El Gobierno tenía la intención de irrumpir en Telefónica desde el momento en que STC comunicó que iba a comprar hasta el 9,9% de las acciones de la operadora española. Los contactos entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la cúpula directiva de la teleco han sido habituales y Moncloa conocía de primera mano los planes de José María Álvarez-Pallete y su equipo a corto plazo.

La empresa anunció un nuevo plan estratégico y apenas días después comunicó que iba a acometer un ERE. Dicho expediente de regulación de empleo se sigue negociando y, como muy tarde, debe estar cerrado antes del 4 de enero. Por tanto, las condiciones se sabrán antes de que la Sepi adquiera el 10% que pretenda comprar. Según fuentes conocedoras de la operación llevada a cabo por la sociedad dependiente del Estado, El Ejecutivo de Pedro Sánchez diseñó un plan para irrumpir en Telefónica cuando se alcanzara un acuerdo entre sindicatos y compañía.

La principal razón por la que Moncloa ha esperado para irrumpir en la operadora no es otra que la de salvaguardar su imagen. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha velado por los intereses de los empleados y los discursos de los diferentes ministerios económicos han estado alineados con la creación de puestos de trabajo y mejoras en las remuneraciones. El hecho de haber entrado antes de que se comunicara el ERE hubiera ido contra el decálogo del Gobierno, matizan las fuentes.

Fue el pasado 29 de octubre cuando la empresa estatal hizo su primer comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La Sepi dijo que estaba monitorizando el comportamiento de Telefónica y de sus acciones para plantear una posible compra. La sociedad “está llevando a cabo un análisis exploratorio interno relativo a una eventual adquisición de una participación accionarial en dicha compañía”, dijo por aquel entonces en el escrito.

Varias semanas después, Telefónica explicó a los sindicatos que tenía la intención de acometer un ERE para diferentes filiales en nuestro país. El tijeretazo a la plantilla, en un primer momento, iba a suponer que el 20% de los empleados en dichas sociedades se tuvieran que marchar. Algo que hubiera supuesto un dilema para el Gobierno. De hecho, Yolanda Díaz ha sido beligerante con las propuestas de la compañía.

Sumar apoyó a los sindicatos y aseguró que “toda su capacidad política” para conseguir “el mejor de los acuerdos”. Pero el apoyo a los empleados de Yolanda Díaz fue mucho más allá y desde la formación política lamentaron que empresas que reciben ayudas públicas opten por vías de destrucción de empleo.

El ala socialista, no obstante, no se pronunció al respecto. Ni Nadia Calviño ni Pedro Sánchez no quisieron mojarse del ERE que anunció Telefónica y que está cerca de concretarse. En este sentido, UGT ve con buenos ojos la llegada de la Sepi al accionariado de la operadora. Según la unión de trabajadores, “este fortalecimiento no sólo garantiza la españolidad de Telefónica, sino que debe eliminar las incertidumbres existentes sobre la posible venta de activos de valor de Telefónica hacia terceros actores”.

Avances en el ERE

Mientras Moncloa intenta perfilar la estrategia para acometer la operación, Telefónica y sindicatos perfilan el acuerdo final por el ERE. En la tarde del miércoles, se conoció la nueva propuesta de la operadora.

Telefónica ha bajado la cifra de despedidos hasta los 3.559 empleados. Además de la reducción de la afectación del despido colectivo, la compañía también ha trasladado a los sindicatos una mejora en las condiciones económicas para los trabajadores que salgan de la compañía.

La operadora también ofreció a los empleados nacidos en 1968 una renta del 65% del salario regulador hasta los 63 años y de un 34% hasta los 65, mientras que para los nacidos en 1967, 1966 o 1965 un 60% del salario regulador hasta los 63 años y un 32% hasta los 65, a lo que se suma una prima de voluntariedad de 3.000 euros. Para aquellos que nacieron en 1964 o años anteriores, la empresa pagaría una renta del 50% del salario regulador hasta los 63 años y de un 32% hasta los 65, a lo que también ha añadido una prima de voluntariedad de 3.000 euros.