El acuerdo de los Veintisiete para unas nuevas reglas fiscales más sencillas de entender, más fáciles de cumplir y personalizadas por país ha visto, por fin, la luz este miércoles. La Presidencia española del Consejo ha trasladado que su propuesta de texto legal ha conseguido el consenso de todos los ministros reunidos en el Ecofin. A tan solo unos días de que Nadia Calviño deba dejar el cargo para comenzar su mandato como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el pacto está listo, y tan solo queda que lo ratifiquen en los trílogos el Parlamento y la Comisión, cosa que a estas alturas parece pan comido.

Las reglas fiscales de la UE llevaban cuatro años congeladas por la pandemia y la guerra de Ucrania, pero anteriormente ya habían mostrado sus defectos. Eran complicadas, imposibles de cumplir para parte de los países y, cuando así sucedía, las sanciones eran demasiado elevadas como para que Bruselas pudiese aplicarlas sin sonrojarse a un país con graves problemas de deuda y déficit. Es, sobre todo, lo que ahora pretender arreglar estas nuevas normas, que vuelven a limitar la deuda y el déficit de los Estados miembro, pero lo hacen de otra manera.

“El acuerdo sobre las reglas fiscales es una noticia importante y positiva; dará certidumbre a los mercados financieros y reforzará la confianza en las economías europeas. La Presidencia española ha liderado un proceso de negociación que ha culminado hoy en el acuerdo de los ministros de finanzas de los 27 Estados miembros, cumpliendo así con el mandato del Consejo Europeo”, ha afirmado la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa, Nadia Calviño.

Las claves de las nuevas reglas son varias: se inspiran en los Planes de Recuperación, son más estrictas o menos dependiendo de los niveles de deuda y déficit del país, y hay cierta capacidad para la negociación. Los países que tengan una deuda superior al 90%, como es el caso de España a día de hoy, tienen que reducirla a razón de un punto porcentual al año. Si se está entre el 60 y el 90% de deuda, se debe reducir un 0,5% anual. En caso de que sea inferior, el objetivo será que la deuda se reduzca hasta un 1% anual. Por tanto, queda atrás la regla de reducir la deuda un veinteavo, presente en las normas anteriores.

En el déficit, lo mismo: si está por encima del 3%, es decir, si se está bajo el Procedimiento de Déficit Excesivo -como también es el caso de España actualmente-, debe reducirse a razón de un 0,5% del PIB anual, como pedían los países más exigentes. Pero los demás también tendrán deberes, porque los Veintisiete creen que dejar el 3% como único objetivo es peligroso, sobre todo si llegan momentos de crisis. Así, aquellos con menos de un 3% de déficit -primario- deberán reducirlo a razón del 0,4% del PIB al año, cifra que podrá reducirse a un 0,25% en caso de negociar una extensión de 4 a 7 años. Además, aquí la Comisión tendrá en cuenta los intereses de la deuda, para que ningún país sacrifique sus inversiones solo por ese gasto.

Aunque lo más importante será una cifra única y muy concreta: la que marcará el esfuerzo que tienen que hacer los países para llegar a los niveles requeridos, y que se medirá con la senda de gasto, por supuesto teniendo en cuenta también déficit y deuda para calcularla. "La senda de gasto es lo único que miraremos", han recalcado en diferentes ocasiones fuentes de la Presidencia.

Se incorpora también un régimen transitorio hasta 2027, que tendrá en cuenta el aumento de los pagos de intereses, aunque por el momento la Presidencia no ha concretado cómo se materializará. En principio, en este periodo las reglas del 3% de déficit y el 60% de la deuda estarán ahí, pero de telón de fondo. Aquí existían importantes diferencias entre unos ministros y otros sobre cómo deberían aplicarse las reglas a lo largo de ese periodo.

Planes fiscales de cuatro años

Pero lo principal es que los países tendrán que presentar planes fiscales de cuatro años, y que estos podrán ampliarse a siete si se comprometen una serie de inversiones y reformas, como sucede ya con los Planes de recuperación. Esto se traducirá en un mejor cumplimiento, ya que las condiciones estarán alineadas con las prioridades de los gobiernos y sus necesidades específicas", ha asegurado la Presidencia en su nota. ¿Traducción? Que si un país con déficit y deuda demasiado altos propone una serie de reformas e inversiones, y la Comisión los aprueba, podrá llevar a cabo los ajustes que sean necesarios a lo largo de siete años, y no de uno ni de cuatro.

Con todo, hay que recordar que las reglas fiscales podrían no quedarse exactamente así: después del acuerdo de los ministros de finanzas vendrán los trílogos, la negociación en la que participan el Consejo de la UE, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. En este marco se producirán una serie de debates y de trabajos técnicos que terminarán con el texto jurídico final, que no se espera que apenas difiera del acordado a día de hoy. Lo esencial en este punto es que estas reglas fiscales no entrarán en vigor inmediatamente, sino que lo harán a lo largo de 2024, "con efectos a partir de la planificación presupuestaria de 2025".