El Gobierno ha publicado este sábado su informe de situación de la economía española de 2023. Se trata de un documento que suele dar a conocer en verano, en el mes de julio o en ocasiones algo más tarde, por ejemplo en octubre, pero que este año se ha retrasado mucho más de lo normal por el adelanto electoral. En él, el Ejecutivo establece en el 2,6% el límite de gasto de la Administración Central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, y también repasa sus previsiones macroeconómicas, que ha mantenido invariables respecto a las publicadas en otoño.

El Ministerio de Economía, que elabora el informe, espera que el PIB avance este ejercicio un 2%, ligeramente por encima de lo que recogen el resto de analistas y cinco décimas por debajo del año anterior, pero igualmente liderando el crecimiento de la zona euro, o eso espera el Ejecutivo. El informe no recoge previsiones para 2025 y tampoco incluye expectativas de inflación.

Ese crecimiento se apoyará en el despliegue del Plan de Recuperación, el dinamismo del mercado laboral, la buena evolución de las exportaciones y el consumo de hogares y empresas. Pero el documento también reconoce algunas complicaciones, y en ese marco recalca que una política monetaria más contractiva de lo esperado contribuirá a restar crecimiento, ya que el consumo se desacelerará, pero se verá compensado con las exportaciones. "Las exportaciones de servicios no turísticos continuarán comportándose de forma positiva e impulsarán el crecimiento", dice el departamento de Carlos Cuerpo.

"El menor crecimiento proyectado para la zona euro explica la revisión a la baja en el crecimiento del PIB para 2024 [frente al 2,4% que el Gobierno estimaba en abril, en el Programa de Estabilidad], mientras el consumo y la inversión aceleran su crecimiento. A pesar del endurecimiento más persistente de lo esperado de las condiciones monetarias, la economía española mantendrá su dinamismo. En 2024, el crecimiento del PIB pasará a descansar en la demanda nacional, así como una moderación de la demanda externa, debida al debilitamiento de nuestros socios comerciales. La aceleración prevista del consumo y la inversión en 2024 se sustenta en el despliegue del Plan, el dinamismo del mercado laboral2 y la solvencia financiera de hogares y empresas, cuya deuda ha alcanzado niveles mínimos desde 2002 según las cuentas financieras del segundo trimestre", mantiene el informe.

El paro bajará del 11% este año

Del lado del empleo, el Gobierno mantiene que entre año y el pasado se generarán 700.000 empleos, y que eso llevará a bajar la tasa de paro por debajo del 11%, en concreto hasta el 10,9%, tal y como en abril ya estaba previsto. Son pronósticos que por un lado ya han quedado obsoletos, puesto que solo en 2023 ya se superaron los 783.000 empleos creados, y que al mismo tiempo contrastan con los de otros organismos, como el Banco de España, que sitúan la tasa de paro medio punto por encima. Para el Gobierno la clave estará en el "importante incremento de la población activa", que se situará en los 24 millones de personas, lo que que repercutirá en la tasa de parados, puesto que si aumenta el total de personas dispuestas a trabajar, lo normal es que la tasa de paro suba. Además, Economía sostiene que los empleados a tiempo completo se situarán "cerca de los 20 millones", frente a los 18,3 millones que actualmente contabiliza el INE.

Además, el Gobierno espera que los salarios continúen creciendo gracias "a las ganancias de poder adquisitivo y de productividad derivadas de las reformas estructurales adoptadas". Así, estima que los salarios subirán más que los precios este ejercicio, "de manera que los trabajadores ganarán capacidad adquisitiva durante el periodo 2023 – 2024". Así sucedió, en efecto, en 2023, cuando en el último mes del año el IPC fue del 3,3%, mientras que los salarios en convenio subían un 3,46% en esa misma fecha. Al citar la productividad, el Ejecutivo está dando por hecho que continuará adelante el avance de los servicios tecnológicos y de las actividades científicas en el empleo, y que la digitalización que debe impulsar el Plan de Recuperación dará sus frutos.

Con todo, el informe también contempla posibles riesgos que pueden hacer descarrilar estas previsiones. Se centra en dos: que los tipos de interés suban más de lo previsto, y que los precios de la energía reboten. Si sucediese lo primero, la economía española podría verse afectada, aunque Economía destaca que España está mostrando una mayor resiliencia al endurecimiento de la política monetaria que el resto de países, y también que la diversificación de las exportaciones españolas podría convertir al país en aún más resistente ante una posible desaceleración o contracción económica de la zona euro. Del lado de los precios, el informe recalca que el entorno geopolítico es complejo y que la volatilidad a la que se enfrentan los precios del gas y del petróleo da lugar a cierto riesgo de subidas de precios.

El informe de la situación de la economía

Según la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Ministerio de Economía está obligado a elaborar un informe de situación de la economía española, cuyo principal dato es la tasa de referencia del crecimiento, que después deben usar tanto la Administración central como las comunidades autónomas y ayuntamientos para elaborar sus respectivos presupuestos. Para el informe, el Gobierno está obligado a consultar al Banco de España y a tener en cuenta las previsiones del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea.

La ley también insiste en que debe contenerse el cuadro económico de un horizonte plurianual, aunque en este caso solo se incluyen previsiones de 2023 y 2024, ya que el informe se ha presentado tarde pero sin variar el contenido que habría incluido de haber visto la luz el pasado verano.

La misma ley recoge que la variación del gasto computable de las tres administraciones públicas "no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española", y es en base a eso como se calcula. Precisamente de cara a cumplir con las nuevas reglas fiscales, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya había pedido en diferentes ocasiones al Ministerio que publicase el presente informe con la tasa de referencia de la regla de gasto, "para reducir la incertidumbre institucional y mitigar el riesgo de incumplir las recomendaciones de Bruselas para 2024".