El Gobierno ha exigido a la Mesa del Senado que paralice la tramitación de una ley que busca eliminar el impuesto de Sucesiones a nivel nacional. Moncloa alega que se trata de una vulneración "flagrante" de la Constitución y ha amenazado con presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional si no se paraliza la norma.

Tras el Consejo de Ministros, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha recordado que según el artículo 134 de la Carta Magna, es necesaria la conformidad del Ejecutivo para que las Cortes Generales tramiten cualquier norma que suponga "una disminución de los ingresos presupuestarios".

"La Constitución, tan alegada y tan poco leída por parte de la oposición, establece que es necesaria la conformidad del Gobierno para que las Cortes Generales tramiten cualquier norma, cualquier proposición de ley que suponga una disminución de los ingresos presupuestarios. Evidentemente esa previsión de la Constitución la está vulnerando la Mesa del Senado", ha indicado el ministro.

Bolaños se ha referido así a la proposición de ley que el Senado, con mayoría del PP, empezó a tramitar en octubre para suprimir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, compensando económicamente a su vez a las comunidades autónomas por la supresión de este gravamen, ya que son ellas las que lo recaudan.

Impacto de 2.800 millones de euros

Según el titular de Presidencia, dicha medida tendría "un impacto evidente" de en torno a 2.800 millones de euros en las arcas públicas, superior por ejemplo a la partida de becas del pasado año, que fue de 2.520 millones de euros.

De este modo, el Ejecutivo ha requerido a la Mesa de la Cámara Alta que paralice la proposición de ley, después de que el presidente del Senado, Pedro Rollán, hiciera "caso omiso" al informe jurídico que le remitió el Gobierno.

Bolaños ha advertido de que si por contra, la Mesa no admitiera la capacidad del Gobierno de "vetar proposiciones de ley que puedan tener impacto presupuestario", presentarán "por supuesto" un recurso ante el Tribunal Constitucional para que se paralice la tramitación parlamentaria.