Iberia, Air Europa y Plus Ultra, las tres líneas aéreas españolas que vuelan a Venezuela, han conseguido esquivar la fuerte subida del precio del combustible que pretendía aplicar el Gobierno de Nicolás Maduro a las aerolíneas extranjeras. Las compañías de fuera del país iban a tener que pagar casi el doble por el queroseno que las aerolíneas nacionales. De 0,36 céntimos de dólar que abonaban por galón, iba a pasar a costar 0,72 céntimos.

Fuentes del sector aéreo conocedoras del procedimiento explican a El Independiente que el Ejecutivo venezolano aplicó la subida el 1 de febrero pero la situación se ha corregido, estableciendo un precio igual para todos los operadores.

La principal beneficiada de tal medida -según publico el medio especializado Preferente-, hubiera sido Aerolíneas Estelar. Es la única compañía venezolana que conecta Caracas con Madrid desde el pasado mes de noviembre. Debido al fuerte peso del combustible a la hora de poner el precio de los billetes, la compañía del país latinoamericano podría haber ofrecido tarifas más competitivas que sus rivales directos en la ruta.

El giro del Ejecutivo de Maduro llegó -prosiguen las citadas fuentes- tras la presión ejercida por parte de alguna de las compañías aéreas afectadas, así como de la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo (ALTA). No en vano, una medida así podría llegar a penalizar la llegada de turismo al país e incluso podría contravenir un acuerdo bilateral firmado entre España y Venezuela.

El compromiso por parte del Gobierno venezolano, a través de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) es que finalmente habrá subida del precio del combustible que las aerolíneas carguen en su territorio, pero será mucho más moderado del anunciado. En concreto, llegará en una fecha próxima a 48 céntimos de dólar por galón, según ha podido saber El Independiente.

En Venezuela solo tienen autorización del Gobierno para operar las compañías Iberia, Air Europa y Plus Ultra. Las dos primeras vuelvan cinco veces a la semana entre Madrid y Caracas, mientras que la tercera opera cuatro frecuencias semanales.

Las derivadas del 'caso Koldo'

El nombre de alguna de estas compañías ha salido estos días a la palestra por las derivadas del 'caso Koldo', la trama de corrupción sobre el cobro de comisiones presuntamente ilegales por la venta de mascarillas.

La relación de alguno de los empresarios implicados con aerolíneas como Air Europa ha puesto en cuestión la celeridad con la que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el millonario rescate que la compañía solicito tras la pandemia.

La empresa de la familia Hidalgo -pendiente de su fusión con Iberia- había contratado anteriormente a través del holding Globalia al empresario Víctor de Aldama para recuperar 200 millones de euros que el Gobierno venezolano no dejaba sacar del país a los dueños de la aerolínea. Eran fondos procedentes de la venta de billetes en el país que ya había intentado repatriar con la intermediación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Según un informe de Hacienda que consta en el sumario de la investigación del caso de las mascarillas, el también presidente del Zamora Club de Fútbol habría estado presente en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas el día en que el exministro socialista de Transportes, José Luis Ábalos, mantuvo una reunión con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Esta última tenía vetada la entrada a territorio de la Unión Europa por las sanciones vigentes desde 2018, impuestas a diversas personalidades venezolanas por "menoscabar los derechos humanos" en el país.

Por su parte, el Partido Popular también preguntó este martes en la sesión de control del Senado por el rescate de 53 millones otorgado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la aerolínea Plus Ultra. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respondió al senador del PP Eloy Suárez Lamata que no hay "nada que ocultar, todo correcto". En este sentido, dijo que es "falso" que el Gobierno ocultase el expediente, sino que se limitó a omitir información personal cuando se remitieron al juzgado.