El mundo del campo está hoy martes 6 en pie de guerra. Los agricultores españoles siguen la estela de los franceses y sacan los tractores a la calle para mostrar su creciente malestar. Decenas de carreteras están cortadas a lo largo y ancho del país, provocando problemas de circulación y grandes atascos.

El sector agrario ha arrancado este martes las tractoradas convocadas a través de las redes sociales. Por su parte, las grandes organizaciones como Asaja, Coag y UPA están trazando un calendario de movilizaciones durante el mes de febrero.

Lo que inicialmente comenzó en Alemania, después se extendió a Francia y en estos días ha llegado a España. Entre sus quejas están los requisitos de la nueva Política Agraria Común (PAC) aprobada por Bruselas y que piden flexibilizar y simplificar.

Precios más justos y más controles

¿Qué reclaman los agricultores? Las reivindicaciones son varias. Por un lado, exigen precios más justos para sus productos que les permitan cubrir los costes de producción, en un contexto en el que han subido tanto las materias primas como la energía.

A pesar de la aprobación de la Ley de la Cadena Alimentaria por parte del ministerio de Agricultura que dirige Luis Planas, denuncian que los precios que les pagan en origen no les permite cubrir los costes de producción. En este sentido, piden modificar y ampliar la norma para prohibir las prácticas desleales.

También creen que la Agencia de Información y Control Alimentario (Aica) debería aplicar sanciones económicas más acordes a la infracción sometida y ampliar sus recursos de control, para poder actuar más a través de los indicios y con inspecciones de oficio.

Competencia desleal de otros países

En segundo lugar, los agricultores protestan contra lo que ven como una competencia desleal de países terceros, que no están sometidos a las reglas de producción de la Unión Europea. Uno de ellos es Marruecos. Los agricultores quieren que el Gobierno aumente los controles en la frontera con el vecino del sur "para garantizar que los productos agrícolas marroquíes importados cumplen con las normativas internas de la UE y las cantidades arancelarias establecidas en el acuerdo de libre comercio". En este sentido, quieren recuperar la preferencia comunitaria para recuperar y garantizar la soberanía alimentaria del país.

Menos burocracia

Por otro lado, el sector agrario dice verse asfixiado por la burocracia y los requisitos cada vez más estrictos que impone la legislación comunitaria. En este sentido, piden reformas urgentes a las Comunidades Autónomas para flexibilizar las normas que rigen sobre la agricultura.

Especialmente afectados se ven los pequeños y medianos productores, que han de afrontar sobrecostes por la legislación medioambiental. "La excesiva burocracia está suponiendo unos costes inasumibles para los agricultores y ganaderos profesionales y no posibilitan cumplir los objetivos en materia medioambiental", dicen las organizaciones agrarias.

Paralizar acuerdos de libre comercio

También denuncian que Bruselas siga cerrando más acuerdos de libre comercio con terceros países, "que agudizan los problemas de los agricultores y ganaderos de toda la UE". Las grandes organizaciones piden paralizar las negociaciones de acuerdos como del Mercosur, la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda y que se paralicen las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia.

"Los agricultores luchan frente a un mercado desregulado que importa productos agrarios de terceros países a bajo precio que presionan a la baja los de la UE y a los producidos en España", dicen las tres grandes organizaciones agrarias. 

"Estas producciones extracomunitarias no cumplen las normativas internas de la UE y representan una contradicción e hipocresía en la actuación política de la UE, entre la política comercial y la política agraria común propia. Una competencia desleal que pone en jaque la viabilidad de miles de explotaciones en España y Europa", rematan.

De momento, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este martes que retirará la propuesta para reducir a la mitad el uso de pesticidas en la Unión Europea. Considera que se ha convertido en un "símbolo de polarización" y cree que el próximo Ejecutivo comunitario podrá realizar un nuevo plan "más maduro" con la participación de los agricultores y las conclusiones del Diálogo Estratégico con el sector.