El Gobierno ha conseguido que la Comisión Europea amplíe el plazo de evaluación del cuarto desembolso de fondos europeos Next Generation. El objetivo, aunque ni España ni Bruselas lo reconocen abiertamente, es tener más tiempo para poder aprobar la reforma del subsidio de desempleo que Podemos tumbó en el Congreso el pasado enero. Gracias al tiempo extra, no será hasta el 20 de mayo cuando la Comisión Europea evaluará formalmente si España ha cumplido con todos los hitos y objetivos ligados al cuarto pago.

En el caso de que entonces España tampoco hubiese conseguido sacar adelante la reforma del subsidio, recibiría solo parte del cuarto pago, aunque por el momento se desconoce de qué magnitud sería esa parte. En una rueda de prensa conjunta, tanto el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, como el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, han sido optimistas respecto al Plan y el grado de cumplimiento de nuestro país, y han quitado peso a la posibilidad de que se cumpla la fecha límite sin haber aprobado las reformas prometidas.

"Lo importante es que se cumplan todos los hitos y objetivos", ha asegurado Cuerpo, "que el pago sea parcial o no, en términos financieros, es nulo. No supone ningún tipo de dificultad", al mismo tiempo que ha dado por hecho que el hito se cumplirá en el tiempo pactado. De su lado, Gentiloni ha remarcado que el Plan de Recuperación ha supuesto un gran reto, al mismo tiempo que ha demostrado ser realmente flexible, pese a la invasión rusa a Ucrania, la crisis energética y la inflación. "El Plan os aseguro que será tan flexible como sea posible sin cambiar la regulación", ha afirmado el italiano.

El cuarto pago de los fondos tiene un valor de 10.021 millones de euros, que están ligados al cumplimiento de 61 hitos y objetivos. La Comisión Europea ya lleva meses evaluando este cuarto pago, puesto que el plazo finalizaba formalmente el 20 de marzo, pero ahora asegura que el "volumen de estudio y las especificidades técnicas" han provocado la extensión de este periodo dos meses adicionales. Cuerpo ha explicado que se ha pedido que algunos hitos y objetivos se midan de forma diferente, para facilitar el trabajo a la Comisión.

Las respuestas de Gentiloni han ahondado en que a la Comisión Europea no le preocupa la falta de presupuestos generales de este año -"no es nuestro papel abordar eso"- y en que los plazos están más que claros, y no se van a ampliar. Al menos, de momento, porque circula la impresión de que ningún país va a ser capaz de implementar todos los fondos de aquí al verano de 2026 y finalmente sí que se cederá en la fecha límite.

Por otro lado, la Comisión ha confirmado que este año los países tendrán más tiempo para elaborar sus programas de estabilidad, ya que las reglas fiscales europeas no entrarán en vigor hasta principios del próximo año. "El Programa de Estabilidad en este contexto tiene un papel diferente. No podemos decir que no al programa de estabilidad, pero tenemos que centrarnos en el futuro próximo". Así, en lugar de presentarlo en abril como es habitual, este año tendrán hasta el otoño para elaborar y presentar los planes.

La incógnita del subsidio de desempleo

Ahora la incógnita es si el Gobierno conseguirá negociar y aprobar a tiempo la reforma del subsidio de desempleo, que ya encalló en enero ante la negativa de Podemos a dar su sí a unos cambios que consideraba un recorte. Lo que no queda claro, por el momento, es en cuánto se reducirán esos 10.000 millones si dicha reforma no sale adelante, puesto que fuentes de la Comisión han insistido en que llegado ese momento será cuando calculen cuánto peso tenía cada una de las reformas vinculadas al cuarto pago. Por otro lado, también han explicado que de darse esa situación España tendría seis meses más para aprobar la reforma y recibir el dinero restante al cabo de los mismos, es decir, hasta finales de noviembre.

De momento no hay avances en la negociación entre el Ejecutivo y la formación morada sobre esta reforma, y en el contexto de las elecciones catalanas y vascas la situación es aún más complicada, puesto que tampoco está claro el apoyo de los partidos nacionalistas. En su momento, la formación morada exigía que la cotización de los beneficiarios del subsidio mayores de 52 años continuase siendo del 125% mientras lo percibían, aunque el Ejecutivo había pactado con los agentes sociales llevarla al 100%, por motivos que ya explicó este periódico y que tenían que ver con la subida del salario mínimo a lo largo de los últimos años.