Encontrar a una persona menor de 30 años trabajando en una oficina de la administración general del Estado es como buscar a alguien mayor de 50 en una start-up. Las plantillas públicas han envejecido y la renovación generacional se está produciendo, pero lentamente. Según los datos del Boletín Estadístico publicado por el Ministerio de Hacienda, el 59,3% de los trabajadores de los Ministerios, organismos autónomos estatales y agencias estatales tiene 50 o más años. Los menores de 30 son solo el 5,2%.

Los datos corresponden a julio de 2023 y muestran un ligero incremento en el porcentaje que representan los jóvenes en la administración con respecto a enero de 2023, lo que según el Ministerio puede “indicar el inicio de un cambio de tendencia”. 

Desde el Gobierno se impulsó un plan en 2021 para la captación del talento en universidades y centros de enseñanza media para que los jóvenes se interesen por el empleo público y puedan desarrollar una carrera profesional en la administración. No obstante, incrementar la presencia de milenials y centenials en las oficinas públicas, supone revertir una tendencia consolidada.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2003, la distribución por edad de los ocupados con un empleo público era más homogénea. Los mayores de 50 años representaban el 22,49% y los menores de 30 años eran el 14,31%. Diez años después, los trabajadores mayores de 50 ya suponían 15 puntos más, el 37,07%, mientras que los menores de 30 pasaban a ser prácticamente la mitad que una década antes, el 7,52%. Los datos del tercer trimestre de 2023, los últimos disponibles, arrojan una radiografía en la que los mayores han envejecido y los jóvenes no han recuperado su peso en la administración: el 45,13% frente al 8,35%.

Isabel Araque, secretaria de acción sindical de UGT servicios públicos, señala a las políticas de recortes en la administración pública como la principal causa de esta realidad. “Entre 2012 y 2018 se congelaron las tasas de reposición. No se creaban plazas. Esto supone que no se hayan renovado las plantillas”, asegura.

La tasa de reposición es la ratio que determina el número de empleados públicos de nuevo ingreso que se pueden incorporar en una Administración Pública en función de las bajas que se hayan producido en el año anterior, debidas a jubilaciones, excedencias sin reserva de puesto, decesos, renuncias voluntarias o cualquier otra razón. Entre los años 2012 y 2014, según un informe del Banco de España, la tasas fueron de alrededor del 5%. No fue hasta 2016 cuando esta tasa superó el 80%.

Esto explica que durante los años de la crisis financiera, se redujera el empleo público en España y no se incorporasen trabajadores jóvenes a las oficinas de la administración general del Estado. “En 2012 y 2013 se produjo una reducción de cerca de 350.000 efectivos, parte de los cuales se recuperaron entre 2014 y 2016”, recoge el análisis de 2017, La evolución del empleo de las Administraciones Publicas en la última década, publicado por el supervisor bancario. 

La función pública tiene connotaciones de estabilidad y de revalorización salarial, no es de extrañar entonces que, según una encuesta elaborad por Funcas, el 47,9% de los españoles recomendaría a una persona joven ser funcionario. El 19,7% recomendaría a los jóvenes trabajar como asalariados y el 13% que montasen su propio negocio. 

No obstante, una encuesta de Opositatest muestra que los jóvenes entre 18 y 24 años son los que menos de acuerdo están con la afirmación de que ser funcionario ofrece mejor calidad de vida. Pese a esto, la academia online para preparar exámenes públicos detectó en 2023 un incremento del 10% en el número de jóvenes que quería opositar.

El atractivo del funcionariado

Araque considera que hay aspectos a mejorar si se busca incorporar talento joven. “Opinamos que habría que cambiar el acceso a la función pública, buscar otra metodología para hacer atractivo el sistema”, explica. “Lo que se tiene que hacer es buscar esas habilidades y perfiles concretos que precisa la administración, pero haciendo atractivo el sistema de entrada”, añade.

Además de los modelos de examen e incorporación a la administración, que suelen ser procesos dilatados que retrasan en años el acceso a los puestos de trabajo, los sindicatos reclaman que se elabore un plan de recursos humanos a largo plazo, que cubra las necesidades de cada cuerpo de la administración.