El Gobierno sufrió la semana pasada para conseguir sacar adelante tres reales decretos leyes, de los que al final solo han visto la luz dos. Repetirlo es inútil porque usted está bien informado, pero por cortesía con los despistados: los números en el Congreso de los Diputados están tan ajustados, que los socios parlamentarios tienen la llave de la negociación, y la están usando a su favor. Por su parte, Junts le ha arrancado al Ejecutivo la promesa de reformar la ley para lograr que las empresas que se marcharon en 2017 vuelvan a Cataluña, así como el traspaso de las competencias en materia de inmigración; y por el suyo Podemos ha tumbado la reforma del subsidio de desempleo con su voto en contra.

La enseñanza que nos deja esta tensa semana en el Congreso es una y bien clara: que Pedro Sánchez tendrá que negociar con más calma, cuidado y pies de plomo las próximas ocasiones que necesite el consenso de la Cámara. Y también que no recurrir tanto a los reales decretos leyes, como informa Juanma Romero, en los que el Gobierno se la juega a todo o nada y en los que la presión aumenta por el varapalo que supone perder la convalidación, y optar por las proposiciones y proyectos de ley, que permiten conversaciones más discretas e ir aproximando posturas poco a poco, sin un atracón final.

Y una de las principales razones por las que el Gobierno debe repensarse su manera de negociar es que buena parte de los fondos europeos todavía no ha llegado a España, y no lo hará hasta que vean la luz una serie de reformas ya prometidas a Bruselas. El Plan de Recuperación sigue sobre la mesa, y ese dinero se hace todavía más necesario con el regreso de las reglas fiscales, que obligarán a contener el gasto si no se consigue reducir el déficit y la deuda con la hoja de ruta actual de los ministerios económicos.

La lista de todo lo que queda por hacer es ingente, y no es una hipérbole. Si solo tenemos en cuenta la parte de transferencias, es decir, los fondos que España no tendrá que devolver, son diez desembolsos que exigen entre 15 y más de 80 hitos y objetivos cada uno, lo que da una idea del ingente trabajo que llevan aparejados. Por el momento, España solo ha solicitado los cuatro primeros pagos, el último en diciembre, por lo que a día de hoy solo ha recibido los tres primeros. "Solo", entre comillas, puesto que la Comisión ha repetido en una infinidad de ocasiones que nos encontramos entre los países de la UE más avanzados en el despliegue de los fondos europeos.

Es decir, que simplemente el trabajo es enorme y el periodo de tiempo para llevarlo a cabo, largo, aunque tampoco demasiado largo: 2027 es el último año para hacerlo. ¿Se perderá lo que no se haya ejecutado para entonces? A día de hoy parece poco probable, porque Bruselas viene haciendo gala de una gran flexibilidad con las normas de unos planes que, al fin y al cabo, han diseñado ellos y por tanto quieren que lleguen a buen puerto. Y nada estaría más lejos de eso que multar a los países o retirarles los fondos antes de que hayan podido utilizarlos.

Sin embargo, la Comisión puede ser tolerante, lo que incluye permitir cambiar unas reformas por otras o dilatar algunos meses los plazos, pero no transigirá si no se cumple lo prometido y lo acordado. Y hoy eso el Gobierno lo tiene más difícil que nunca. A continuación, repasamos las reformas más importantes que es imprescindible llevar a cabo para recibir los siguientes paquetes de fondos europeos.

La reforma fiscal (5º pago de fondos)

Cuantía total a recibir: 7.700 millones

Se dio por cumplida y después se reconoció que era un hito pendiente. La reforma fiscal es uno de los hitos más importantes que queda por delante en el Plan de Recuperación. Debía estar aprobada durante el primer trimestre de 2023, pero finalmente los plazos se han alargado y ahora no está muy claro, ni siquiera, en qué consistirá. Con el objetivo de hacerle frente, Hacienda designó a un comité de expertos que elaboraron el bautizado como Libro blanco para la reforma fiscal, a partir del cual el Ministerio de María Jesús Montero decidiría qué impuestos modificar y cuáles no a cambio del dinero de la Comisión.

Pero para recibir el quinto pago España prometió llevar a cabo muchas otras reformas e inversiones -concretamente, 21-, entre las que está la ya aprobada ley de familias, y también publicar un nuevo spending review o informe de revisión del gasto público estatal, que realizará por su lado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), como es habitual.

