Fin a la tasa de reposición. El sistema que garantiza que la administración pública no pierda efectivos verá su fin en 2025. Este es uno de los objetivos del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, tal como ha desgranado el ministro José Luis Escrivá este miércoles. "Es muy difícil defender la tasa de reposición cuando estamos hablando de modernización y transformación de la Función Pública. Necesitamos un modelo distinto", ha dicho el ministro.
El departamento responsable de los funcionarios sustituirá este sistema por un modelo que "diseñe las plantillas en base a los servicios públicos que presta el Estado del Bienestar y los escenarios presupuestarios plurianuales fijados por la Unión Europea", según fuentes del Ministerio.
Esta tasa de reposición, fijada en la ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), es la ratio que determina el número de empleados públicos de nuevo ingreso que se pueden incorporar en una Administración Pública en función de las bajas que se hayan producido en el año anterior, debidas a jubilaciones, excedencias sin reserva de puesto, decesos, renuncias voluntarias o cualquier otra razón.
Sustituir esta tasa por un plan plurianual es una de las demandas sindicales de los últimos ejercicios. Desde CSIF, UGT y CCOO reclamaban a los titulares de la Función Pública un análisis de las tareas de los funcionarios y de la situación de las plantillas que permitiese revertir el escenario actual, en el que tanto los sindicatos como el departamento de Escrivá coinciden en que faltan recursos humanos, aunque no se hayan cuantificado.
Este cambio no se producirá en 2024, puesto que ese análisis previo no se ha llevado a cabo todavía. No solo se tiene que partir desde los bienes y servicios que presta la administración, indica el Ministerio, sino que también se deben analizar qué tareas se pueden desarrollar con inteligencia artificial y permitir a los trabajadores desarrollar otras responsabilidades de mayor valor añadido. La externalización también se tendrá en cuenta, según fuentes de Función Pública.
Escrivá ha mencionado en su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública que el tensionamiento de las plantillas merma la motivación de los empleados públicos y, esto, acaba teniendo un impacto sobre la calidad de la atención que reciben los ciudadanos.
Atraer a personas desde el sector privado
Desde el Ministerio aspiran a que la administración pública española se asemeje a sistemas nórdicos, donde la calidad de la administración tiene una valoración más alta que en nuestro país, aunque consideran que el punto de partida español es positivo. También allí el peso del empleo público sobre el total del mercado laboral es superior al que se registra en España, ha detallado el ministro.
Con todo, reconocen que es difícil captar talento y que hay que competir con el sector privado para captar a determinados perfiles vinculados a la transformación digital. En este sentido, el departamento de Función Pública plantea la necesidad de atraer a perfiles sénior que hayan desarrollado su carrera en el sector privado y que busquen una nueva carrera en la administración del Estado.
Uno de los retos que tiene el Ministerio es el de agilizar los procesos selectivos así como idear nuevas formas de selección pero siempre respetando la igualdad, mérito y capacidad de estos procesos. El departamento de Función Pública apuesta por una doble dimensión de los procesos selectivos en los que compitan funcionarios y personas del sector privado para un mismo puesto.
Sobre el aspecto salarial, desde Función Pública consideran que estos profesionales que hayan trabajado en empresas pueden buscar otros atributos en la administración, como la voluntad del servicio público o la buena calidad del empleo.
Tras conocerse los datos de la contabilidad nacional de 2023, los funcionarios recibirán un alza salarial del 0,5% por el acuerdo entre Gobierno y sindicatos. Este pacto recogía una subida salarial fija del 2,5 % para 2023 a la que podían sumarse dos incrementos adicionales de 0,5 puntos si se daban dos supuestos que se han cumplido, según confirman fuentes sindicales.
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hace 10 meses
Los sindicatos, y su consecuencia, los comités de empresa y los convenios colectivos, sería bueno considerar abandonar los convenios ‘por ramo’ y hacer convenios por cada empresa, son de un ‘verticalismo’ atroz, la participación en las elecciones a los comités de empresa es cada vez menor como en los colegios de médicos, así solo sirve para refrendar una okupación mafiosa, mandarinista.
¿Que no hay un mínimo de participación de votantes censados, digamos 33 %? Pues se nombra el nº de elementos del comité de empresa que corresponda al % de quorum, y el resto se designan al azar entre trabajadores con una mínima antigüedad, como se nombran, con obligación de acudir, vocales o vigilantes para las mesas electorales.
Mientras se mantenga la ‘Ley d’Hondt’, mientras no haya listas abiertas, la participación y control del estado que hagan los contribuyentes es una farsa, una ‘dictadura perfecta’; pensar que sea posible el ‘crimen perfecto’ es paranoya. Elijan: ¿Colifata, Ciempozuelos, Leganés, o Frenopático?
Txakurrak kanpora!