País Vasco y Navarra saldrán reforzados económicamente de la prolongación del real decreto anticrisis aprobado hace algo más de un año. Pedro Sánchez ha decidido regalar la gestión y la recaudación de uno de los impuestos que más polémica levantó en el sector empresarial cuando fue aprobada la medida.

El Ejecutivo decidió imponer un gravamen especial a la banca y a las empresas energéticas ya que, según su propia versión, se aprovechaban de los altos tipos de interés y de la escalada en el precio de la luz, gas y carburantes para aumentar sus márgenes y que sus beneficios fueran mayores.

Los dos impuestos extraordinarios solo afectan a las grandes empresas: las entidades financieras con margen de intereses y comisiones superior a los 800 millones en 2019 deben abonar un 4,8% de ese margen, mientras que a las energéticas con una facturación de más de 1.000 millones en el mismo periodo se les aplica un 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocio.

Estos gravámenes, hasta ahora, eran recaudados íntegramente por Hacienda. Pero a partir del año 2024, Euskadi y Navarra serán los encargados de recaudar y gestionarlos. Así lo atestigua el Boletín Oficial del Estado (BOE). “Se prevé la revisión de la configuración de ambos gravámenes, inicialmente configurados como prestaciones patrimoniales de carácter público temporal y de naturaleza no tributaria, para su plena integración en el sistema tributario y se convertirán en tributos concertados o convenidos, según corresponda, previa modificación del concierto y convenio económico en vigor, respectivamente, en los Territorios Históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra”.

El PNV ya lo avanzó en el día de ayer. “Los gravámenes a la banca y a las energéticas se integrarán en el sistema tributario y serán concertados o convenidos, según corresponda, previa modificación del Concierto y Convenio en vigor, respectivamente, en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral de Navarra”.

De acuerdo a los datos aportados por el Ministerio de Hacienda, el Estado ha ingresado 2.908 millones de euros de los gravámenes extraordinarios a banca y energéticas. En total, las entidades han abonado unos 1.263 millones en el año por el nuevo gravamen, mientras que empresas como Endesa, Repsol, Naturgy o Iberdrola han pagado cerca de 1.644 millones hasta noviembre.

Ahora, el Ejecutivo deberá modificar legalmente la nomenclatura para que las comunidades autónomas puedan gestionar y recaudar el impuesto. Para ello, deberá estar integrado en el sistema tributario y dejar de tener carácter temporal, tal y como explica el Boletín Oficial del Estado.

Explicaciones

El acuerdo entre PNV y Gobierno ha arrojado aún más incertidumbre dentro del sector energético, que califica de “disparate” el último escrito del Ejecutivo a través del BOE. “Pedimos certidumbre y claridad durante meses para que este nuevo real decreto que se va a aprobar arroje aún más confusión”, se lamenta un portavoz de una de las compañías más importantes de España.

De momento, el cómo y el cuánto es una incógnita. Fuentes del sector energético confirman a este periódico que los departamentos de fiscalidad han intentado contactar con el equipo de María Jesús Montero en las últimas horas, pero no han aclarado los puntos claves para abonar a partir de 2024 al fisco vasco y navarro los tributos.

El sector energético entiende que el nuevo documento “ha sido una patada adelante” para “contentar a los socios políticos”, pero no resuelven los aspectos técnicos que deberían tener las compañías para comenzar a diseñar el nuevo año fiscal.

Conviene recordar que el PNV ya presentó una enmienda cuando se tramitaron los gravámenes a banca y energéticas para incentivar las inversiones en proyectos industriales que contribuyan a la transición energética y la descarbonización y que pudieran ser recaudadas por las haciendas autonómicas forales.