Juan Carlos Cueto, socio de Koldo García y uno de los cabecillas de la trama que presuntamente blanqueaba dinero tras la adjudicación de contratos públicos, junto con Víctor De Aldama, otro de los implicados en la investigación, defraudaron al fisco 2,3 millones de euros a través de distintas sociedades. Así consta en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso este periódico.

En total, y según la información que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha recopilado, se habrían producido tres delitos de fraude fiscal. El más cuantioso, ascendería a más de 1,8 millones de euros y lo habría cometido Víctor De Aldama. La AEAT le acusa de no haber devengado el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) -desde 2015- y de haber utilizado dos sociedades para evitar el pago de este impuesto.

Este es un delito habitual en materia fiscal, la utilización de una empresa “para realizar servicios personalísimos, que no requieren estructura empresarial” y evitar así el pago del impuesto sobre la renta. “Es una de las formas más comunes de defraudación”, afirma la Agencia Tributaria. Esta es la operativa que la Delegación Especial de Aragón de la AEAT detectó en 2020 y que ha sido incorporada a la causa que se investiga ahora. La empresa utilizada por De Aldama sería Soluciones de Gestión, la empresa adjudicataria de numerosos contratos públicos por un valor superior a los 50 millones de euros.

A través de Deluxe Fortune, otra de las empresas de De Aldama, que fue contratada por Huawei como publicó este periódico para lograr adjudicaciones favorables para la compañía china, el empresario defraudó 318.358,59 euros, según consta en la documentación. En este caso, el acusado habría incorporado gastos personales como gastos correspondientes a la compañía para deducirlos fiscalmente. Sin embargo, la AEAT detectó que se trataban de gastos “personales del señor De Aldama”. 

Por otra parte, Hacienda le acusa de crear una “ficticia situación creada de insolvencia para dejar de pagar los importes reseñados y declarados por el propio obligado”. Cabe señalar que De Aldama se declaró en concurso de acreedores a finales del pasado año y que la compañía se liquidó en febrero de 2024, coincidiendo con la detención de Koldo García.

También bajo Soluciones de Gestión se habría cometido un tercer fraude al fisco por 200.000 euros. La investigación imputa este delito a Juan Carlos Cueto, así como a Daniel Sierra, José Ángel Escorial, Íñigo Rotaeche y Luisa Presa, todos vinculados a las empresas a través de las que operaba la trama. El informe cita que la sociedad “dejó de ingresar 200.000 € sobre Sociedades de 2020 como consecuencia de un ajuste fiscal por deterioro de crédito en 2019 en el que hay que valorar su finalidad defraudatoria”.

El análisis de estos delitos ha sido elaborado por la Delegación Especial de Aragón de la AEAT que desvela que “desde el primer momento de la comprobación se puso de manifiesto que todos los sujetos y sociedades mercantiles referidas estaban relacionadas entre sí por su vinculación en las mismas operaciones de ventas de mascarillas”. No obstante, el informe subraya que las actuaciones de la Agencia Tributaria se centraron exclusivamente en el ámbito fiscal.

Operativa

La institución revela que las actuaciones de inspección sobre Soluciones, se comenzaron porque los responsables de la compañía solicitaron unas devoluciones del impuesto sobre el valor añadido (IVA), correspondientes a 2019, superiores a las devengadas “ y, por tanto, con una motivación ajena a las mencionadas ventas de mascarillas”, apunta el informe.

Las explicaciones que Soluciones aportó a la Agencia Tributaria para justificar esas devoluciones, que tenían que ver con deducciones de gastos, no convencieron al fisco que decidió ampliar su investigación a años anteriores. De hecho, al abrir inspección al resto de sociedades (MTM y Deluxe), la AEAT detectó una operativa que ya se había producido en Soluciones: se buscaban compensar pérdidas de 2019 tras la venta de las mascarillas y la obtención de beneficios en 2020.

“La consecuencia de ambas operaciones, cuando menos “extrañas”, es la misma: generar un ajuste fiscal negativo, con un importe muy parecido, en 2019, aumentando la base imponible negativa (de 839.500 € en DELUXE y de 800.000 € en SOLUCIONES) para compensar posteriormente esas pérdidas con los beneficios generados con la venta de mascarillas en 2020. La misma forma de proceder (en 2019 y con ajuste fiscal sobre resultado contable) y el mismo resultado”, resume el informe.

En definitiva, la Agencia Tributaria concluye que “los beneficios excesivos de quienes los consiguieron (intermediarios para lograr material sanitario) suponen también el deseo en estos de encontrar mecanismos que lleven a la menor tributación posible”.