La resolución del Banco Popular ocurrió hace casi siete años, pero su entramado judicial todavía continúa. Ángel Ron, presidente de la entidad desde 2006 hasta 2017, ha solicitado al juzgado adherirse a la petición de Aemec, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas, de procesar a Emilio Saracho, su sucesor en el cargo, por administración desleal. 

Los afectados por la resolución de Banco Popular pidieron al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que procese al expresidente Saracho. Esta petición llegó después de que Calama procesara a Ángel Ron por estafa a los inversores y falsedad documental. Ahora es Ron quien pide que también se procese a sus sucesor al frente de la entidad por “abandono y dejación de funciones que se hizo respecto a la entidad financiera”.

En el escrito dirigido al juez, los abogados de Ángel Ron explican que en el recurso al que se adhieren se describen comportamientos imputables a Saracho, a pesar de que la causa sobre él se archivó en el mismo documento en el que se procesa a Ron. Tal y como señalan en el recurso, Saracho vulneró las normas elementales de prudencia, ya que aseguran que Saracho “era consciente de que el hecho relevante del 3 de abril de 2017 sobre la reexpresión de las cuentas, sus declaraciones on y off the record (con periodistas antes de la Junta y su discurso en la misma) provocarían una caída de la acción y salida de depósitos, como así fue sin precedentes, concluyendo con la desaparición de la entidad”.

Por ello, añaden que los accionistas querellantes tienen razón al considerar “incomprensible” el archivo del procedimiento respecto a Saracho, porque “existen indudables indicios de criminalidad sobre la posible realización de un delito de administración desleal de la entidad, como causa del perjuicio patrimonial de los accionistas, entre los que se encuentra Ángel Ron”. 

Asimismo, insisten durante el escrito que  la resolución del Banco Popular por un problema de liquidez “está directamente vinculada a la política de comunicación desarrollada por el presidente y a la no ejecución de las medidas contempladas por el Consejo de Administración, que aprobó en su día, como el resto de Bancos supervisados por el Banco Central Europeo, el llamado Plan de Recuperación, que contenía dichas medidas así como un protocolo de actuación”.

Otra de las razones que esgrimen para que se procese a Emilio Saracho es que “no es posible” que un banco pase de estar en posición regular a fallido (nivel 5) sin solución de continuidad, sin que se le permita a la entidad arreglar por sí misma los problemas que pueda atravesar, si dispone de medidas correctoras para ello, como era el caso del Popular y recuerdan que los peritos del Banco de España apuntaron en su informe. “Un banco solvente y viable no puede ser resuelto y entregado a un competidor por un euro, sin ejecutar ninguna de las medidas de recuperación de liquidez previstas y que estaban en la mano del Consejo presidido por Saracho”, argumentan.

Además, explican que fue Emilio Saracho quien comunicó alguna de las informaciones sobre el banco a los medios de comunicación. Así, hacen referencia a una noticia publicada por El Confidencial, cuyo periodista reconoció a Ángel Ron que fue Saracho quien filtró la noticia a los medios de comunicación. “Resulta inequívoco que los mensajes que se enviaron a los medios por una fuente supuestamente desconocida de Banco Popular y que se tradujeron en una incesante fuga de depósitos, coinciden con la situación creada por Saracho que concluyó el 6 de junio de 2017 con la firma del Acta del Consejo de Administración por lo que se declararía la resolución de la entidad”, apuntan. 

Por todo ello, manifiestan su total adhesión a los argumentos esgrimidos por la representación procesal de AEMEC, que representa a unos 7.000 pequeños accionistas del Banco Popular, en su recurso de reforma y subsidiario de apelación, para que se revoqué el archivo de la causa de Emilio Saracho y “cuantos pudieran ser responsables de los hechos objeto de investigación, lo que debe dilucidarse en el Juicio oral

 El juez decidió archivar la causa de Emilio Saracho porque el delito de estafa a inversores se pudo cometer a través de la ampliación de capital que comercializó el Banco Popular en el año 2016. Señala que no alberga duda de que “los inversores que acudieron a suscribir dicha ampliación fueron engañados”, toda vez que las cuentas anuales consolidadas de Banco Popular del año 2015 y los estados financieros del primer trimestre de 2016 no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio de dicha entidad. Esas cuentas, según el magistrado, ocultaban un importante déficit de provisiones.

En el recurso de AEMEC, se sostiene que Saracho “traicionó el principio de confianza legítima en los actos del máximo representante legal de una entidad financiera sistémica y generó el pánico de forma presuntamente deliberada, ocasionando la salida de depósitos”.