El Gobierno ha acordado con los sindicatos UGT y CCOO subir el salario mínimo interprofesional un 5%, de los 1.080 euros a los 1.134 euros al mes en 14 pagas, 54 euros al mes más. "Es lo que diferencia poder vivir con mayor holgura, beneficia a más de 2 millones de trabajadores, y permite que un tercio de las beneficiadas sean mujeres y jóvenes", ha asegurado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, al anunciar el pacto. Desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el SMI ha subido un 52%.

El Ministerio de Trabajo ha cumplido así con su amenaza del lunes: llevar a cabo un aumento del SMI mayor del inicialmente propuesto al desmarcarse CEOE y Cepyme del pacto. "La patronal no se ha mostrado flexible para buscar una cifra alternativa o para no renunciar a alguno de los elementos de los que había hecho condicionar la subida", ha remarcado el secretario de Estado. Los empresarios exigían modificar la ley de desindexación de la economía, que impide ligar contratos públicos y SMI, para sumarse al acuerdo, pero Hacienda rechazó de plano la petición.

La subida del salario mínimo no irá al consejo de ministros de la próxima semana, pero aún así desde el Gobierno han asegurado que tendrá efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero. Con esta, ya van cuatro aumentos del SMI que Trabajo firma solo con los sindicatos. La última vez que la patronal se sumó fue en enero de 2020, cuando aumentó a los 950 euros. Después, subió a 965 en septiembre de 2021, a 1.000 un año después y a a 1.080 en enero de 2023.

Una subida de 756 euros anuales

En términos anuales, el salario mínimo pasa de los 15.120 a los 15.876 euros brutos anuales, por lo que aumenta en 756 euros brutos. Pero en esta ocasión a los empresarios la subida, al menos la del 4%, no les parecía demasiado alta: fueron ellos mismos quienes propusieron un incremento en dicha medida, adelantándose y sorprendiendo así al Ministerio de Trabajo. En parte, la iniciativa tenía sentido puesto que ya habían acordado con los sindicatos ese mismo incremento salarial para el resto de convenios la pasada primavera, aunque en ambos casos se establecía un incremento fijo del 3% y un 1% variable si la inflación superaba esa cifra.

En esta ocasión, la subida del salario mínimo supera al incremento de los precios durante el año. Según los datos que ha publicado el INE este viernes, el IPC medio de 2023 fue del 3,55%, mientras que la subida del SMI será del 5%. El año pasado, con un IPC medio del 8,4%, el aumento de los salarios más bajos fue del 8%. En cambio, en 2022 sí sucedió algo parecido, puesto que la subida fue del 3,6% con una inflación del año anterior del 3,1%. Con la decisión, los trabajadores que ganan los salarios más bajos en principio ganarían algo de poder adquisitivo, aunque hay que tener en cuenta que muchos de estos hogares gastan más en los productos y servicios que más están subiendo, como los alimentos y la luz.

Para los sindicatos, en ese sentido, era de justicia subir el SMI al menos un 5% ya que las pensiones mínimas han subido este año entre un 5 y un 7% y las no contributivas un 6,9%. "El SMI se debe de fijar en los mismos parámetros. No parece coherente que haya unos parámetros inferiores para el salario mínimo que para el resto de retribuciones mínimas que se han fijado por parte del Estado", aseguraba este lunes Fernando Luján, vicesecretario general de política social de UGT y uno de los miembros de la mesa de negociación.

Siguiente paso: la indexación con los contratos públicos

Aunque los sindicatos hayan estado en el acuerdo del salario mínimo, han recordado que esta no debe ser la última parada y que el siguiente paso es abrir otra mesa para negociar la indexación de los contratos públicos y el SMI. La organización de empresarios CEOE presionó para que de una vez el Ejecutivo cambie dos leyes aprobadas por Mariano Rajoy, porque aseguraba que miles de negocios trabajarán a pérdidas para la Administración si volvían a incrementarse por ley los salarios más bajos sin variar el precio estipulado en el contrato.

El problema viene de dos leyes aprobadas por el Gobierno de Rajoy en plena crisis financiera: la Ley de Desindexación de la Economía y la Ley de Contratos Públicos, que impiden trasladar los incrementos salariales aprobados por ley a los contratos de licitaciones públicas. Es un melón que ya ha tratado de abrirse en otras ocasiones en las que Yolanda Díaz ha abierto la negociación para la subida del SMI, y en concreto ya se discutió el pasado enero, cuando la inflación media del 2022 había quedado en el 8,5%, la más alta desde los años 80, y que después se incluyó en el V acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

"Las Confederaciones firmantes instamos al Gobierno a modificar la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación derivados de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para eliminar la imposibilidad de realizar una revisión de precios o al menos permitir la revisión de los mismos ante el acaecimiento de cambios normativos, acuerdos de negociación colectiva o circunstancias que no pudiesen preverse en el momento de la licitación que impliquen incrementos de costes laborales", recoge el acuerdo entre las partes.

El problema de la indexación podría parecer que no importa demasiado a las organizaciones sindicales, pero no es así. Afecta sobre todo a las subcontratas del sector público que son intensivas en mano de obra, como las del sector de la limpieza, la dependencia y la ayuda a domicilio. Si el pliego de la contratación se publica sin tener en cuenta las revisiones salariales al alza de los siguientes años, después no se permite su revisión, lo que lleva a que muchas empresas se descuelgan de sus convenios y lo inapliquen, o a que aprieten las tuercas a sus trabajadores para poder conseguir los mismos márgenes de beneficio.