El Ministerio de Trabajo y Economía Social está dispuesto a reformar la indemnización en caso de despido improcedente si así lo pide el Consejo de Europa, el organismo que aglutina a los 46 estados europeos -y que no forma parte de la UE- que acaba de posicionarse ante una denuncia de UGT sobre este tema. La decisión abre la puerta a posibles nuevas tensiones en el Gobierno de coalición, pero también en el marco del diálogo social, donde se negoció la reforma laboral hace tres años dejando fuera este tema.

"La vicepresidenta segunda ha manifestado en multitud de ocasiones que el régimen jurídico del despido en la actualidad en España difícilmente cumple con los estándares previstos en la Carta Social Europea", ha afirmado este martes el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, recordando fue el Gobierno actual el que ratificó esa carta. "La vicepresidenta ha afirmado que la falta de ajuste del despido, tal y como está configurado ahora, reside en dos elementos clave: los que tienen que ver con el carácter eficazmente reparador de las sanciones derivadas del despido injustificado, que no siempre atienden a la realidad del daño que causa porque no tienen en cuenta las circunstancias subjetivas o de otra índole del trabajador, y también en lo que se refiere al carácter disuasorio de las consecuencias que en España se prevén para el despido injustificado", ha recalcado.

El programa de coalición habla de que una reforma pendiente es la del despido

"El Ministerio de Trabajo lo ha reiterado en múltiples ocasiones, y también está claro y escrito negro sobre blanco en el programa de coalición entre las dos fuerzas que sustentan el Gobierno, que habla de que una de las reformas comprometidas con la ciudadanía es un cambio en el despido para mejorar la protección a las personas trabajadoras y dar cumplimiento a la Carta Social Europea. En la medida en la que la resolución se sitúe en la línea en la que el Comité lo ha hecho en Francia e Italia (....) naturalmente haría imprescindible una reforma para cumplir con nuestros compromisos internacionales", ha dejado claro el secretario, sin concretar sobre el contenido de la resolución porque, según sus propias palabras, aún no puede hacerse público.

En ese sentido, ha instado a esperar junio o julio, cuando el Ministerio espera que el Consejo de Ministros del Consejo de Europa emitirá su recomendación al respecto.

El Comité Europeo de Derechos Sociales, dependiente del Consejo de Europa y con sede en Estrasburgo, determinó el pasado jueves que la indemnización por despido improcedente en España no se ajusta a la Carta Social Europea. Así lo publicó El País, que tan solo citaba a fuentes cercanas a la resolución. El fallo se habría producido tras una reclamación que el sindicato UGT presentó en 2022, al considerar que las indemnizaciones por despido son insuficientes en nuestro país y que no se ajustan al mencionado tratado de la Unión, que el Gobierno ratificó hace dos años.

A día de hoy, y tras la reforma laboral de Rajoy en 2012, la indemnización por despido improcedente en España es de 33 días por año trabajado, hasta las 24 mensualidades como máximo. Es decir, que si un empresario despide a un empleado sin una causa objetiva, y este lleva trabajando en la empresa 20 años, la indemnización es de dos años de sueldo, algo que el sindicato considera del todo insuficiente, y ahora el Consejo de Europa también. Ni el Ministerio de Trabajo ni UGT han accedido a informar sobre el contenido de la resolución ante las preguntas de este medio, alegando que su contenido no es público.

Es por eso que el secretario de Estado de Trabajo se expresaba este martes en condicional, "si" el Comité se pronunciase en el mencionado sentido, pese a que su Ministerio ya ha recibido la resolución y la conoce desde el pasado jueves. Por tanto, aún deberán pasar unos meses para conocer el contenido exacto del informe del organismo europeo.

¿Es vinculante la resolución?

¿Cuáles son, entonces, los siguientes pasos? Según fuentes consultadas de UGT y CCOO, la resolución es vinculante, sobre todo una vez España ha ratificado la Carta Social Europea. Y ahora queda en manos del Gobierno cambiar la legislación para adaptarse, o esperar a que los tribunales adapten sus sentencias de acuerdo con lo dictado por el Consejo de Europa, con la inseguridad jurídica que esto podría provocar. Los tribunales españoles, de hecho, ya han dictado alguna sentencia en la que consideran que la indemnización que recoge la ley es demasiado baja para el daño que el despido ha provocado a algunos trabajadores. Es por eso que desde los sindicatos ven difícil que los jueces no tengan en cuenta la resolución en sus próximos fallos.

La dificultad, en el caso de que el Gobierno decidiese abrir el melón que supondría reformar el despido, es cómo hacerlo. Otra reclamación presentada por Comisiones Obreras ante el mismo Comité podría contribuir a esclarecer en qué términos debería cambiarse la legislación, puesto que en el informe que ya ha llegado al Ejecutivo no aparecen recomendaciones en esta línea. Pero no hay dudas de que el cambio legal será difícil de acometer: más allá de que los empresarios no estarán de acuerdo con incrementar los costes laborales, los expertos han alertado ya en diferentes ocasiones de las complicaciones que supondría tanto incrementar las indemnizaciones al despido como despido a la carta.

En cualquier caso, la postura de Yolanda Díaz es que el despido es demasiado barato en España, lo que hace pensar que presionará en el seno del Gobierno para cumplir no solo con la Carta sino con el programa de coalición, donde expresamente se prometía “establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea”. La postura del lado socialista del Ejecutivo está aún por conocerse, pero todo apunta a que será menos favorable a encarecer los costes a los empresarios. Si es así, la disputa está servida.