Alberto González Amador se ha convertido en el nombre de la semana después de que eldiario.es desvelase el martes que él, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defraudó a Hacienda hace tres años al evitar pagar 350.000 euros en impuestos por lo que había cobrado -presuntamente- en comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia. González Amador fabricó facturas falsas para poder deducirse gastos y así evitar pagar al fisco, y además creó una empresa pantalla con la que poder compensar sus beneficios. Esto no es solo de lo que lo acusa la Fiscalía Provincial de Madrid, también son algunos de los delitos que él mismo reconoció haber cometido para intentar pactar una sanción penal menor de la que le correspondería.
Pese que González reconoció en febrero la autoría "de dos delitos contra la Hacienda pública por el impuesto de sociedades", esto es, de dos de los tres delitos de los que se le acusa, y pese a que manifestó su intención de conformarse con una determinada sanción penal, el fiscal decidió "tomar nota" de la voluntad del acusado e interponer una denuncia contra la pareja de Ayuso y otras cuatro personas. La denuncia quedó registrada a principios de este mes en un juzgado de Madrid y ahora sigue su curso.
¿Cómo operaba el acusado? ¿Qué ha reconocido y qué no? ¿Quiénes más están acusados en la misma denuncia? ¿Cuáles son las empresas implicadas? A continuación, todos los detalles según la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid, a la que ha tenido acceso este periódico.
Los acusados
Lo primero es aclarar que en la denuncia no solo está acusado de estos delitos González Amador, sino otras cuatro personas, aunque todo gire en torno a la empresa del primero y a los delitos que habría cometido ante la Agencia Tributaria. Los otros cuatro acusados figuran como los administradores únicos de las empresas que presuntamente emitieron facturas falsas a la compañía de la que la pareja de Ayuso es el único dueño.
- Alberto González Amador
- Maximiliano Eduardo Niederer González
- David Herrera Lobato
- Agustín Carrillo Saborido
- José Miguel Carrillo Saborido
A todos se les acusa de dos delitos relativos al impuesto de sociedades de 2020 y 2021, y de un delito de falsedad en documento mercantil, siempre ligados a la misma empresa propiedad de González. Lo primero hace referencia a los impuestos que González habría dejado de pagar en concepto del principal impuesto que grava la renta de las personas jurídicas en España, y lo segundo, a las facturas falsas que según la Fiscalía "no se corresponden con servicios realmente prestados, y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer".
Al mismo tiempo, están denunciadas todas las empresas implicadas: Maxwell Cremona Ingeniería Y Procesos Sociedad Para El Fomento Del Medioambiente SL; MKE Manufacturing SA de CV; Gayani LTD; Purpura Star SL; Baluarte Desarrollo de Centro Especial de Empleo SL; Desarrollo de CEE El Manantial SL; Bianconera Spa SL; Ginmosur SL y Masterman&Whitaker.
La empresa
La empresa de González Amador se llama Maxwell Cremona Ingeniería Y Procesos Sociedad Para El Fomento Del Medioambiente SL, pero en adelante nos referiremos a ella como Maxwell. Se fundó en 2016, tiene su domicilio fiscal en Madrid y en teoría se dedica a "otros servicios técnicos", según el epígrafe en el que está dada de alta. Él es su administrador único y la Agencia Tributaria empezó a hacer comprobaciones sobre la empresa en mayo de 2022, al localizar movimientos sospechosos.
Llevó a cabo determinadas conductas con la única finalidad
informe de la fiscalía de madrid
de reducir dicha tributación, deduciéndose indebidamente gastos"
"Se ha detectado que dicha sociedad, con la finalidad de eludir su tributación, ante el incremento del volumen de negocios que había experimentado en esos ejercicios [2020 y 2021], llevó a cabo determinadas conductas, con la única finalidad de reducir dicha tributación, deduciéndose indebidamente gastos en virtud de facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados", fue lo que concluyó la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía, tal y como recoge en el informe que envió al Juzgado.
Las facturas falsas
En concreto, la Fiscalía encontró que la empresa de la pareja de Ayuso carecía de los medios para prestar los servicios que facturó, "buscando Alberto González con esa conducta un ahorro fiscal al trasladar parte la actividad a una sociedad vinculada con él", dice el Ministerio Fiscal. La acusación asegura que Maxwell se dedujo indebidamente las siguientes facturas. En total, son 15 las facturas sospechosas:
- Una de 2020, emitida por la sociedad mejicana Mke Manufacturing SA de CV por importe de 620.000 euros, en la que actuaba como representante Maximiliano Eduardo Niederer González, "empresa que no realizó ningún servicio o trabajo a la entidad Maxwell".
- Una del 1/10/2021, emitida por la sociedad costarricense Gayani Ltd, por 922.585,63 euros. Su representante es Maximiliano Eduardo Niederer González.
- Cuatro de febrero y julio de 2021, emitidas por Purpura Star SL, por 12.800 euros cada una de ellas. Su administrador único es David Herrera Lobato.
