Telefónica y José María Álvarez-Pallete, presidente de la compañía, se enfrentan a una semana decisiva. El próximo viernes la operadora celebrará su tradicional junta de accionistas anual en la que estará por primera vez la saudí STC. Posiblemente, y coincidiendo con su primer centenario, la empresa vive sus momentos más importantes y convulsos por todo el ruido que ha generado la pugna por el control de gobierno.

Por partes. Moncloa, a través de la SEPI, ha acelerado en sus planes para tener el 10% de la sociedad y ser el máximo accionista de la operadora. Para ello, ha de seguir adquiriendo paquetes de acciones y salir al mercado.

Tras declarar el 3% a comienzos de la pasada semana, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, el Estado ha pisado el acelerador y ha aumentado su capital social, rozando ya el 5%. En concreto, la SEPI ha acometido una inversión de 250 millones de euros. Cabe recordar que para adquirir el primer porcentaje, el Estado desembolsó un total de 700 millones de euros.

Para ello, Hacienda destinó 500 millones de euros presupuestados para comunidades autónomas y ayuntamientos a la entrada del Estado en la teleco. En concreto, el Gobierno se ampara en el Capítulo 8 de la prórroga presupuestaria actual y que señala la utilización de 16.000 millones de euros en concepto de "Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territoriales”.

No obstante, esos 500 millones de euros no serán suficientes y el Estado contempla otro mordisco de unos 1.500 millones de euros para culminar la irrupción del Estado en el accionariado de Telefónica y ser el principal dueño de la empresa denominada como estratégica para los intereses del Estado. Además, este 10% pondría a raya las intenciones de STC.

Conviene recordar que el Gobierno se dividió en dos tras la irrupción de STC en Telefónica. La más beligerante fue Margarita Robles. La titular de la cartera de Defensa era partidaria de no dar el plácet a que los saudíes llegaran al 9,9% debido a los importantes contratos que tiene su ministerio con la operadora española.

A la par que el Estado acumula títulos de Telefónica también mueve fichas para poder tener una buena posición en el plano ejecutivo de la compañía. Este periódico ya adelantó que la SEPI modificó su normativa para que uno de sus consejeros pueda ocupar diferentes sillones de empresas. Esto viene a dejar claro que la SEPI no solo vigilará y será garante de la seguridad de la operadora, también querrá mandar y piensa en poder ocupar la presidencia en un futuro.

Carlos Cuerpo, ministro de Economía, confirmó que el Gobierno quiere colocar a una persona de confianza en el consejo de administración. “Sí, por supuesto”, dijo. Para ello, debería solicitar un puesto que no le correspondería numéricamente si no supera el 6,67%, pero que podría intentar forzar, ya que tanto BBVA como CaixaBank cuentan con un consejero dominical con menor participación en el capital.

Por ahora, los números no le dan y con el 3% actual la SEPI no tendría derecho a un asiento en el máximo órgano ejecutivo de Telefónica. No obstante, y al llegar a este umbral, el brazo inversor del Estado sí podría solicitar una junta extraordinaria de accionistas para tener representación en el consejo de administración.

La entrada de Sepi, "accionista con vocación de permanencia, permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para la consecución de sus objetivos", apuntaron desde el organismo dependiente de Hacienda. Otro de los objetivos era salvaguardar "las capacidades estratégicas de una compañía estratégica para los intereses nacionales por su liderazgo en el sector de las telecomunicaciones y sus capacidades industriales, determinantes en áreas como la seguridad y la defensa".

Junta de accionistas

El Estado, por tanto, no podrá solicitar un consejero en dicha junta, que será crucial para José María Álvarez-Pallete. El presidente de Telefónica podrá comprobar el grado de apoyo que tiene entre los principales accionistas, en unos momentos en los que se habla más de la lucha por el control del consejo de administración que por los propios hitos de Telefónica, que ya prepara todos los actos institucionales para su centenario.

STC, propietaria del 4,9% del capital social de la operadora, estará muy pendiente de lo que suceda en dicha junta. El grupo saudí se ha interesado desde el primer momento por los planes de la cúpula directiva. De hecho, Pallete acudió a Arabia Saudí para contarle las líneas maestras del Plan Estratégico recientemente presentado.

Hace pocas semanas, y tal y como adelantó este periódico, STC se vio con los altos mandos de Telefónica para confirmar lo que era un secreto a voces. Arabia Saudí también quiere su porción de tarta y quiere tener representación en el consejo de administración. A falta de una semana para que se celebre la junta de accionistas, la firma asiática no ha pedido un sillón y tampoco ha elevado su participación.

Para que eso suceda, el Gobierno de Pedro Sánchez ha de dar el visto bueno a que STC escale al 9,9% a través de los derivados financieros que adquirió Morgan Stanley y que están a la espera de ser traspasadas.

Tras la junta de accionistas, Álvarez-Pallete también tendrá una tarea de calado para el devenir ejecutivo de Telefónica. A mediados de junio, expira el mandato de cinco de los consejeros de la operadora. Los nombres son Isidre Fainé, José Javier Echenique, Peter Löscher, Verónica Pascual y Claudia Sender. No obstante, y salvo sorpresa mayúscula, estas personas serán reelegidas en el encuentro que se celebrará este viernes en la sede de la empresa.

Otra cosa es lo que pueda pasar en un futuro. Con STC y el Gobierno intentando buscar un asiento, Álvarez-Pallete podría verse en la tesitura de destituir a algunos de los consejeros para dar cabida a los que soliciten el Estado y la operadora saudí.