Una semana después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, anunciase que el Gobierno estaba estudiando la posibilidad de aprobar "autobajas" médicas… impera el silencio. Ninguno de los dos ministerios que deberían encargarse de la medida, los de Trabajo y Seguridad Social, han respaldado la propuesta. La iniciativa parecía en un primer momento más negociada internamente de lo que ha resultado estarlo, lo que ha molestado tanto a los departamentos afectados como a los agentes sociales, según fuentes cercanas los mismos.

El anuncio de García en el programa de Carlos Alsina (Onda Cero) sentó mal en el Ejecutivo porque no se había consensuado. Y porque por mucho que a los sanitarios les parezca una medida ideal para aliviar la saturación que cada invierno se da en la atención primaria, desde el punto de vista del derecho laboral el planteamiento de la ministra puede provocar serios problemas a los trabajadores. "Es una ocurrencia", asegura un sindicalista.

La idea busca que no se obligue a las personas con enfermedades leves a ir al médico a buscar un parte de baja. Es decir, que sean los propios empleados quienes se concedan a sí mismo bajas médicas laborales, de tres días como máximo, en aquellos casos en los que saben que no necesitan un médico, cuando saben que están indispuestos pero que con unos días de reposo -y automedicación- les será suficiente. A día de hoy, es imprescindible que el trabajador acuda a un centro médico para conseguir ese permiso para faltar al trabajo, aunque la enfermedad sea leve, por eso esta "declaración responsable" evitaría parte de la saturación del sistema sanitario por la epidemia de infecciones respiratorias.

Si bien los agentes implicados entienden que no tiene demasiado sentido que los trabajadores con un simple resfriado o gripe leve saturen las consultas sanitarias para conseguir solo una firma, como piden desde hace años desde diferentes entidades científicas, una baja en ausencia de diagnóstico es difícilmente justificable incluso con una ley que la respalde, dependiendo de cómo se lleve a cabo. "Aumentaría la litigiosidad y vendrían un sinfín de problemas", consideran.

¿Cuáles son los problemas ante una idea que, según Sanidad, está más que implementada en otros países europeos? El principal problema y lo que para tanto CCOO como UGT lo convierte en una iniciativa inviable es que si un trabajador deja de acudir a su puesto de trabajo porque considera que está enfermo, aunque rellene una "autobaja", las empresas podrían considerarlo una baja voluntaria por abandono del puesto de trabajo. La regulación podría contemplar este supuesto y tratar de proteger a los que cuenten con la autodocumentación correspondiente, sí, pero desde las organizaciones sindicales explican que sería muy complicado probar después en los tribunales que realmente el trabajador estaba enfermo si no fue atendido por un facultativo.

"Es fruto del desconocimiento de cómo funciona el sistema de relaciones laborales de nuestro país", ha lamentado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, al respecto. "Y eso de que Alemania y Portugal lo tienen igual no es una definición exacta, antes hay que hacer otras cosas. Las prisas cuando hay que tocar algo que afecta de lleno a las personas no son buenas consejeras", remarcó.

En países como Suecia, por ejemplo, existen estas autobajas pero la empresa puede aplicar deducciones al salario durante los primeros 14 días. En Portugal, cuando el trabajador autodeclara su enfermedad a través de un documento firmado en juramento, no cobra. Sin embargo, la idea de no cobrar no se ha llegado a poner sobre la mesa en España... pese a que la legislación actual establece, salvo que el convenio diga lo contrario, que los primeros tres días de baja no se cobran. Después, desde el día 4 hasta el 20 de la baja, el empleado recibe un 60 % de la base reguladora de la prestación por IT. A partir del día 21 recibe un 75 % de la base reguladora pagada por el INSS o la Mutua.

El Gobierno se limita a comprometerse para buscar una solución

Ni el Ministerio de Trabajo y ni el de Seguridad Social han respaldado la propuesta de Sanidad, pese al buen número de ocasiones en las que la vicepresidenta Segunda y Ministra del ramo, Yolanda Díaz, ha intervenido en medios. El único en valorarlas en público fue el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, quien se limitó a asegurar que había que "seguir dándole vueltas" y que entre los tres ministerios -Sanidad, Trabajo, Seguridad Social- alcanzarían "un mecanismo que descongestione el sistema sanitario y que permita a los trabajadores estar bien protegidos".

En Seguridad Social se han pronunciado, antes las preguntas de este periódico, en el mismo sentido. "El Ministerio se ha comprometido a buscar conjuntamente -de la mano de Sanidad, Trabajo y el resto del Gobierno- una solución estructural más amplia para este tipo de situaciones. Queremos contar con la opinión de los servicios técnicos que puedan resultar implicados y, por supuesto, de todos los agentes sociales y económicos implicados, como siempre ha hecho este Gobierno en el marco del diálogo social".

"Estamos alineados en el objetivo de corregir la sobrecarga de los servicios sanitarios públicos y hacer efectiva y más ágil la recuperación de los trabajadores. Ya se siguió esa línea en el AENC (como establecían los interlocutores sociales del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva), que insta al desarrollo de convenios con las Mutuas encaminados a realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de IT por contingencias comunes de origen traumatológico", han ampliado.

Según eldiario.es, en el documento trasladado a las comunidades autónomas este lunes se pedía que "cada uno de los niveles institucionales implicados" trabaje "en el ejercicio de su marco competencial y en colaboración con los organismos que sea preciso, para simplificar los procedimientos de incapacidad temporal (...) sin impactar negativamente en ningún otro organismo gestor", por lo que parece que la medida tardará todavía en desarrollando, complicando la posibilidad de que llegue antes de que este episodio de gripes y catarros termine.

Por su parte, la oposición, y sobre todo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado la "ocurrencia" de Sanidad. Rechazo que resulta curioso puesto que Alberto Nuñez Feijóo, líder del mismo partido y presidente de Galicia en 2022, proclamó hace dos años que los trámites por ser positivo en COVID-19 se llevarían a cabo de manera telemática pidió el aval del Ministerio de Sanidad para aplicarlo en toda España.