La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) propone levantar 150.000 viviendas anuales para aliviar los problemas del mercado inmobiliario. La patronal de la construcción cree que esta cantidad de hogares al año destinada a diferentes finalidades -protección social, venta o alquiler libre, alquiler regulado- sentaría las bases para resolver las dificultades de acceso a la vivienda a partir de un aumento de la oferta. 

Así lo ha puesto de manifiesto Pedro Fernández Alén, presidente de CNC durante la Asamblea General de la organización, a la que ha asistido la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. CNC reclama un ritmo mínimo de ejecución para atajar este problema y ha pedido alejarse de políticas intervencionistas como el control de precios que, en opinión de la organización, constituye un agravante. 

La situación actual, defiende Fernández Alén, dista de ser la de la burbuja financiera, cuando se concedían al año más de 900.000 visados de obra nueva. En 2023 se terminaron unas 85.000 viviendas, y se cerró con apenas 132.000 visados de obra nueva, en una tendencia decreciente marcada por los altos tipos de interés y la creación de más de 210.000 hogares anuales. 

La patronal cree que hay un desfase entre las necesidades de vivienda y la construcción. Por ello reclama generar una oferta -tanto de suelo como de vivienda- a la altura del momento. En este sentido, ha pedido un Pacto de Estado sobre la Vivienda que cuente con la participación de las Comunidades Autónomas y las entidades locales.

De igual modo, la patronal ve imprescindible la utilización de la Colaboración Público Privada, sobre todo en pequeños ayuntamientos y CC AA, así como agilizar los préstamos ICO en los territorios, para lo que pide concienciar a las entidades financieras.

Asimismo, ha expuesto la necesidad de implementar un Programa de avales destinado a jóvenes para garantizar la concesión de hipotecas y generalizar la actualización de los Módulos de los Planes de vivienda. Desde el punto de vista fiscal, la patronal propone implantar bonificaciones del ITP o el IBI por la compra de una vivienda en el medio rural.

Por otro lado, la patronal defiende la necesidad de impulsar una ley de seguridad jurídica en materia de urbanismo que garantice la perdurabilidad de los planes urbanísticos. También ve necesario reforzar el compromiso con la lucha contra la ocupación ilegal, a través de la reforma del Código Penal, para proteger y eximir del pago del impuesto IBI a los propietarios afectados por la ocupación de su vivienda. Con el mismo objetivo, plantea modificar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para impedir que estas personas puedan empadronarse en la vivienda ocupada ilegalmente.

Según Fernández Alén, “el sector de la construcción debe ser un aliado para lograr los objetivos que se ha marcado el Gobierno en términos de vivienda. Pero si no aprobamos un mecanismo para revisar los precios de los contratos, si no acabamos con el abuso de los medios propios por parte de la Administración, si no agilizamos la ejecución de fondos europeos para acabar con los cuellos de botella y, sobre todo, si no formamos y cualificamos a los 700.000 trabajadores que necesitamos, difícilmente podremos conseguirlos”.