El fin justifica los medios. Es lo que debió decidir el Gobierno cuando optó por pactar con Junts un paquete de medidas con tal de conseguir sacar adelante los reales decretos leyes que este miércoles se votaron en el Congreso. El pacto incluye acuerdos de todo tipo, desde traspasar competencias migratorias a la Generalitat a, en términos excesivamente generales, intentar que regresen las empresas que han abandonado Cataluña desde 2017. ¿Que cómo se llevaría a cabo? Oiga, ¿en qué momento se le ha ocurrido preguntar tal cosa? ¿No ha entendido que la negociación está en curso?

Lo anterior es tan solo un recurso, pero un recurso que se acerca bastante a la realidad de lo que unos y otros contestaban este jueves ante las preguntas de los periodistas acerca de la vía decidida para conseguir estos cambios de sedes empresariales. Un "y a ti qué te importa, aquí no ha pasado nada" habría ahorrado tiempo y energía, pero finalmente ambos se perdieron entre circunloquios. Sin embargo, sobre la parte migratoria del acuerdo sí que se han facilitado detalles, pese a que sus firmantes aseguraban que no habían "entrado en la letra pequeña del acuerdo": Cataluña controlará las cuotas de reparto de inmigrantes entre comunidades autónomas, y el catalán entrará a formar parte de las políticas de acogida y regularización de inmigrantes.

La situación sobre el "pacto empresarial", en cambio, es muy distinta. Lo que se sabe a día de hoy es que Junts continúa molesto por la salida de compañías que dejaron Cataluña en 2017 y en adelante. A raíz del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre, y en plena crisis política entre el Estado y la Generalitat, el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) impulsó un real decreto que permitió simplificar los trámites para cambiar el domicilio fiscal, al facilitar el cambio de sede solo con la aprobación del consejo de administración, es decir, sin pasar por la junta de accionistas. La medida, para Junts, se aprobó "de mala fe" y es hora de solucionarlo.

Ahora, el partido catalán ha conseguido que el Ejecutivo le prometa revertir dicho real decreto a través de una reforma de la ley de sociedades de capital, "y que las empresas puedan volver a Cataluña". En principio, el pacto incluye la promesa de endurecer la norma para que la sede de la compañía esté donde se produce la mayor parte de la actividad económica, o donde realice su actividad principal. Desde Junts han transmitido que este punto se conseguiría a través de una reforma al artículo 9 y 10 de la mencionada ley de sociedades para forzar el regreso inmediato de las empresas. 

Ese artículo 9, en su punto primero, señala que las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle "el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación". En un segundo punto, la norma señala que las empresas cuyo principal establecimiento o explotación radique dentro del territorio español deberán tener su domicilio en España, sin distinguir por comunidades ni municipios, dado el principio de unidad nacional de mercado. Por su parte, el artículo 10 habla de la discordancia entre el domicilio registral y el real, pero sólo para decir que si existe dicha discordancia se podrá considerar el domicilio de la empresa cualquiera de los dos.

Y si bien en un primer momento los catalanes pidieron establecer sanciones a las empresas que no vuelvan en Cataluña -lo que para Junts sería "garantizar que se cumpla la ley"-, este jueves esa parte parecía haberse dejado del todo atrás y se antojaba más probable optar por el lado de los incentivos fiscales. María Jesus Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, explicó que el derecho de libre instalación de una empresa es "muy claro" a nivel comunitario, lo que significa que el Gobierno central "no puede poner ningún tipo de traba" a que las compañías "se instalen donde consideren conveniente hacerlo".

¿Significa eso que el Gobierno optará por premiar a las empresas que vuelvan a la región? Podría ser, pero por el momento se desconoce qué incentivos económicos podrían estar encima de la mesa, y además hay discrepancias entre ERC, Govern, Foment y los sindicatos. Diferentes economistas consultados por este periódico descartan del todo la opción de las penalizaciones, y han puesto sobre relieve que sin duda la idea de los incentivos es la más aceptable, pero igualmente complicada, porque favorecer que las empresas marchen a una región concreta iría contra la unidad de mercado. Y no es lo mismo fomentar la economía en una región de la España vacía que justificar el apoyo explícito a una región por motivos políticos.

Tienen que cumplir (con) que no se produzcan ingenierías fiscales"

maría jesús montero, ministra de hacienda

"Lo que sí tienen que cumplir de forma escrupulosa, y así se refuerza en este acuerdo, es con la legalidad vigente, que significa que no se produzcan ingenierías fiscales para que declarando la actividad principal en un sitio, el domicilio social esté en otro y cuestiones de este tipo", dejó caer también este jueves Montero, pero sin concretar qué tipo de ingenierías fiscales considera Hacienda que se estén llevando a cabo. Desde su gabinete insisten en que el acuerdo se firmó el miércoles, y por tanto tendrá que diseñarse con detenimiento cómo incluir lo pactado en la ley. Por otro lado, también aseguran que la coordinación del asunto correrá a cargo del Ministerio de Economía, que guardaba silencio ante las preguntas al respecto.

Casi 8.000 compañías han salido de Cataluña desde 2017

Según datos de Informa D&B, en total, desde octubre de 2017 hasta julio de 2023 un total de 7.743 compañías con sede social en Cataluña la trasladaron a otro lugar. El informe no especifica los motivos de esta ‘mudanza’. Entre las casi 8.000 empresas hay algunas con gran importancia en el país como CaixaBank, Banco Sabadell o Naturgy, que en ningún caso tienen a día de hoy más actividad en Cataluña que fuera de la región. Es decir, que una posible ley que obligase a las empresas a establecer su sede social donde esté su centro operativo podría provocar más mudanzas a Madrid que regresos a otras comunidades autónomas, como por ejemplo las de Iberdrola y BBVA, ahora con sede en Bilbao.

Del lado de las empresas, desde CaixaBank no han querido hacer ningún comentario. La última vez que la entidad habló sobre ello fue en la presentación de los resultados cuando Gonzalo Gortázar, su consejero delegado, aseguró que no tenían en mente devolver la sede social a Cataluña. Hay que recordar que en el momento del referéndum los bancos afincados en la comunidad sufrieron una fuga de más de 10.000 millones de euros en depósitos de los clientes que, tras la declaración unilateral de independencia, temieron verse fuera del amparo del Banco Central Europeo (BCE). Desde Sabadell reconocieron una salida de fondos superior a los 4.000 millones de euros en su entidad durante la primera semana de octubre de 2017 y desde CaixaBank se cifró en unos 7.000 millones los depósitos fugados. "Había que cortar de raíz esa progresión exponencial", coincidieron ambas entidades en aquel momento.