsiones de Seguridad Social son llegar a 2050 -el año en el que en principio terminará la jubilación del baby boom- sin haber aumentado el gasto sobre PIB frente al nivel actual.
La importancia del gasto sobre PIB
A menudo la prensa alerta de que el gasto en pensiones está alcanzando cifras récord. Teniendo en cuenta las cifras ya expuestas, es lo lógico: se está retirando la generación más numerosa de la historia de este país, que además ha cotizado más que sus padres y por tanto tiene derecho a una mejor pensión, y ahora estas prestaciones deben incrementarse cada año tanto como lo hagan los precios. El gasto no puedes sino aumentar mes a mes.
Pero lo que sobre todo hay que tener en cuenta es si ese gasto crece o no respecto al nivel de producto interior bruto (PIB) español. Por el momento, el gasto se mantiene alrededor del 11% de la economía española. Según los cálculos del Ministerio de Seguridad Social, sin la última parte de la reforma -y con la revalorización de las pensiones con el IPC- el gasto se habría disparado del actual 11% del PIB hasta el 14,7% del PIB en 2040. Con los cambios introducidos y anteriormente expuestos, los incentivos y también el recargo a las cotizaciones sociales deberían conseguir que no llegue al 14% de PIB en 2050.
Sin embargo, la desconfianza ante la viabilidad de estos cálculos es amplia. La propia Comisión Europea se acaba de sumar a la AIReF y al Banco de España al considerar las proyecciones macroeconómicas de Seguridad Social, sobre las que se asienta la reforma, como demasiado optimistas. Por el momento, el compromiso es que la AIReF evaluará cada tres años y desde marzo de 2025 el equilibrio de las cuentas, y existe la llamada cláusula de salvaguarda que se activará en caso de que el gasto supere el límite previsto.
Diferentes instituciones han alertado del impacto que podría tener en el empleo su activación, pero el Gobierno asegura que no será necesario usarla. Otro elemento clave y a introducir en la coctelera de las cuentas de pensiones es la llegada de inmigrantes al país. Si las cuentas salen o no es algo que solo revelará el paso de los años.
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