Durante la madrugada de este jueves, la Unión Europea culminaron las negociaciones para modificar el sistema eléctrico que se han extendido durante los últimos meses y que lo ha encabezado la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera. Lo que se pretende con esta nueva normativa es proteger a los consumidores para que no sufran la volatilidad que han soportado en los últimos tiempos debido a la guerra en Ucrania o el encarecimiento del petróleo.

Principalmente, lo que recoge el texto que va a publicarse en las próximas semanas va a reforzar la protección del consumidor. La idea es que los usuarios no tengan que estar pendientes de encender el horno o la lavadora a una hora determinada hora del día porque es más barato. También se quiere erradicar que no haya fluctuaciones diarias tan salvajes como las que nos ha a acostumbrado el mercado en el que no es raro ver que un sábado la luz sea gratis a tener que pagar 200 euros por Mwh 48 horas después.

Así, el los Estados deberían entonces adoptar medidas para rebajar los precios para los clientes vulnerables y desfavorecidos, con disposiciones para evitar "distorsiones indebidas del mercado interior", según la propia Comisión Europea.

¿Y cómo se va a conseguir? Principalmente, con los llamados Cfd, un tipo de contrato a largo plazo que se considera poco desarrollado en todo el bloque. A diferencia de un acuerdo comercial, un contrato por diferencias se firma entre un productor de electricidad y una autoridad estatal por un periodo de hasta 15 años. Los firmantes negocian una horquilla -o corredor- dentro de la cual los precios de la electricidad pueden fluctuar libremente.

¿Pero qué pasará si los precios del mercado caen por debajo de la franja establecida? Será el Estado el que tenga que compensar a la empresa para que no incurra en pérdidas. De esta manera, los países protegerán al consumidor y no serán los usuarios los que paguen los platos rotos de las montañas rusas del mercado eléctrico. Los CfD bidireccionales serán obligatorios para los nuevos proyectos de electricidad renovable y centrales nucleares, pero sólo si hay subvenciones de por medio.

Los contratos bidireccionales por diferencia se aplicarían a las inversiones en nuevas instalaciones de generación de energía basadas en energía eólica, energía solar, energía geotérmica, energía hidroeléctrica sin embalses y energía nuclear.

Los clientes también estarán beneficiados en tanto que los los ingresos extraordinarios de esos contratos se redistribuirán entre los usuarios finales. El acuerdo, a su vez, permitirá que se dicha recaudación pueda utilizarse para financiar los costes de los planes de apoyo directo a los precios o inversiones para reducir los costos de la electricidad para los clientes finales.

Conviene recordar además que España también diseñó un nuevo plan para que la factura de la luz dentro de nuestro país tuviera menos volatilidad. La nueva metodología busca incentivar que se consuma a las horas más baratas -aquellas con menor demanda- ofreciendo mejores precios tanto para consumo como para potencia contratada esas horas.

Con la factura actual, se pretende promover el ahorro, la eficiencia energética y llegar a los niveles de reducción de emisión de gases marcados en la Agenda 2030. Con el nuevo contador, se favorece también a que los usuarios no tengan que mirar constantemente el reloj para poner los electrodomésticos puesto que se computa el coste en una cesta con el coste del Mwh diseminado haciendo un cálculo con los precios de los mercados a largo y medio plazo.

Energía nuclear

Para poder reducir el precio de la electricidad, la Comisión Europea entiende que ha de potenciar las energías renovables y abandonar las fósiles y otras dañinas para el medio ambiente. La nuclear, que no contamina pero que está considerada peligrosa en caso de fallos en los sistemas, ha sido una de los principales escollos que han tenido que salvar los diferentes países. Francia, defensora de esta tecnología, ha defendido a capa y espada su valía frente a otras potencias como Alemania o España.

El acuerdo final mantiene, por tanto, la posición de fuerza de Francia y las centrales nucleares podrán beneficiarse de los nuevos tipos de contratos mayoristas que quiere potenciar la nueva normativa. No obstante, España no quiere contar con las centrales y tiene previsto su cierre para los siguientes años.