Menos de una semana después de convocar elecciones en Cataluña, el presidente del Govern en funciones, Pere Aragonès, ha presentado este martes su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica. La intención de ERC pasa por que Cataluña recaude todos los impuestos que genere la región, que calcula en 52.000 millones de euros, el doble de los actuales. La propuesta abre la puerta a provocar todo un cisma en el sistema actual de financiación autonómica, del que a día de hoy solo quedan fuera las comunidades forales. Y también da pie a hacerse multitud de preguntas que aún no tienen respuesta, entre otras, ¿qué implicaciones tendría esta nueva Hacienda catalana? ¿Compensaría económicamente a la región? De producirse la separación, ¿exigirían otras comunidades autónomas lo mismo? ¿Se verían perjudicadas con la decisión?

Lo primero a tener en cuenta es que la idea del cupo vasco, o "financiación justa", como lo llama ERC, no es nueva. En 2012, el entonces presidente de la Generalitat Artur Mas ya propuso al presidente Mariano Rajoy un Pacto Fiscal, que lo rechazó de plano. La diferencia es que entonces el PP había ganado las elecciones por mayoría absoluta, mientras que ahora Pedro Sánchez necesita a ERC para que le salgan las cuentas en el Congreso, lo que hace pensar que, ahora sí, esta propuesta tendrá que ser estudiada a fondo por el Ejecutivo.

De hecho, en las más de 90 páginas que abarca el documento publicado por ERC, se recuerda que en el pacto de investidura alcanzado entre PSOE y ERC incluía la creación de una comisión bilateral para negociar un nuevo modelo de financiación. También se insiste en que la reivindicación de la recaudación y gestión de todos los impuestos ya estaba en el origen de la reforma del Estatut aprobado en 2006, y se reivindica que no hay una autonomía real sin autonomía financiera, así como que el modelo español es "una anomalía frente a otros estados de corte federal", informa Iva Anguera.

El Govern plantea establecer un cupo catalán, similar al vasco o al navarro, que Cataluña transferiría al Estado a cambio de los servicios que este preste en la región. Por el momento no ha fijado ningún criterio de cálculo, pero si se extrapola el porcentaje que durante los últimos años el País Vasco acordó pagar anualmente a la Administración central, Cataluña debería abonar 4.700 millones, un 9% de su recaudación total. En el caso del Gobierno vasco, actualmente la aportación anual es de ese porcentaje, y en cifras absolutas es de en torno a los 1.500 millones anuales, pero hay que recordar que varía según cuánto recaude la comunidad en cada ejercicio.

ERC, eso sí, deja la puerta abierta a que se llegue a ese nuevo modelo de financiación de forma gradual. Además, el Govern propone la creación de un fondo de solidaridad interterritorial, otra cuota que abonaría Cataluña y que podría estar entre el 2 y el 4% de su PIB -cifra que no se recoge en el documento, sino que la sugirió la consejera de Economía en una entrevista reciente-.

Los inconvenientes para Cataluña

Los inconvenientes que los economistas ven en torno a la propuesta son varios. Por un lado, entienden que si la Agencia Tributaria catalana pasa a recaudar el doble de lo que ingresa hoy día, eso exigiría un importante aumento del gasto de cara a reforzar el organismo, lo que limitaría su margen de gasto. Por otro lado, si esta misma recaudación autonómica implica mayores trámites para el contribuyente, o simplemente tener que llevar a cabo gestiones con una administración más, eso podría provocar una nueva fuga de empresas o de ricos, como opinaba el inspector de Hacienda Francisco de la Torre en un reciente artículo.

Sin embargo, sería el Gobierno quien tendría que afrontar los mayores inconvenientes, puesto que un régimen propio catalán obligaría al Ejecutivo a negociar cada año con el Govern cuánto debe aportar Cataluña de los gastos del Estado, es decir, cuál es la factura total de los servicios que la autonomía no tiene transferidos. Ejército, puertos, aeropuertos, monarquía... servicios sobre los que Cataluña seguiría sin tener competencias, pero que "disfrutarían" igualmente sus ciudadanos. En el caso del País Vasco, es la ley quinquenal del cupo la que fija la aportación de la región al Estado, el llamado índice de imputación que ahora está en el 6,24%.

Pero para el Ejecutivo catalán, todas las dificultades que hay sobre la mesa no son motivo para dejar de exigir lo que consideran lo justo. De hecho, la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu que los indultos tampoco parecían posibles "y, al final, se aprobaron, y lo mismo pasó con la ley de amnistía".