Las recientes protestas de los agricultores vinieron cargadas de una larga lista de reivindicaciones que el Gobierno ha intentado aglutinar en una batería de 43 medidas con las que calmar los ánimos del campo. Mientras las organizaciones agrarias tradicionales como la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) llevan meses negociando con el departamento que dirige Luis Planas, hay una cuarta organización, Unión de Uniones, que no puede sentarse oficialmente a la mesa de diálogo. Fue precisamente la que el pasado 21 de febrero logró sacar cientos de tractores a las calles de Madrid.
El Ministerio busca ahora un acuerdo con las asociaciones agrarias gracias al conjunto de propuestas que les ha trasladado. Pero, al mismo tiempo, fuentes próximas al Ministro reconocen que el choque que existe por la representatividad en el campo es un problema que necesita pronta solución.
En este sentido, señalan que habrá que "resolver en un futuro no muy lejano" el problema sobre la citada cuarta organización, Unión de Uniones. "Evidentemente antes que después tendrá que entrar en esta mesa", expresan respecto a la composición actual del Consejo Asesor Agrario.
Hasta ahora, el titular de Agricultura solo se ha podido sentar oficialmente con Asaja, Coag y UPA, debido a la normativa vigente. Se trata de la ley de representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de 2014, impulsada por el ex ministro del PP, Miguel Arias Cañete. Mediante una disposición transitoria, dejaba la composición del citado Comité Asesor con la misma composición que tenía hasta entonces. La falta de desarrollo reglamentario de la norma ha perpetuado la situación durante una década.
En plenas protestas, Planas deslizó hace un mes públicamente su voluntad de intentar buscar una solución al problema. "Si hace falta abordar el tema de la representatividad en el curso de esta legislatura, lo abordaremos, no hay ningún problema", dijo en un foro organizado por Nueva Economía Forum. Eso sí, pidió que esta problemática no se convirtiese en "una batalla entre organizaciones".
"Se ha demostrado que Asaja, Coag y UPA no son representativas", dice el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, en conversación con El Independiente. "No hablamos de que donde hay tres haya cuatro", abunda la cara visible de la organización que agrupa a diferentes asociaciones como la Unió de Pagesos, Unió de Llauradors i Ramaders, Unión de Campesinos de Castilla y León, La Unión de Extremadura, Plataforma Agraria Libre de Canarias o la Unión de Agricultores Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid.
La clave está en impulsar un cambio de la norma que Planas calificó de "mala" no por cuestiones ideológicas, sino por ser de aplicación "inviable". Eso sí, el titular de Agricultura es consciente de que no tiene asegurado el apoyo parlamentario necesario impulsar la modificación legal. "El Partido Popular siempre está invitado a apoyar las buenas iniciativas del Gobierno, pero nunca decide hacerlo así", expresó en el citado foro.
Apenas unos días después, abundó en el asunto. "Cada vez que he sondeado en la pasada legislatura y en esta, teniendo en cuenta la composición y estructura en grupos del Congreso de los Diputados, cualquier iniciativa del Gobierno no hubiera podido llegar a buen puerto porque unos y otros tienen puntos distintos de vista según los grupos parlamentarios y el planteamiento", dijo en una rueda de prensa previa al Consejo consultivo de política agrícola con las Comunidades Autónomas. "Soy una persona realista y sobre todo práctica. No me gusta proponer cosas que después no vayan a tener posibilidad de ser aprobadas", añadió.
"Movilizar es fácil; negociar, muy difícil"
En su departamento no detallan cómo puede abordarse un cambio real que permita sumar a la Unión de Uniones a marco oficial de diálogo del Ministerio con el campo. Las citadas fuentes reconocen que las protestas de las plataformas de agricultores se han dirigido contra el Gobierno, pero también contra la interlocución de las organizaciones tradicionales con Agricultura. "Movilizar y echar la gente a la calle es muy fácil. Pero negociar es muy difícil", razonan en el Ministerio.
Hasta ahora, la Unión de Uniones ha propuesto a los grupos parlamentarios enmendar la ley del año 2014. Entre las opciones, plantean derogar la disposición transitoria única que mantiene como representativas a Asaja, UPA y Coag. También proponen que se fije un plazo para el desarrollo reglamentario de la Ley y la convocatoria de elecciones en el campo.
Hasta esa celebración de comicios, piden que se consideren como representativas de las organizaciones profesionales agrarias con resultados significativos en los procesos electorales autonómicos llevados a cabo en los últimos tiempos. Apenas unas pocas comunidades autónomas celebran elecciones en el campo: Cataluña (2021), Madrid (2019), Castilla y León (2023) y Extremadura (2022). Suman un 29% del censo de profesionales agrarios de España. "La paz social que creían tener las Comunidades les ha saltado por los aires", añade Cortés.
Su organización presentó también un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio ante el Tribunal Supremo en abril del año pasado por inacción del Gobierno al no haber procedido a realizar los trámites normativos necesarios para la celebración de la consulta electoral contemplada en la Ley de Representatividad.
De momento, las organizaciones agrarias están estudiando la batería de propuestas remitida por el departamento de Planas, que incluye medidas para simplificar la condicionalidad de las ayudas de la Política Agraria Común, así como iniciativas para mejorar el comercio transfronterizo de productos agroalimentarios o reforzar la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria.
También se prevé una mejora del sistema de seguros agrarios; medidas fiscales, de financiación y laborales; apoyo a la sanidad animal y la ganadería extensiva; y reforzamiento de las políticas para facilitar el relevo generacional en coordinación con las comunidades autónomas. Las organizaciones están analizando las propuestas y es posible que trasladen una respuesta esta misma semana al Ministerio.
A falta de una valoración definitiva, Cortés califica positivamente la orientación y la "buena voluntad" de las medidas planteadas por el departamento que dirige Planas. Y reconoce que con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina -en el mes de junio- a poco más se puede comprometer el Ministerio. Eso sí, avisa de que las medidas "deben ser concretadas" y advierte de que su organización no ratificará ningún acuerdo que se lleve al margen de Unión de Uniones.
Este lunes, Planas se mostró confiando en poder llegar a un acuerdo con las organizaciones agrarias sobre el plan de choque antes de las tres próximas citas electorales -vascas, catalanas y europeas-. "No me gustaría que los agricultores y ganaderos se vieran implicados por unos y por otros en esos procesos políticos", sentenció
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