Isabel Pardo de Vera, la expresidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) durante el mandato de José Luis Ábalos, aseguró ante la Guardia Civil el pasado 21 de febrero haber recibido "presión" por parte del entonces Ministro de Transportes y de su gabinete para adjudicar "con la mayor premura posible" el contrato de 5 millones de mascarillas ahora investigado para que la disponibilidad de las mismas "fuera lo más rápida posible".

Así lo recoge un atestado de los agentes del Instituto Armado que tomaron declaración en calidad de testigo a la también ex secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) durante la etapa de Raquel Sánchez. Según el documento al que ha tenido acceso El Independiente, le preguntaron expresamente "si recibió órdenes o presiones de algún tipo para la adjudicación del expediente a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL", que alcanzó un valor de 12,5 millones de euros.

El gabinete del ministro del que aseguró haber recibido "presión" estaba conformado, recogen los investigadores, por el asesor David Pérez, el director de Gabinete Sergio Vázquez Torrón (ahora en Ineco), sustituido por Ricardo Mar Ruipérez (ahora en Paradores); y por Koldo García Izaguirre, el asesor personal del ministro.

Koldo "era muy insistente"

La Guardia Civil también se interesó durante el interrogatorio por la figura de Koldo García Izaguirre -el asesor personal de Ábalos- en la gestión de la compra de las mascarillas. En concreto, los agentes preguntan si Koldo intercedió en la contratación.

Pardo de Vera explicó que no podía asegurar tal hecho, si bien subrayó que "era muy insistente" y que "llegó a contactar en numerosas ocasiones siempre en el nombre del Ministerio de Transportes", que dirigía por Ábalos. Afirmó también no tener constancia de que Koldo cobrara contraprestaciones por la contratación de mascarillas durante las primeras semanas de la pandemia.

El millonario contrato fue adjudicado en 2020 por Adif a la empresa investigada por las presuntas comisiones ilegales. A preguntas de los agentes en la Comandancia de Tres Cantos (Madrid), Pardo de Vera aseguró no haber mantenido "ningún contacto" con el adjudicatario final y reconoció que, en aquella fecha, "no había muchas empresas que pudieran ofertar ese número de mascarillas, ni que pudieran hacerlo en tiempo".

Precisamente, el Ministerio de Transportes encomendó a Puertos del Estado y a Adif la compra de mascarillas para varias administraciones a través de una declaración de emergencia Covid por su capacidad y experiencia en contrataciones de gran volumen.

Por otro lado, Pardo de Vera dijo creer recordar que "había varias empresas suministradoras de mascarillas, porque por código interno de Adif, aunque hubiera un procedimiento de emergencia, solicitaban varios presupuestos".

Según consta en la declaración, la expresidenta de Adif también explicó que el Consejo de Administración de la compañía pública aprobó que "fuera la Dirección General de Personas -supervisada por la Secretaría General- la que se hiciese cargo de la contratación, incluyendo la evaluación de presupuestos, garantías, tiempo de entrega, cumplimiento de certificados de las mascarillas y otras gestiones".

Micheaux Miranda Paniagua era quien estaba al frente de esa Dirección de Personas y también fue llamado a declarar como testigo el mismo día que Pardo de Vera. Esta última dijo a los agentes desconocer cuál de las tres direcciones que integran la de Personas "se encargó de buscar los suministradores".

De Aldama, en el Ministerio

El empresario Víctor De Aldama se ha convertido en una de las figuras clave de la trama de la compraventa de mascarillas. El también dueño del Zamora FC, fue presuntamente el encargado de conseguir mejores condiciones en la adquisición de material sanitario y de obtener mejores precios en los vuelos.

En este sentido, Pardo de Vera reconoció a lo investigadores "verle por el Ministerio" en varias ocasiones y que "mantuvo reuniones con Koldo" dentro del edificio público. "En una ocasión me dijeron que el hermano de Víctor era escolta o conductor del ministro Ábalos", sostuvo en su declaración ante la Guardia Civil.

Hasta el momento solo había trascendido que el juez instructor de la causa en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, había solicitado la intervención de los correos electrónicos de varios altos cargos de Transportes e Interior.