La semana pasada, el Gobierno incorporó a casi 100.000 trabajadores en prácticas o con contratos temporales de menos de seis meses a su estadística de personal. Junto a las nuevas contrataciones, esto ha supuesto, según comunicó Función Pública, que el número de empleados públicos ascienda a los 2.967.578, unos 200.000 más a los registrados un año antes. El crecimiento con respecto a las personas registradas un año antes es llamativo, del 8,6%, cuando en el sector privado el empleo ha aumentado un 3% en el mismo periodo, dato que ya se ha considerado un logro en medio con un contexto muy complicado de telón de fondo, que podría haber hecho mella en el mercado laboral -de la alta inflación al encarecimiento del crédito por la subida de los tipos de interés, más los conflictos bélicos en Ucrania y la de Gaza-.

De acuerdo con la estadística actualizada, existen casi 1,5 millones de funcionarios de carrera, casi 800.000 interinos, casi 400.000 laborales temporales y casi 300.000 laborales fijos. Además, el mismo Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas recoge que España cuenta con unos 60.000 empleados en formación o prácticas, y otros aproximadamente 11.000 trabajadores públicos entre laborales fijos discontinuos, eventuales, personal laboral, funcionarios con plazas no escalafonadas y laborales no fijos.

Si a estos empleados públicos se les suman aquellos españoles que dependen mes a mes del Estado, como pensionistas, parados y beneficiarios de otras prestaciones, en total son unos 16 millones de nóminas las que cada mes deben abonarse. En contraposición, el sector privado cuenta con unos 17,8 millones de trabajadores según los datos de afiliación a la Seguridad Social, por lo que cabe preguntarse si el gasto en retribuciones y prestaciones públicas español es demasiado alto, si debe contenerse, o si puede ser un lastre para el conjunto de la economía.

Según el SEPE, 2,7 millones de personas engrosan las listas de desempleo hoy día, su menor nivel para este mes desde 2007. Pero no todas cobran una prestación de desempleo: lo que se conoce como tasa de cobertura, según los últimos datos, del 71%. Es decir, que algo más de 1,8 millones de españoles cobran hoy día algún tipo de prestación o subsidio de desempleo, renta agraria o renta activa de inserción, una inversión que supuso 1.904 millones de euros en noviembre, último mes del que hay datos disponibles. 

Del lado de las pensiones sucede de una forma similar, puesto que el número de jubilados en el país es superior al de los mayores que reciben una pensión pública. De acuerdo con los últimos datos de Seguridad Social, el número actual de pensionistas es de 9.154.513, algunos de los cuales cobran más de una pensión -por ejemplo, de jubilación y de viudedad-, lo que implica un gasto total de 12.100 millones de euros al mes. Las pensiones mínimas no contributivas -las que perciben aquellos que no han cotizado a la Seguridad Social lo mínimo que exige la ley para cobrar una pensión de incapacidad, jubilación, viudedad u orfandad- se suelen excluir de las cifras totales de pensiones, pero las perciben menos de 500.000 personas cada mes, y hay dos tipos, de invalidez y de jubilación.

Por último, habría que considerar a los beneficiarios de otro tipo de prestaciones, como el ingreso mínimo vital (IMV), pero el Gobierno no publica este dato: tan solo comunica el número total de hogares y personas que se han beneficiado de esta prestación desde que empezó a existir. La última nota de prensa recogía que son 710.341 hogares en los que viven 2.079.233 personas, sin embargo no es posible conocer cuántas lo perciben a día de hoy, en tiempo real, o cuántas lo han percibido el último mes, aunque se entiende que las cifras son cercanas a estas. Según el Gobierno, en dos de cada tres hogares la titular de la prestación es una mujer y, si se tiene en cuenta el total de beneficiarios, el 54% son mujeres (1.123.030). Por otro lado, existe el complemento de ayuda para la infancia (CAPI), que ha alcanzado ya las 433.578 personas (es una ayuda de 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años).

¿Es excesivo el peso de las nóminas públicas en España?

A la vista de los datos, y de la comparación, ¿es excesivo el peso de las nóminas públicas en España? ¿Hay que revertirlo? Lo cierto es que las instituciones que analizan la economía del país en general tienden a concluir que España presenta un peso del sector administración pública asimilable al de los países de su entorno. No obstante, estudios del Banco de España también concluyen que el nivel de ingresos públicos necesario para financiar el gasto es "muy inferior" a la media de los países de referencia, y recogen que la composición del gasto público en España está sesgada hacia partidas como las pensiones y las prestaciones por desempleo, en detrimento de otras partidas, como la educación y la inversión. 

La OCDE se ha pronunciado en ese sentido recientemente. Si bien el organismo no tiende a cargar contra el peso que los empleados públicos tienen en la factura del Estado, ni tampoco contra el de las prestaciones para los más vulnerables -más bien al contrario-, sí insiste en que el gasto en pensiones está alcanzando límites desproporcionados y, sobre todo, perjudiciales para los estratos de la población que están dejando de percibir el gasto público que ahora se dedica a los mayores. Hay que recordar que a lo largo de los últimos años el gasto en pensiones no ha dejado de crecer, tanto por el inevitable crecimiento de la población provocado por la jubilación de la generación más numerosa de la historia del país como por la revalorización de las pensiones con el IPC, que es ley desde 2021.

"Cabe destacar que el nivel actual de gasto público en España, si bien se encuentra en el rango inferior de los países de nuestro entorno, es elevado en relación con su nivel de ingresos públicos. De este modo, cualquier aumento en los niveles de gasto público en España solo sería compatible con la sostenibilidad de las finanzas públicas si se acompaña de medidas por el lado de los ingresos públicos. Este punto es especialmente importante, en particular, habida cuenta de cómo algunas tendencias globales pueden introducir tensiones adicionales al alza en los niveles de gasto público. Entre estas destacan las dinámicas demográficas, que contribuirán en el futuro a aumentar de forma significativa el gasto en pensiones vinculado al proceso de envejecimiento poblacional bajo los parámetros actuales del sistema, y las tendencias asociadas a la transición energética hacia un modelo más sostenible", dice el supervisor en el documento, donde también insiste en que las finanzas públicas deben proteger e impulsar las partidas más favorecedoras del crecimiento a largo plazo, como la inversión y la educación. 

También la Autoridad Fiscal (AIReF) repite con insistencia la necesidad de evaluar el gasto de las administraciones públicas para detectar ineficiencias y fomentar las políticas más eficaces, especialmente en este contexto de recepción de fondos europeos. Su presidenta, Cristina Herrero, suele criticar la "pérdida de ambición del Gobierno" en este sentido, y llama a separar la evaluación de la política para poder realizar su trabajo desde la independencia que se le exige.