Tendría que haberse cerrado el año pasado, pero finalmente fue este 2023 cuando José Luis Escrivá finalizó la reforma estructural del sistema de las pensiones. La parte ‘fácil’ -la que ligaba las prestaciones a la inflación, mejoraba los incentivos a quienes retrasen su salida del mercado laboral y empeoraba la pensión a quienes lo hagan antes de llegar a la edad legal-, estaba lista desde 2021, pero quedaba pendiente encajar las piezas más importantes del puzzle.

La que ha sido la última medida del ministro antes de traspasar la cartera a la hasta este noviembre consejera de Economía y Hacienda de Navarra, Elma Saiz, trata de reforzar los ingresos del sistema de cara a los que serán los años más complicados para las cuentas del país, puesto que se jubilará la generación más numerosa que nunca ha existido, la del baby boom. Es un desafío que el país experimentará de aquí a 2050, tan complicado de afrontar que la norma incluye una evaluación de la reforma cada cinco años. 

Ese detalle, que tiene el objetivo de revisar la efectividad de lo aprobado, se entiende que garantizará el visto bueno de Bruselas. Pero ni siquiera eso ha conseguido que la ley caiga bien entre los expertos en pensiones. La comunidad se ha mostrado en contra de la propuesta, al creer que las medidas que recoge tienen una alta probabilidad de causar efectos negativos en el mercado laboral. El propio Gobierno ha sido el que ha insistido en que esta reforma se diferencia de la de Mariano Rajoy en que se centra en el lado de los ingresos, y ese precisamente es el miedo de los economistas, que consideran que los cambios serán perjudiciales e insuficientes para el reto que se plantea.

Los expertos de Escrivá han situado en el centro de la reforma las cotizaciones sociales. En primer lugar, aumentan las cotizaciones que todos los trabajadores y empresas deben abonar mensualmente a la Seguridad Social desde este año a 2050, lo que supone un mayor gasto inicial, pero a la larga repercutirá en una mejor pensión. En segundo, quienes más ganan deben aportar más al sistema: suben las bases máximas de cotización, es decir, el máximo que un trabajador puede cotizar, y se establece una cuota de solidaridad para las rentas que superan el máximo de cotización.

Por otro lado, se incluyen medidas que aumentan algo más el gasto. Entre ellas está el incremento de las pensiones mínimas con la promesa de que alcancen en 2027 el 60% de la renta mediana de un hogar con dos adultos, y el de las pensiones no contributivas, que suben hasta llegar al 75% del umbral de la pobreza -calculado sobre un hogar unipersonal-. Se mejora la compensación que hay establecida para esos periodos en los que los trabajadores aportan menos a la Seguridad Social -las llamadas lagunas de cotización-, así como el complemento de brecha de género.

Por último, la reforma ha terminado introduciendo el que durante meses fue el gran escollo de la negociación: la ampliación del periodo de cálculo de la pensión. Entre 2026 y 2038, el futuro jubilado podrá elegir entre un periodo de cálculo de 29 años, descartando los dos de peor cotización, o el actual de 25 años, pero a partir de entonces evolucionará de forma progresiva y a partir de 2044 la pensión se calculará obligatoriamente sobre los 27 mejores años de los últimos 29. 

El Banco de España y la AIReF han sido claros: consideran las medidas insuficientes para compensar el enorme aumento del gasto que supondrá haber ligado las pensiones a la inflación. Escrivá, en cambio, confía en sus propias previsiones. No queda duda de que este será uno de los temas a seguir de cerca durante los próximos años.