El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, espera cerrar pronto un acuerdo con las principales organizaciones agrarias antes del ciclo electoral que se abre con las elecciones vascas, catalanas y europeas. Su departamento ha remitido a Asaja, Coag y UPA un paquete de 43 medidas para intentar llegar a un acuerdo que ponga fin a las protestas del campo. Un ciclo de movilizaciones que según ha denunciado, tanto PP como Vox pretenden alargar hasta la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo.

"Cuando escucho a algunos portavoces de Vox o el PP, lo que piden es que continúe la tensión y las movilizaciones por lo menos hasta el mes de junio, con las elecciones europeas", ha dicho en rueda de prensa, donde ha desgranado las propuestas a los agricultores, que incluyen movilizar hasta 700 millones de euros en créditos ICO, de los que 200 millones de euros serán para jóvenes agricultores y 500 para agricultores y ganaderos. Planas ha dicho que las declaraciones de PP y Vox, "evidentemente nada tienen que ver con la preocupación con agricultores y ganaderos, sino estrictamente con intereses políticos partidarios".

Respecto a su propuesta, ha defendido que se trata de "un conjunto sólido de medidas que responden a las principales preocupaciones manifestadas por agricultores y ganaderos". Aunque también ha advertido de que "nada tiene solución de la noche a la mañana". "Ellas [las organizaciones agrarias] tienen que deliberar y decidir si están de acuerdo o no con esta propuesta del Gobierno", ha rematado.

El ministro ha detallado que la propuesta se divide en siete apartados como, por ejemplo, la simplificación y flexibilización de la PAC o la creación de un grupo de trabajo para evaluar las exportaciones e importaciones. Como ya trasladó hace algunas semanas, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) será elevada de rango y convertida en agencia estatal.

Por su parte, la introducción de las cláusulas espejo en la Unión Europea cree que está "más cerca que ayer" de que sean una realidad durante la próxima legislatura europea, aunque todo quedará al albur de la composición del próximo Parlamento y Comisión. Se trata de una de las principales reivindicaciones del campo para exigir a las importaciones los mismos requisitos que se fijan a lo producido en territorio comunitario.

Algunas de las medidas comunitarias anunciadas tendrán un carácter "inmediato" e incluso con carácter retroactivo desde el 1 de enero, mientras que otras entrarán en vigor en 2025 en función del cumplimiento de los trámites administrativos y legales oportunos. Por su parte, el paquete nacional tendrá un efecto "inmediato" desde su publicación. "Los últimos dos Consejos europeos demuestran que quienes defendíamos que debíamos tener más escucha y acompañamiento estamos teniendo razón y el conjunto del sector va a agradecer estos cambios", ha concluido.