El colapso del sistema sanitario está contribuyendo a que las bajas laborales sean cada vez más largas, con el correspondiente impacto sobre las cuentas de las empresas y también sobre el trabajador. Con el fin de desatascar, aunque sea en parte, el problema, el Ministerio de Seguridad Social está estudiando cómo dar un mayor papel a las mutuas, y cómo hacerlo con un acuerdo entre los sindicatos y las organizaciones de empresarios más representativos. La última reunión al respecto ha tenido lugar este lunes y las partes consideran que el pacto aún está lejos porque los intereses son dispares y la redacción del texto final tiene que ser muy específica para evitar males mayores.

La idea a desarrollar, puesto que ya se firmó en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), es tratar de aprovechar los recursos de las mutuas para mejorar los tiempos de espera. Ni más, ni menos. "Las Organizaciones firmantes de este Acuerdo [UGT, CCOO, CEOE y Cepyme] consideramos que el aprovechamiento de los recursos de las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social contribuye al objetivo de mejorar los tiempos de espera, la atención sanitaria de las personas trabajadoras y la recuperación de su salud, así como a reducir la lista de espera en el Sistema público", aparecía en el texto que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Por el momento, la posición común es aliviar el sistema sanitario permitiendo que las mutuas lleven a cabo pruebas de diagnóstico y tratamientos de rehabilitación y terapéuticos, pero solo en la incapacidad temporal de origen traumatológico. Y hasta ahí, puesto que los sindicatos rechazan que las mutuas tengan un papel mayor, como pretenden los empresarios, y los segundos se oponen a quedar por debajo de lo recogido en el acuerdo. Por ejemplo, uno de los deseos de las patronales de empresarios tenía que ver con conseguir que las mutuas adquirieran la potestad para dar altas y bajas médicas, extremo que las organizaciones sindicales ven del todo inapropiada, aludiendo que los dueños de las mutuas se sientan en la junta directiva de CEOE.

"Al objeto de cumplir esta finalidad, las Organizaciones signatarias instamos a las administraciones con competencias en la materia a desarrollar convenios con dichas Mutuas, encaminados a realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de IT por contingencias comunes de origen traumatológico. Todo ello se llevará a cabo con respeto de las garantías de intimidad, sigilo, confidencialidad, consentimiento informado y coordinación con el profesional sanitario del Sistema público de salud", es lo único que recogía el texto del acuerdo al respecto.

La idea de comenzar a dar un mayor papel a las mutuas tan solo permitiéndoles realizar pruebas en las bajas traumatológicas tiene que ver con que es el área de especialización de las mismas, y también con que un tercio de todas las bajas laborales que hay hoy día tienen origen traumatológico. Así, un cambio normativo más o menos pequeño en este sentido podría suponer una gran descarga para el sistema público de salud. Actualmente a las mutuas les corresponde el control y el seguimiento de las bajas laborales, y ya pueden solicitar diagnósticos y pruebas, pero la intención es generalizar estos procesos.

Los agentes sociales están trabajando sobre un texto que el Ministerio les envió a principios de febrero, y se han emplazado a seguir negociando en dos semanas. Según explican fuentes del diálogo social, la pretensión de los sindicatos ahora es conseguir un texto con más garantías, por ejemplo exigiendo que el médico del sistema público de salud dé su consentimiento para que el paciente se someta a pruebas o tratamientos a través de las mutuas. Es decir, que cada acto médico deba llevar aparejada la correspondiente autorización del médico de cabecera o especialista de la pública.

Otro tema de discusión es qué patologías podrán tratar las mutuas y cuáles no, para lo que los negociadores han reclamado a Seguridad Social que facilite datos sobre las bajas. Por su parte, CEOE está intentando cerrar el acuerdo lo antes posible -durante las últimas semanas no son pocos los empresarios que han protestado por el coste que las bajas les están suponiendo-, y cuentan con el apoyo no explícito de los médicos, quienes lamentan que la carga de trabajo que soportan en la actualidad y especialmente durante la última ola de gripes y virus respiratorios es insoportable.

“La base del problema es que quien otorga la baja no la paga. La paga el INSS y no las comunidades autónomas", ha explicado Iñaki Insausti, director del área de Salud de la empresa de prevención de riesgos laborales Geseme, en conversación con este periódico para un reportaje sobre absentismo laboral. “Las mutuas son expertas en contingencias, quizá no pueden evaluar una alergia, pero sí pueden ayudar en procesos de traumatología y recortar un proceso de un año a dos meses”, opinó.

Coeficientes reductores de la edad de jubilación

Por otro lado, los agentes sociales también negocian en la misma mesa cómo establecer coeficientes reductores de la edad de jubilación para aquellas profesiones peligrosas o penosas. Aquí, las partes han exigido más información y más indicadores que permitan calibrar cuáles deberían entrar y cuáles no, y posteriormente deberán definirlas. A priori, es más o menos sencillo conocer qué actividades son mortalmente peligrosas para los trabajadores cercanos a la edad de jubilación, pero no lo es tanto determinar cuáles son insalubres, cuáles son tóxicas y dónde establecer el límite. Para ello, se ahondará en la duración, la incidencia y la persistencia de las bajas laborales de cada colectivo, y también los fallecimientos. Además, los sindicatos buscarán evitar la discriminación de género, porque entienden que no pueden establecerse coeficientes de reducción solo para actividades masculinas y no para las femeninas, relegando a estas mujeres a la jubilación parcial.