El Gobierno eludió tener que contar con la aprobación específica de Bruselas para conceder el millonario rescate a Air Europa. Lo hizo gracias a la estructura del apoyo financiero que pactó con la compañía de la familia Hidalgo y que dividía en diferentes instrumentos las ayudas concedidas en 2020 para mitigar el impacto de la pandemia sobre las cuentas de la aerolínea.
Ahora, un informe de la Oficina Nacional de Inspección del Fraude (ONIF), dependiente del Ministerio de Hacienda, relaciona el inicio del 'caso Ábalos' con el rescate de 475 millones aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en 2020 mediante un crédito participativo de 240 millones y uno ordinario de 235. En paralelo, se aprobaron otros 140 millones avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Hacienda apunta directamente a uno de los presuntos comisionistas de la trama surgida en el Ministerio de Transportes; el empresario y presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, al que la matriz de Air Europa (Globalia) contrató antes como asesor. "De todas estas relaciones y especialmente la que afirma el señor de Aldama, de su participación en las negociaciones de Air Europa con el Ministerio de Transportes para el llamado 'rescate de la compañía' (...), se fraguó el ofrecimiento de mascarillas por el señor de Aldama al Ministerio", dice el informe entregado el 2 de febrero al juez Ismael Moreno, al que ha tenido acceso El Independiente.
Por aquel entonces, la aerolínea del grupo Globalia sufría una situación asfixiante que hacía urgente la inyección de dinero público para seguir en funcionamiento tras la llegada del coronavirus. Precisamente, recibió varios contratos del Gobierno en aquella época para traer material sanitario de China. Pero por aquel entonces, también estaba pendiente la compra de la compañía por parte de Iberia, anunciada en 2019 por 1.000 millones de euros.
El importe que el Gobierno acordó con los Hidalgo y la decisión de no entrar en el capital de la compañía permitió que fuese suficiente con la aprobación genérica dada por el Ejecutivo comunitario para poner en marcha el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Éste último estaba dotado con 10.000 millones de euros bajo gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Según su normativa de funcionamiento, cualquier rescate por encima de 250 millones de euros tenía que haber pasado el filtro de la Comisión Europea. Pero la única medida de recapitalización como tal fue el préstamo participativo de 240 millones entregado en noviembre de 2020 a la empresa de Globalia. Se hizo en un tiempo récord -en comparación con los otros rescates- y se quedó por debajo de la barrera que marcaba Bruselas.
"Dado que el importe de la ayuda de recapitalización —en forma de crédito participativo— que se concedió a Air Europa era inferior al umbral de 250 millones de euros que activa la notificación individual a la Comisión, esta no tuvo que evaluar la medida de apoyo a Air Europa", explican fuentes conocedoras de aquel proceso en el que distintas fuentes apuntan a una fuerte influencia del ex ministro José Luis Ábalos.
El Decreto que regulaba el funcionamiento del Fondo exigía a la SEPI informar mensualmente al Ministerio de Hacienda de las operaciones y obligaba al Estado a dar cuenta anualmente a la Comisión Europea "sobre la aplicación del calendario de reembolsos y el cumplimiento de las condiciones" exigidas. Asimismo "para operaciones por encima de 250 millones de euros, el informe incluirá además información sobre condiciones específicas", decía el texto.
Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez consiguió no tener que dar cuenta al Ejecutivo comunitario del rescate más cuantioso de los concedidos por el mecanismo gestionado por la SEPI. Tampoco ha hecho público en ningún momento el expediente completo de la ayuda pública a Air Europa, amparándose en la confidencialidad de la información aportada por la compañía para acceder al mismo. Las empresas tenían que demostrar su viabilidad a medio y largo plazo con un Plan de Viabilidad que les permitiese superar su situación de crisis.
Al margen del crédito participativo -convertible en acciones de la aerolínea-, los otros 230 millones concedidos a Air Europa en forma de crédito ordinario se entregaron en dos partes meses después. Los primeros 100 se transfirieron el 25 de marzo de 2021, y los 135 restantes, el 7 de mayo de ese mismo año. Pese a las denuncias de competidores como Ryanair ante la Justicia europea, el rescate fue validado por el Tribunal General de la Unión, que dio luz verde al fondo de la SEPI.
Fuentes oficiales de este último organismo aseguran a El Independiente que "Air Europa está cumpliendo con el calendario previsto en relación con la ayuda temporal". Desde la aerolínea también señalan estar afrontando sus "compromisos con solvencia y fiabilidad" y "cumpliendo los plazos establecidos". La estructura pactada con el Gobierno, abundan, "permitió junto al préstamo ICO afrontar con garantías el proceso de recuperación de la actividad".
Pese a la investigación abierta por la Justicia española sobre el citado 'caso Ábalos, fuentes de la Comisión Europea deslizan que el eventual control del apoyo dado a la compañía se ciñe a las autoridades españolas. "En general, corresponde a los Estados miembros decidir si un régimen aprobado por la Comisión debe apoyar a determinadas empresas en concreto y garantizar que i) se cumplen las condiciones y salvaguardias de dicho régimen y que, ii) de manera más general, las medidas de apoyo concedidas en virtud del régimen aprobado cumplen las normas sobre ayudas estatales", explica un portavoz a preguntas de este diario.
Pausa del análisis de compra
Al margen de eso, la dirección de Competencia del Ejecutivo comunitario ha trasladado a Iberia su decisión de pausar temporalmente el proceso de análisis de la compra de Air Europa, que sigue adelante ahora con un precio de 500 millones. El organismo solicitará más información sobre el posible impacto de dicha operación para el resto de compañías en las rutas afectadas. Fuentes de Iberia desvinculan esta decisión del presunto caso de corrupción y lo enmarcan en el procedimiento ordinario de la Comisión.
La compra está siendo sometida ahora a un profundo análisis tras la presentación por parte de la matriz IAG de un plan de cesión de rutas y slots. En el holding hispano-británico confían en que su propuesta disipe las dudas sobre el posible efecto negativo sobre sus competidores tras la fusión. Iberia tiene ya un 20% del capital de Air Europa, aunque el consejero delegado de IAG, Luis Gallego, recalcó la semana pasada que no participa en la gestión de la compañía. Se trata solo de "una inversión financiera", puntualizó.
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