Digitalizar el pago de impuestos (6º pago)

Cuantía total a recibir: 4.000 millones

El sexto pago es más pequeño e incluye reformas ya cumplidas, como la aprobación de la ley de industria, la del estatuto básico del empleado público y la de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Sí es necesario impulsar proyectos basados en la inteligencia artificial y evaluar la Estrategia Española para la Ciencia. También se pide implantar cuatro plataformas digitales para prestar servicios de información y asistencia al contribuyente -esto podría estar relacionado con la prisa que tiene Hacienda por permitir que la renta solo pueda presentarse online- y reforzar las leyes de copyright.

La ley de puertas giratorias (7º pago)

Cuantía total a recibir: 10.300 millones

Este paquete de fondos es sin duda el más extenso, con más de 80 componentes e inversiones de todo tipo, desde en libros para las bibliotecas públicas, para la lucha contra el desperdicio alimentario y para evaluar el avance del ingreso mínimo vital (IMV). Forman parte del mismo desembolso una nueva ley de movilidad sostenible y la renovación de los vehículos de la Administración Pública, así como la Ley por la que se crea la autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero, ahora en el trámite parlamentario.

Pero sin duda la noticia estará en la ley de puertas giratorias, que se ya se aprobó en primera lectura el anteproyecto en noviembre de 2022 y decayó apenas unas horas antes de que pudiese someterse a la segunda lectura por la convocatoria electoral anticipada. Desde entonces, el Ejecutivo mantiene en un cajón la norma, que buscaba regular por primera vez la relación entre lobbies y altos cargos públicos.

La bautizada como Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés debe entrar en vigor en el cuarto trimestre de este año, por lo que el Gobierno no debería tardar en retomarla. Hay que destacar que, de no ser por el adelanto electoral, la ley estaría en vigor y con ella la exsecretaria de Estado de Transportes Isabel Pardo de Vera no podría haber presidido la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), como intentó en diciembre.

Reforzar el Perte chip (8º pago)

Cuantía total a recibir: 500 millones

El octavo desembolso es el más pequeño de todos y, por una vez, el ritmo de las reformas para y todo lo que se exigen son inversiones. Será importante reforzar con ellas el Perte chip, que busca reforzar la industria de los semiconductores en España, y también lanzar una plataforma para impulsar el sector turístico. Lo establecimientos turísticos tienen un papel importante en este pago, porque recibirán inversiones para reducir su consumo energético y su desperdicio. Al mismo tiempo, deberá invertirse en impulsar el hidrógeno.

Digitalización (9º pago)

Cuantía total a recibir: 5.600 millones

En el noveno pago de nuevo predominan las inversiones, y solo hay un par de reformas. Entre estas últimas está el segundo paquete de economía circular y la entrada en vigor de las enmiendas de la ley de protección de la competencia, pero son las únicas. Por lo demás, se exige completar el proyecto de digitalización de la Función Pública que ya debía estar iniciado e impulsar la electrificación de los vehículos. Varias de las inversiones tienen que ver con la educación: hay que "convertir las clases en espacios de tecnología aplicada" y que acometer la transformación digital de este sector. Una inversión llamativa pide implementar proyectos también de digitalización en centros de alta intensidad para deportistas y en los organismos antidoping.

Completar los Perte y cierre del Plan (10º pago)

Cuantía total a recibir: 8.000 millones

El décimo y último pago sí incluye alguna reforma más, pero relacionada con otras que ya debieron llevarse a cabo. Se exigen algunas relacionadas con el Perte chip, pero ya no hay ninguna relacionada con el empleo, las pensiones o los impuestos. Entre estos últimos deberes está el de revisar la ley de pesca marítima para modernizar el control y la inspección de este sector, y también reformar la oficina que regula los sandbox o entornos de pruebas. Por lo demás, debe invertirse en mejorar las líneas de cercanías y deben digitalizarse y mejorarse las estaciones de los mismos trenes. El dinero conseguido debe gastarse en el buen número de inversiones que se detallan, como por ejemplo en becas para apoyar las carreras científicas y en restaurar las tabacaleras españolas, con el objetivo de conservar el patrimonio.

En total, si España cumple con lo prometido al cabo de 2026 habrá recibido casi 70.000 millones de euros tan solo en transferencias de la Comisión Europea. Junto con los préstamos, esta cantidad puede llegar a ascender a los 160.000 millones, más del 12% del PIB del país.