- Una factura del 10/3/2021, emitida por la sociedad Baluarte Desarrollo Centro Especial de Empleo, por 20.000 euros. Su administrador único es Agustín Carrillo Saborido.
- Una factura del 15/3/2021, emitida por la empresa Desarrollo Social de CEE el Manantial SL, por 21.200 euros. Su administrador único es Agustín Carrillo Saborido.
- Cinco emitidas a lo largo de 2021 por la sociedad Bianconera de Servicios Profesionales SL, por entre 10.000 y 20.000 euros cada una. Su administrador único es David Herrera Lobato.
- Una factura del 5/7/2021 emitida por la sociedad Bianconera SPA SLU por importe de 10.500 euros. Su administrador único es José Miguel Carrillo Saborido.
- Una factura de fecha 15/07/2021 emitida por la sociedad Ginmosur SL por importe de 11.495 euros. Su administrador único es Agustín Carrillo Saborido.
Una empresa pantalla
La Fiscalía también acusa a González de haber creado una sociedad pantalla, de la que él mismo era administrador único y bajo el nombre de Masterman & Whitaker, para facturar alguno de los servicios a Quiron Salud, su principal cliente. El objetivo de la creación de esta segunda empresa, considera probado el Ministerio Fiscal, era dejar de pagar impuestos.
"Dicha empresa carece de medios materiales para prestar esos servicios, los cuales se prestaban con medios de Maxwell Cremona, buscando Alberto González con esa conducta un ahorro fiscal al trasladar parte la actividad a una sociedad vinculada con él, con la finalidad de generar bases imponibles negativas en Masterman&Whitaker SL a compensar en el futuro con los beneficios que aquella pudiera obtener", asegura.
Por todo ello, la Fiscalía acusa a la pareja de ayuso de mentir al presentar sus declaraciones "no veraces" del impuesto de sociedades "de forma consciente y voluntaria", y consiguiendo con ello dejar de ingresar 155.000 euros en impuestos un año y 195.950 otro: en total, casi 351.000 euros.
Los delitos admitidos
En su propuesta de pacto a la Fiscalía, el abogado del novio de Ayuso reconoce los dos delitos de defraudación tributaria relativos al impuesto de sociedades de 2020 y 2021, pero no reconoce el delito de falsedad en documento mercantil por el que también está acusado. Este hecho es clave, sobre todo después de que la propia presidenta madrileña asegurase ante los medios que las noticias que se estaban conociendo eran fruto de una "cacería" contra ella y su familia.
"Ahora tocaba el novio, esto es parte de lo que llevo sufriendo hace cinco años", afirmó, reconociendo que estaba al corriente de la inspección de Hacienda, lo que le hacía pensar que "iban a intentar" crear "una trama" contra ella. La presidenta también dijo que es Hacienda la que le debe 600.000 euros a su pareja y negó la mayor: "No hay trama de facturas, no hay sociedades pantalla", sentenció. Sin embargo, solo unas semanas antes él había reconocido dos de los delitos y había propuesto un pacto a la Fiscalía para evitar ir a juicio.
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hace 8 meses
No me esperaba esta muestra de imparcialidad. Les animo a seguir informando por igual de las corruptelas, sean del partido que sean.Aumentaran su credibilidad.
hace 8 meses
Estoy maravillado de recibir informacion veraz en este medio.
Ayuso debe dimitir por haber mentido reiterada y flagrantemente en rueda de prensa.
hace 8 meses
De momento el único delito cierto es el de la ministra e Hacienda y el fiscal general al revelar datos protegidos. A mi también me acuso hacienda de facturas falsas en trabajos en Ecuador. Primero te hacen para y luego te ofrecen un pacto y te amenazan si no lo aceptas, es una indefensión total. Ahora ese caí está en el juzgado y se igualan las fuerzas
hace 8 meses
Me encanta la fiscalía, son incisivos y mordaces con los particulares. Sin embargo son lentos, blandos e incluso indulgentes con la gente que ha delinquido dentro del orbe del gobierno y son muchos desde maridos de ministros a políticos varios. Todavía estamos esperando a que hagan algo en el caso Koldo. Porque ya sabemos de quien depende la fiscalía, no?. La ultima traca ha sido que el fiscal general es el que ha informado a la ministra de hacienda de las negociaciones con este particular, y ésta que es lo que todos sabemos, lo ha aireado sin despeinarse. ¿qué nos indica todo esto?, está claro, no? que España se han convertido en una república bananera, sin separación de poderes y gobernados por sinvergüenzas de primer orden.
hace 8 meses
Lo gordo de esto es que ahora el dueño de Ayuso S.A., MAR, está amenazando a periodistas de el diario.es por contar la verdad. Mientras los abogados de Madrid sacan comunicados para pelotear al PP. Aquí cuando se trata de hundir a Podemos vale a todo pero cuidado no toques a la populista de Hamelin que te hunden…vamos bien
hace 8 meses
Vaya, pero entonces quién mintió y quién debe a quién? Es que no me aclaro oigan