No es lo habitual, de hecho es lo menos habitual, pero por una vez sindicatos y organizaciones de empresarios están de acuerdo: la subida del salario mínimo debería llevar aparejada la revisión de los contratos públicos. Y si en otras ocasiones esta petición se hacía, sí, pero solo con el objetivo de que constase en acta aunque después se la llevase el aire, ahora podría suponer un piedra en el zapato para el Gobierno. Tanto, que marcará la diferencia entre un nuevo SMI con acuerdo tripartito y otro sin él.

Las cartas ya están puestas sobre la mesa y ahora es el Gobierno quien debe decidir qué hace con ellas. La organización de empresarios CEOE está presionando para que de una vez el Ejecutivo cambie dos leyes aprobadas por Mariano Rajoy, porque asegura que miles de negocios trabajarán a pérdidas para la Administración si vuelven a incrementarse por ley los salarios más bajos mientras sin variar el precio estipulado en el contrato, tal y como está previsto que suceda en enero. De su lado, los sindicatos opinan que la petición "tiene todo el sentido", aunque no condicionan su sí a un cambio en la posición del Gobierno, como prácticamente hacen las patronales.

No tendría sentido que la subida del SMI fuera a costa de las administraciones públicas"

maría jesús montero, ministra de hacienda

"No tendría sentido que la subida del SMI fuera a costa de las administraciones públicas", fue tajante la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien tiene las competencias en este asunto. Según la política, un cambio en este sentido "sería a costa de la recaudación de los españoles", lo que es motivo suficiente para descartar del todo la idea. Da igual de lo que pida la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que prometió a los agentes sociales presionar todo lo posible para lograr actualizar los contratos públicos con la subida del salario mínimo, lo que le parece lo justo.

El problema viene de dos leyes aprobadas por el Gobierno de Rajoy en plena crisis financiera: la Ley de Desindexación de la Economía y la Ley de Contratos Públicos, que impiden trasladar los incrementos salariales aprobados por ley a los contratos de licitaciones públicas. Es un melón que ya ha tratado de abrirse en otras ocasiones en las que Yolanda Díaz ha abierto la negociación para la subida del SMI, y en concreto ya se discutió el pasado enero, cuando la inflación media del 2022 había quedado en el 8,5%, la más alta desde los años 80.

El respeto al Acuerdo por la Negociación Colectiva

Las exigencias de los agentes sociales, en este caso, no son solo rutinarias. El V acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que firmaron UGT, CC OO, CEOE y Cepyme en mayo incluía un punto en el que juntos pedían modificar la citada normativa para al menos permitir la revisión de los precios de los contratos públicos. Y ahora, ocho menos después, no pueden sino defender lo acordado y firmado.

"Las Confederaciones firmantes instamos al Gobierno a modificar la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación derivados de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para eliminar la imposibilidad de realizar una revisión de precios o al menos permitir la revisión de los mismos ante el acaecimiento de cambios normativos, acuerdos de negociación colectiva o circunstancias que no pudiesen preverse en el momento de la licitación que impliquen incrementos de costes laborales", recoge el acuerdo entre las partes.

Tenemos un problema serio para en la negociación colectiva de los trabajadores"

Podría parecer que es un asunto que no importa demasiado a las organizaciones sindicales, pero no es así. "Es un problema sobre todo para las subcontratas que son intensivas en mano de obra, como las del sector de la limpieza, la dependencia y la ayuda a domicilio. Si el pliego de la contratación, por ejemplo del 2024 al 2028, lo sacan en 2023, cuando no se conoce el SMI de los siguientes años no se permite luego su revisión. Lo que pasa es que subir el SMI es un derecho, pero las empresas en ocasiones no pueden hacerlo y en otras tienen la excusa perfecta... así que si tienen convenios, se descuelgan y lo inaplican, y si no a veces impagan y toca demandarlo", explica Raúl Olmos, adjunto a la secretaría de Acción Sindical y Empleo de Comisiones Obreras.

¿Qué coste tendría?

Según CEOE, el Gobierno tiene margen para actualizar los contratos públicos al menos en base a la nueva subida del SMI, que rondará el 3%. La tabla que maneja la organización, y que publicó La Vanguardia, recoge un aumento del coste de la mano de obra del entorno a 350 millones de euros. Y el coste no lo asumiría en su totalidad el Ejecutivo, puesto que 302 millones los soportarían las comunidades autónomas y los ayuntamientos y el resto, 57 millones, la administración central.

Los sindicatos ven muy complicado establecer un coste concreto de la medida, y además se escudan en que no creen que la Administración sea quien deba asumir el coste de cualquier incremento del coste salarial, porque puede dar lugar a una espiral perversa. En su lugar, entienden que lo ideal sería que exigir que en el precio de la licitación se contemplen los incrementos salariales futuros, y que la Administración esté obligada a eliminar las ofertas que no establezcan esta previsión o no puedan cubrir estos costes. Constantemente, multitud de instituciones y casas de análisis emiten previsiones de inflación para los próximos años, algo que podría utilizarse como referencia.

Otros indicadores que se podrían tener en cuenta serían el avance del empleo, la subida de las cotizaciones y el IPC más cierto porcentaje en caso de que este se desvíe por encima de lo previsto. "Lo que no es de recibo es que se prohíba hacer una revisión, porque al final los paganos son los trabajadores", lamenta el sindicalista de CCOO.