El máximo responsable del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, Jorge Fabra Portela, presentó hace dos días su dimisión ante el Ministerio de Hacienda. Pieza clave del Gobierno en la gestión de los fondos europeos, se trata de la segunda salida en ese puesto en menos de 16 meses. Pero el baile de altos cargos solo es la punta del iceberg del problema que atañe al dinero comunitario. Muchos sectores ven cómo este último no se acaba de traducir en hechos concretos, a la espera de los lentos y complejos trámites burocráticos. La rehabilitación de viviendas es uno de ellos.

"Las últimas obras tendrían que haber acabado en el segundo semestre de 2026, pero no va a dar tiempo, porque las que ya están aprobadas ni siquiera han empezado", resume Sebastián Molinero, secretario general de Andimac, la patronal que representa a la distribución profesional de materiales para la edificación y rehabilitación.

Uno de los objetivos de la inyección multimillonaria de Bruselas era mejorar de forma clara la calidad del parque edificado. Pero la maquinaria no termina de arrancar y los visados de rehabilitación descendieron un 8,5% en 2023 en comparación con el anterior ejercicio. "Seguramente la caída de visados en 2022 y 2023 tiene que ver con el embalsamiento de los proyectos que esperan ser financiados con fondos europeos", añade Molinero.

Y el retraso podría condenar al Gobierno a tener que negociar con Bruselas una ampliación de los plazos y Andimac "no confía" en que el nuevo Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana agilice las ayudas comunitarias para obras de reforma y rehabilitación. El problema tiene diversos factores. Por un lado, la patronal apunta a la dispersión de las ayudas entre las diferentes administraciones. "Es una pérdida de recursos, costes enormes", apunta Molinero.

También denuncia una falta de actualización de sus niveles de intensidad estimados a los costes reales de los materiales. Desde que las ayudas se aprobaron en 2021, los costes de los materiales y la energía han subido en torno a un 18%. Pero los presupuestos no se han actualizado. "Cuando la Administración desbloquee los proyectos, nadie sabe lo que puede pasar. Esto puede generar problemas", avisa Molinero.

A nivel de las Comunidades, desde Andimac llaman la atención ante la ausencia de preconcesiones, lo que prolonga los tiempos administrativos. También es una barrera el no adelantar las ayudas a los propietarios pese a disponer desde hace meses de los recursos en tesorería, lo que impide incentivar la toma de decisión. "Tiene que haber un sistema mucho más ágil que el de ahora", remata.

España no puede asumir como país el riesgo de no impulsar medidas intensas en materia de rehabilitación edificatoria, lo que conlleva dotación presupuestaria directa (ayudas a las familias) e indirecta (incentivos fiscales). A su juicio, no hacerlo no sólo no permitirá cumplir los compromisos de descarbonización ligados al ahorro energético, sino que supone un riesgo creciente para la pérdida del valor de los inmuebles, donde reside el 70% del ahorro de las familias. El 83% del parque de viviendas en España tiene una calificación energética F o G. Y a partir de 2033, no se podrán transmitir viviendas con certificado D o inferior.

Si el año pasado se reformaron 1,7 millones de unidades de vivienda, para el presente ejercicio la asociación estima que la cifra se elevará hasta los 1,8 millones. Asimismo, la patronal cree que podría darse una ligera caída del gasto medio en reformas hasta los 1.190 euros por hogar en 2024. Eso, sin incluir la mano de obra. La razón serían las incertidumbres sobre la evolución económica y a los altibajos en el precio de los materiales, que podrían repuntar un 3% interanual.