La negativa de Junts a votar 'sí' al macrodecreto del Gobierno tensa las cuerdas de la legislatura de nuevo. Con la negativa de los catalanes, el Ejecutivo necesitaría que cambiase de opinión Vox, Junts o la abstención del PP, y las tres cosas parecen complicadas de conseguir, a cada cual más. El partido de Carles Puigdemont quiere que Pedro Sánchez retire los tres decretos y que les permita negociar por separado las iniciativas, para así poder controlar que ningún juez recurra a la justicia europea para parar la ley de amnistía. Pero si las medidas no se convalidan mañana, decaerán, y por tanto hasta que no se presenten de nuevo no entrarán en vigor.

La salida más viable para el Gobierno a día de hoy para el Ejecutivo sería conseguir negociar con los grupos tramitar los decretos como proyecto de ley, de manera que los grupos puedan presentar enmiendas y así modificar lo que consideren necesario. El problema es qué Junts dejó claro ayer que no aceptaría nada parecido -"Que se retiren los decretos y que se negocien y acuerden con Junts en decretos individualizados por ámbitos temáticos", pidió el portavoz del partido, Josep Rius-. Si mantiene su amenaza, se pondrían en peligro las rebajas al IVA de la luz, la subida de las pensiones y los 10.000 millones de euros que España tiene previsto recibir en fondos europeos.

A continuación, todas las iniciativas que decaerían tras la votación en el Congreso y los efectos que tendrían en la economía.

El paquete anticrisis: subiría el IVA de la luz y los alimentos

El ya famoso decreto ley prorroga buena parte de las medidas de ayuda del Gobierno, entre otras la supresión del IVA de los alimentos más básicos y la rebaja de las pastas y aceites, en ambos casos hasta junio. También establecía una subida progresiva del IVA de la electricidad, que se rebajó con motivo del aumento de los precios, y que pasaría del 5% actual al 10% durante todo este año para después volver a su 21% original. Pero si el decreto decae este impuesto recuperará su tipo original tanto para la electricidad como para los alimentos, lo que provocaría un inmediato repunte de la inflación.

A ese aumento de los precios también contribuirían la caída del límite actual del precio a la bombona de butano y la anulación de las actuales ayudas al transporte público: ahora son gratis los trenes de cercanías y media distancia, y el transporte urbano e interurbano está subvencionado. Otras medidas importantes de la misma norma que afectarían a los más vulnerables serían la suspensión de los desahucios para "hogares vulnerables sin alternativa habitacional", el aumento del umbral de renta para acceder a las medidas de alivio hipotecario y las rebajas en la factura de la luz para las personas vulnerables, entre otras.

La subida de las pensiones y el salario mínimo

La norma anterior también incluía la revalorización de las pensiones de un 3,8%, en línea con la inflación del ejercicio pasado. La reforma aprobada en 2021 establecía la obligatoriedad de revisar las cuantías de estas prestaciones en base al IPC del año anterior, pero no se hace de forma automática, sino que el Gobierno debe dar luz verde a cada incremento. Lo mismo sucede con la subida del IMV y con la de las pensiones no contributivas (6,9% en ambos casos), además de con las pensiones mínimas de viudedad (+14%).

Por otro lado, el salario mínimo volvería a los 1.000 euros al mes, frente a los 1.080 euros mensuales actuales, puesto que el real decreto que fijó el SMI para 2023 establecía que solo estaría en vigor hasta el 31 de diciembre, efectos que ampliaba el paquete anticrisis del pasado 28 de diciembre. Así, volvería a su cuantía anterior hasta que el Gobierno apruebe la nueva, que en principio rondaría los 1.123 euros al mes, también en 14 pagas (una subida del 4%).

Del mismo modo, decaería el aumento de las cotizaciones sociales previstas por el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), con el objetivo de financiar parte de la jubilación del baby boom, y que según el decreto suben este enero del 0,6 al 0,7%.

El impuesto a la banca, las energéticas y las grandes fortunas

Los tres impuestos extraordinarios para financiar las medidas de apoyo a hogares, es decir, el impuesto a la banca, el impuesto a las energéticas y el de las grandes fortunas también aparecían en la misma norma. El Gobierno la utilizó asimismo para confirmar su intención de "integrar", y hacer así permanentes, los dos primeros impuestos "en el sistema tributario", y también de modificar los conciertos forales con el fin de integrar ambas figuras en el País Vasco y Navarra. 

Las medidas ligadas al cuarto pago de fondos europeos

Una semana antes del real decreto del que hablan los anteriores párrafos, el Gobierno aprobó otro, el conocido como decreto ómnibus del 19 de diciembre, por el que se aprobaron medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia "en materia de servicio público de Justicia, función pública, régimen local y mecenazgo". En se incluían medidas importantes comprometidas con Bruselas para la recepción del cuarto pago de fondos europeos, por favor de 10.000 millones que el Gobierno no tendrá que devolver.

Ahora bien, si el decreto decae sería necesario renegociar con Bruselas la entrega de ese dinero, con el correspondiente retraso en su llegada a la economía de nuestro país. Preguntado al respecto, el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se limitó este martes a afirmar que el compromiso adquirido lleva asociado "un desembolso importante", de la citada cantidad, "con lo cual añade otra capa de relevancia y de importancia a este acuerdo".

¿Qué incluía exactamente este otro decreto ley? Sobre todo, la reforma de la administración de justicia, que introduce criterios para crear sedes judiciales electrónicas y para que la presentación de escritos ante la justicia se haga siempre online, tal y como estaba comprometido en el Plan de Recuperación. Por otro lado, aprobaba la reforma de Función Pública, algo que ya se aprobó el año pasado pero que decayó con la convocatoria electoral, y que entre otros introducía evaluaciones por desempeño para los empleados públicos y criterios específicos para las Ofertas Públicas de Empleo.

El subsidio de desempleo, el permiso de lactancia y otras medidas de Trabajo

Por último, el mismo 19 de diciembre el Ministerio de Trabajo impulsó la aprobación de otro decreto ley que reformaba el subsidio por desempleo, como ya ampliamente ha contado este periódico, pero que también recogía cambios en el cobro del paro y en el permiso de lactancia, que con los cambios podría acumularse en jornadas completas en lugar de disfrutarse a razón de media hora al día, lo establezca así o no el convenio.

Este puede ser el punto menos vital de todos, puesto que previsiblemente estas mejoras se aprobarán antes o después, al no contar con la oposición concreta de ninguno de los socios del Gobierno salvo por Podemos. Los morados han decidido rechazar la reforma del subsidio de desempleo porque reduce la cotización de los mayores de 52 años, lo que entienden que bajará la pensión que acaben recibiendo, algo que niegan en Trabajo.