El Ministerio de Hacienda ha elaborado un informe provisional en el que se estudia el impacto del impuesto sobre los beneficios extraordinarios de energéticas y bancos. Así lo confirman fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero, que señalan que todavía no se ha decidido si el documento será público. Este texto estaba contemplado en la ley que regula el tributo, pero su contenido se ha mantenido al margen de las compañías afectadas.

Según reza el texto, “en el último trimestre de 2023, el Gobierno elaborará un informe provisional correspondiente al primer ejercicio de aplicación del gravamen”. Así, desde Hacienda aseguran que se ha cumplido con este mandato, puesto que el informe se ha elaborado, pero su contenido se mantiene bajo llave.

Este documento es el paso previo al “estudio de los resultados del gravamen” que el Ejecutivo tiene que llevar a cabo en el último trimestre de 2024. A partir del cual, el Gobierno evaluará su mantenimiento con carácter permanente. Según la ley, se debe observar la situación de los sectores afectados, la evolución de los precios de los productos energéticos y el efecto acumulativo del gravamen junto con el Impuesto sobre Sociedades.

Fuentes de las distintas entidades aseguran que no han recibido noticias acerca de dicho informe. Lo mismo confirman desde una de las patronales bancarias. En el caso de las compañías energéticas se pronuncian en la misma línea, ni rastro del informe provisional.

Ambos sectores tienen que hacer frente, también este año, al tributo. No obstante, el Ejecutivo se ha comprometido a incluir en los próximos presupuestos generales del Estado, que se puedan deducir del pago del impuesto las inversiones estratégicas en proyectos vinculados a la descarbonización, en el caso del sector energético.

El Congreso aprobó la convalidación del real decreto que incluía la prórroga de las medidas para hacer frente a la crisis inflacionista. En el mismo, se extendía el impuesto sobre los beneficios extraordinarios al año 2024. La decisión la tomó el Ejecutivo y la convalidaron las Cortes sin que la evaluación del primer año de estos tributos se haya hecho pública.

Además, tal como comunicó el Ministerio de Hacienda, se "contempla la futura revisión de ambos gravámenes para su plena integración en el sistema tributario", lo que deja la puerta abierta a que estos tributos sean permanentes, como proponía Sumar.

Gestión del País Vasco y Navarra

La prórroga del tributo en 2024, tal como contemplaba inicialmente la norma, no es la única mención que registró el Boletín Oficial del Estado (BOE) en relación a estos impuestos. Tal como publicó este periódico, a partir del año 2024, Euskadi y Navarra serán los encargados de recaudar y gestionar los tributos.

“Se prevé la revisión de la configuración de ambos gravámenes, inicialmente configurados como prestaciones patrimoniales de carácter público temporal y de naturaleza no tributaria, para su plena integración en el sistema tributario y se convertirán en tributos concertados o convenidos, según corresponda, previa modificación del concierto y convenio económico en vigor, respectivamente, en los Territorios Históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra”, recoge el texto.

Los dos impuestos extraordinarios solo afectan a las grandes empresas: las entidades financieras con margen de intereses y comisiones superior a los 800 millones en 2019 deben abonar un 4,8% de ese margen, mientras que a las energéticas con una facturación de más de 1.000 millones en el mismo periodo se les aplica un 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocio.

De acuerdo a los datos aportados por el Ministerio de Hacienda, el Estado ha ingresado 2.908 millones de euros de los gravámenes extraordinarios a banca y energéticas. En total, las entidades han abonado unos 1.263 millones en el año por el nuevo gravamen, mientras que empresas como Endesa, Repsol, Naturgy o Iberdrola han pagado cerca de 1.644 millones hasta noviembre.