La AIReF acaba de publicar su nuevo Observatorio de deuda pública y en él hay luces, pero también sombras. Por un lado, es la primera vez que la entidad hace cálculos sobre cuánto debe reducir España su deuda y déficit para cumplir con las reglas fiscales europeas, reforma de la que aún debe conocerse la redacción final tras la última negociación de los trílogos entre el Parlamento, la Presidencia del Consejo y la Comisión.

Y a bote pronto las cifras que plantea no parecen demasiado difíciles de alcanzar: para cumplir con las nuevas reglas, España deberá realizar un ajuste de su saldo estructural primario de 0,64 puntos de PIB durante cuatro años, de acuerdo con las nuevas trayectorias de ajuste plurianuales establecidas, algo que la Autoridad no considera, o al menos no lo recoge así, como un objetivo demasiado complicado de alcanzar siempre y cuando se el Gobierno se ponga manos a la obra.

Por otro, hay que tener en cuenta que ese es solo el ajuste que debería acometerse, pero por el momento encima de la mesa no hay medidas concretas para llevarlo a cabo, y aquí es donde viene la preocupación: con lo que a día de hoy se conoce, la deuda seguirá creciendo desde el actual 107,7% del PIB hasta alcanzar el 113,7% del PIB en 2038, último año al que llega el informe.

Hay que recordar que las nuevas reglas fiscales europeas, aunque buscan ser más flexibles y sencillas que las anteriores, siguen exigiendo que los países cumplan los objetivos tradicionales de déficit y deuda, aunque ya no haya que llegar a ellos independientemente del esfuerzo que deba hacerse, sino que cada país debe acercarse a ellos de manera progresiva y dependiendo de sus cifras. Es por eso que la AIReF viene insistiendo en que el Gobierno debe planear ya una senda de ajuste fiscal creíble a largo plazo, de corrección fiscal, como exige la ley de estabilidad presupuestaria y con el objetivo de cumplir con los requisitos de sostenibilidad que derivarán de la reforma del marco fiscal europeo.

En esta ocasión, la Autoridad no entra a valorar si es más o menos posible que España cumpla con lo que la Comisión Europea va a exigirle por ser un país cuya deuda supera el 60% del producto interior bruto, y cuyo déficit supera el 3%. Simplemente dispone lo que sus cálculos apuntan, y lo hace planteando tres escenarios: uno inercial, el que la economía seguiría en ausencia de nuevas medidas, y otro ajustado en la medida en la que el organismo lo considera oportuno para cumplir con Bruselas.

En el escenario inercial también se incluyen varios supuestos, entre los cuales el más desfavorable apunta a un avance de la deuda de hasta el 123% del PIB, en el caso de un menor saldo estructural primario. Otros supuestos incluyen un escenario de estrés financiero, en el que la deuda ascendería al 116% del PIB en 2028, y otro escenario adverso del diferencial entre tipos de interés y crecimiento, en el que llegaría al 122% del PIB.

La reducción de la deuda en 2040

Otra buena noticia entre las cifras proporcionadas por la AIReF tiene que ver con la evolución de sus previsiones. Mientras que en el mismo observatorio de la deuda de julio de 2022 esperaba que esta ascendería hasta el 140% del PIB en 2040 en un escenario sin medidas, ahora la previsión es 26 puntos inferior, una reducción nada desdeñable.

Hay que tener en cuenta que, según los datos conocidos la semana pasada, la deuda se redujo casi cuatro puntos en 2023, hasta el 107,7% del PIB, algo que un año antes parecía imposible. Pero no hay que olvidar que la fuerte inflación ayudó a reducir la deuda pública, y también el fuerte crecimiento que la economía española viene experimentando en los años posteriores a la crisis provocada por la pandemia, apoyos que no se mantendrán a largo plazo. Para el próximo año, la mayoría de los analistas macroeconómicos esperan que el PIB avance alrededor de un 1,8%, y que la inflación aumente alrededor de un 2%, ya en línea con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE).

De cara al próximo año, tanto el Gobierno como la AIReF esperan que la deuda pública se reduzca en 1,4 puntos, hasta el 106,3% del PIB. Por su lado, el déficit público continuará contribuyendo al incremento de la deuda, aunque aportando menos que en el 2023, y se verá sobre todo sustentada en el crecimiento del PIB. En términos absolutos, el pasado diciembre la deuda de las Administraciones Públicas, según el Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) alcanzó un saldo de 1.574.682 millones de euros, lo que supone un incremento de 71.878 millones de euros respecto al registro de diciembre de 2022.