“Vamos a impulsar la democracia en las empresas para que las personas trabajadoras participen en la toma de decisiones empresariales”. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha situado “la democratización de la estructura empresarial” como una de las reformas más importantes entre las que quiere llevar a cabo esta legislatura. Se trata de una iniciativa que Díaz anunció por primera vez en 2022, pero que quedó pendiente tras el adelanto electoral y ahora el Gobierno busca retomarla.

Por el momento, Díaz solo ha asegurado que es necesario conseguir una patronal "moderna" y levantar un modelo que dé entrada a los trabajadores en los consejos de administración. Lo ha comentado en presentaciones de libros y otras intervenciones públicas, pero sin llegar a detallar exactamente cómo se concretará. Este lunes, en su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, ha dado alguna pista más, al mencionar el modelo de cogestión alemán, vigente desde 1976, y apuntando que hay 18 países en Europa que han regulado esta participación.

También ha afirmado que a día de hoy "en los consejos de administración se toman muchas decisiones por el interés de los dividendos" y que si los trabajadores formasen parte de esas decisiones, votarían diferente, haciendo referencia a que sería una herramienta para evitar deslocalizaciones. Precisamente las últimas semanas uno de los grandes temas económicos ha sido cómo pretende el Gobierno garantizar el regreso de las empresas a Cataluña, aquellas que se marcharon tras el referéndum unilateral de independencia por miedo a que la situación impactase en sus cuentas.

Desarrollar el 129 de la Constitución

Ahora bien, ¿cómo podría llevarse a cabo este cambio? Según la ministra, la Constitución española ya recoge en el artículo 129.2 la “participación de las personas que trabajan en las empresas en sus consejos”. En concreto, dicho artículo dice así: "2. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción".

Por lo que se deduce de las palabras de Díaz, la intención sería ir más allá de la labor que actualmente llevan a cabo los representantes de los trabajadores, como por otro lado vienen pidiendo desde los sindicatos. Quizá una fórmula sería aproximarse a como funcionan las cooperativas, donde los trabajadores sí se sientan en los consejos de administración. Según la vicepresidenta, el modelo ha aplicar ya se ha ensayado "en alguna empresa".

Lo que no mencionó, al menos en esta ocasión, fue la "gran reforma empresarial" que en otras ocasiones ha prometido llevar a cabo tras recabar la opinión de un grupo de expertos en la materia, lo que posiblemente tenga que ver con que el nombre con el que se terminó bautizando a esa idea en el acuerdo programático PSOE-Sumar de cara a las elecciones no fue ese. Literalmente, en el documento conjunto se recogía lo siguiente: "En línea con el artículo 129 de la Constitución y en el marco del diálogo social, impulsaremos una participación más eficaz de las trabajadoras y trabajadores en el ámbito de sus respectivas empresas".

¿Cómo se concreta la participación de los trabajadores?

Según el propio Gobierno alemán, en el país la llamada cogestión busca "mantener los conflictos alejados de las empresas en la medida de lo posible" mediante "un alto nivel de participación de los trabajadores para lograr una mayor paz en el lugar de trabajo, más estabilidad y menos huelgas". Puede llevarse a cabo a dos niveles: empresa o comité de empresa, que tomarían un mayor poder del que actualmente poseen en España.

Pero según la ley de cogestión de 1976, la que Díaz ha citado en el Congreso, los trabajadores consiguen una mayor participación en las decisiones importantes de la empresa gracias a unos comités "extra", los llamados consejos de vigilancia, donde hay empleados de la alta dirección y también delegados de los trabajadores. Del ejemplo alemán se puede deducir en qué sentido orientará la reforma la vicepresidenta del Gobierno.

"La cogestión ha tenido escaso, en ocasiones problemático, recorrido en España. Sin embargo, la experiencia en otros países europeos puede arrojar luz y revelar el alcance democratizador y posibles límites de esta forma de intervención", asegura la experta Sara Lafuente Hernández, investigadora en el Instituto Sindical Europeo en un artículo publicado en una revista de CCOO. "La cogestión empresarial se encuentra regulada con ámbito de aplicación extenso (es decir, reconocida tanto en sociedades de capital del sector público como del privado) en al menos 14 países del área económica europea. Los años 70 supusieron un hito histórico en la adopción de estas regulaciones en países como Austria, Suecia, Noruega o Dinamarca. Éste sigue siendo el único sistema de los existentes que permite una representación trabajadora verdaderamente paritaria en los consejos de vigilancia".

Para la experta, tiene puntos positivos, como incorporar diversos puntos de vista en las deliberaciones del consejo de administración, lo que "puede ser un factor de innovación, enriquecer los debates del consejo y mejorar de la toma de decisiones empresariales gracias al valioso conocimiento interno de la organización que aportan los trabajadores y las trabajadoras". "Diversos estudios destacan el impacto positivo, cuando menos neutro, que esta participación tiene en la productividad y competitividad económica. Además, involucrarles en el proceso de toma de decisiones puede favorecer la motivación y corresponsabilidad del personal, una cultura del diálogo y la paz social en la empresa", escribe.

Por otro lado, el acceso por parte de los trabajadores a información de calidad sobre la empresa puede serles útil para orientar sus estrategias negociadoras, sobre todo para cuando llegan los despidos. Pero que se cumplan estos supuestos o no dependerá del desarrollo concreto que se aplique a la bautizada como democratización de las empresas, y del acuerdo que se busque en el diálogo social, para lo que no hay unas fechas concretas. Lo que sí se empezará a negociar esta semana será la reducción de jornada a 37,5 horas semanales: el jueves tendrá lugar la primera reunión del diálogo social.