Las empresas pagarán 20 euros más por trabajador en 2024 para sostener las pensiones

Agarre usted una calculadora y una nómina. Si trabaja para el sector privado, comprobará que en el apartado de cotización por contingencias comunes aparece la cifra 4,8, que indica el porcentaje de su salario bruto que usted abona a la Seguridad Social cada mes. Más abajo, en la aportación empresarial por el mismo concepto, consta un 24,1, lo que su empleador paga al mismo organismo público. Si se fija, verá que este enero ambas cifras crecen ligeramente: es fruto de la reforma de las pensiones, en la que se decidió financiar parte de la jubilación del baby boom con un aumento de las cuotas sociales.

Este aumento de las cuotas se bautizó mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) y consistió en una subida de las cotizaciones sociales de 0,7 puntos porcentuales el año pasado. A partir de entonces, las cotizaciones siguen subiendo a razón de una décima cada año, hasta alcanzar un incremento de 1,2 puntos en 2029. Y es por eso que en las nóminas de enero las dos cifras ya mencionadas subirán al 4,82% y al 24,18%, respectivamente (29% en total).

Así consta en el Boletín Oficial del Estado de este jueves, que hace oficial la subida de las cotizaciones de este enero hasta el 0,7%, con el objetivo de pagar las pensiones de la generación del baby boom. "Cuando ese tipo de cotización deba ser objeto de distribución entre empresa y trabajador, el 0,58 por ciento será a cargo de la empresa y el 0,12 por ciento a cargo del trabajador", se recoge en el real decreto-ley que también incluye toda la prórroga de las medidas de ayuda, como la bonificación al transporte público o la supresión del IVA de los alimentos.

Eso que supone que cada trabajador aportará de media unos cinco euros más a la Seguridad Social cada año, y que cada empresa abonará unos 20 euros más por empleado, también en cómputo anual. En comparación con las cotizaciones que se abonaban antes de que se aprobase el MEI -es decir, antes de la reforma de las pensiones-, este 2024 ese mismo empleado aportará 31 euros al año extra de cotización, mientras que su empresa aportará 150 euros al año por él. En ambos casos esas subidas repercutirán en una mejor pensión para el citado individuo, aunque a día de hoy sea un dinero que financie las jubilaciones en curso.

Como es evidente, la decisión constituye un encarecimiento del coste laboral que según el Ministerio de Seguridad Social -al frente de la reforma del sistema que se aprobó en 2022- no se notará apenas en el mercado de trabajo, pero que según instituciones de prestigio como el Banco de España y Fedea sí tendrá efectos considerables en el empleo. Y en este caso es complicado abrir la ventana y descubrir si verdaderamente lloverá o no lloverá: tendremos que esperar a verlo por nosotros mismos.

El Banco de España prevé que impacte en el empleo

Desde que la reforma se aprobó, instituciones como BBVA Research y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) se lanzaron a prever una importante pérdida de puestos de trabajo a largo plazo por el aumento de los costes laborales. En concreto, BBVA hablaba de 240.000 empleos perdidos -sin especificar años- y Fedea de 117.000 en un año tras el despliegue completo de la norma y de casi 240.000 puestos de trabajo en el periodo de tres años.

En cambio, los cálculos del Banco de España arrojan resultados muy por debajo de estas otras casas de estudios. El supervisor fue quien más se esforzó en remarcar que su aproximación es teórica, preliminar y rodeada de todo tipo de interrogantes, puesto que nunca se ha realizado un cambio así sobre las cotizaciones en el mercado de trabajo y el impacto que tendrá es incierto. Por eso insistía en que la cuantificación del efecto que el incremento en los costes laborales que se deriva de estos cambios normativos aprobados recientemente podría tener sobre el empleo, los salarios o la competitividad de la economía española "es compleja y extraordinariamente incierta".

Sin embargo, sí que llevaba a cabo una estimaba que dicho incremento de las cotizaciones traería consigo la destrucción de al menos 140.000 empleos en cuatro años. Además, entendía que el cambio legislativo también será insuficiente para equilibrar el sistema y terminar con su déficit, además de provocar estos efectos desincentivadores -aunque limitados- sobre la creación de empleo, al aumentar los costes laborales.