La prórroga de los presupuestos generales del Estado (PGE) no va a poner en duda el cumplimiento del objetivo de déficit ni el despliegue del Plan de Recuperación, aseguran desde el Gobierno. Sin embargo, sí que obligará al Ejecutivo a aprobar algunas medidas encima de la mesa por una vía alternativa, como el real decreto.
Es el caso del incremento salarial pactado con los trabajadores públicos. El acuerdo marco a tres años sellado entre Gobierno y sindicatos establecía una subida fija del 2% para 2024, a la que podría sumarse un 0,5 % adicional en función de la evolución de la inflación. Esta subida completa las que se produjeron en 2022 y 2023 y se incluirá en el texto del proyecto de ley de medidas para combatir los efectos de la guerra en Ucrania.
Esta era ya una de las fórmulas que contemplaba el ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, antes de conocerse que el adelanto electoral en Cataluña provocaba que no hubiera presupuestos este año. Además, fuentes del Ejecutivo dan por hecho que esta medida no encontrará oposición entre el resto de fuerzas políticas.
Hay otras tareas del Ejecutivo que quedarán en el aire, tal como contó este periódico, como la revalorización del IPREM, el índice que se utiliza para la revalorización de algunas prestaciones sociales. Otras, como la subida de las pensiones en relación al IPC ya está blindada por ley, así que la prórroga presupuestaria no tendrá impacto sobre las cuantías que cobran los pensionistas.
Ajustar el IRPF
Otra de las cuestiones que el Gobierno iba a abordar en los PGE era la modificación del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para que el incremento del salario mínimo interprofesional no perjudicase negativamente a las personas que lo perciben.
La modificación del reglamento aprobada por el Consejo de Ministros supone una rebaja fiscal para rentas inferiores a 20.000 euros e implicará que los trabajadores que cobren el SMI --1.134 euros mensuales en 2024-- no sufran ninguna retención. "Esta medida de IRPF va a beneficiar a 5,2 millones de contribuyentes con renta baja que se van a ahorrar 1.385 millones de euros en el año 2024", indicó la ministra.
No obstante, esa modificación incidía sobre las retenciones de las nóminas de los perceptores, pero no sobre las declaraciones del impuesto. Este último aspecto se tenía que abordar en el proyecto de presupuestos. Fuentes del Ministerio de Hacienda subrayan que "hay margen" y aseguran que llevará a cabo antes de los presupuestos generales de 2025.
Cabe recordar que la campaña de la renta, en la que se declaran las rentas obtenidas, se realiza con respecto a los ingresos del año anterior. Por ello, los ingresos de 2024 no se tendrán que declarar hasta 2025 y ahí es donde el Ministerio ha encontrado "margen" suficiente como para abordar el cambio incluso sin PGE.
La prórroga no supone en sí un problema importante para la economía española, aunque sí puede tener un impacto desde el punto de vista del parón político y la incertidumbre, que repercute en la inversión. Pero lo cierto es que ya ha pasado en numerosas ocasiones, y que se gobernará en base a unas cuentas, aunque sean las del año anterior, que deberían ser lo suficientemente útiles.
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