El Gobierno espera que la regularización de los migrantes irregulares que ayer el Congreso aprobó tomar en consideración contribuya a impulsar el empleo y la recaudación, y así, al pago de las pensiones. Según confirman fuentes gubernamentales consultadas por este periódico, la expectativa es que los cientos de miles de inmigrantes que a día de hoy no tienen papeles pero aún así trabajan pasen a formar parte de la economía regular, contribuyendo con ello a las arcas públicas.

“No se trata ni de barra libre ni de cerrar fronteras. Se trata de saber que un país como el nuestro necesita y va a necesitar muchísimos miles de inmigrantes, incluso para poder sostener su propio tejido, pero hay que hacerlo de manera razonable e inteligente”, aseguró en rueda de prensa el portavoz socialista, Patxi López.

Todavía es pronto para que el Gobierno tenga cálculos sobre el impacto que esta iniciativa legislativa popular (ILP) y la modificación de la ley de Extranjería que persigue. Pero según las organizaciones que la han impulsado, a día de hoy hay alrededor de 500.000 personas en España que residen de forma irregular, de jornaleras, a temporeros o trabajadoras sexuales, y también niños que han nacido en el país.

Si todos ellos pasasen a ser residentes en el país con derecho a trabajar, y engrosasen las cifras del empleo, supondría un importante impulso al mercado de trabajo. Cabe recordar que en 2023 se crearon casi 800.000 empleos, y que este ejercicio se espera que se creen 600.000 más, más otros 300.000 el que viene, según las previsiones que el centro de estudios Funcas publicó este lunes. A lo largo de los últimos meses, empresarios de diferentes sectores han protestado porque no consiguen encontrar mano de obra para cubrir sus vacantes, por lo que estos migrantes podrían llenar esos huecos del mercado laboral.

Después de un largo proceso participativo, el movimiento antirracista Regularización Ya ha conseguido llevar al Congreso de los Diputados su propuesta de regularización de todos los inmigrantes sin papeles que hay en España. La recaudación de más de 700.000 firmas, más la adhesión de 900 organizaciones civiles -entre ellas, varias asociaciones de prostitutas y la Conferencia Episcopal, según ha publicado El País, pero no los sindicatos mayoritarios- y las 84 mociones a favor en plenos de ayuntamientos, diputaciones y el Parlamento Vasco, ha culminado en el voto a favor de la mayor parte de la Cámara. Este martes, todos los partidos, excepto Vox, aprobaron la iniciativa legislativa.

España ya ha llevado a cabo nueve regularizaciones de extranjeros

Pero el proceso no termina aquí. Este martes el Congreso tan solo ha acordado tomar en consideración el texto, a lo que seguirá el trámite parlamentario en comisión, se presentarán enmiendas y pasará al pleno. Es un proceso largo y tortuoso que la inmensa mayoría de ILP no consiguen terminar, aunque a los promotores de la iniciativa les queda la esperanza de que su propuesta no debería resultar demasiado complicada de trabajar al arco parlamentario: España ya ha llevado a cabo nueve regularizaciones de extranjeros, cinco impulsadas por el Partido Popular y cuatro por el PSOE, la última, en 2005.

En ese sentido, Sumar ha advertido de que no permitirá que la ILP se meta en un cajón. Sin embargo, por ejemplo el PNV cree que debería regularizarse caso a caso, en lugar de aprobarse una medida masiva.

Asimismo, el año pasado el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya aprobó la flexibilización de los requisitos de formación para regularizar a extranjeros, con el objetivo de que cubriesen los puestos de trabajo vacantes. Entonces, el Ministerio de Trabajo se mostró receloso de que los empresarios aprovechasen la situación para evitar mejorar las condiciones laborales, pero finalmente la medida salió adelante y los extranjeros que lleven al menos dos años en situación irregular en España pueden lograr una autorización de residencia si cursan cierta formación, con menores requisitos que los existentes hasta el momento.

La opinión de los impulsores de la iniciativa es que en España es demasiado complicado acceder a una residencia, y que la burocracia juega en contra de quienes necesitan estos permisos, imposibilitando que consigan unos papeles. Por ello, el texto de la ILP pide al Gobierno que en seis meses apruebe un real decreto para regularizar a los extranjeros que llevan en territorio nacional desde noviembre de 2021, argumentando que sin ella se vulneran sus derechos.

"700.000 firmas son los votos que ha sacado el PP en Galicia, más de tres veces los que sacó el PSOE. Junts apenas tiene 392.000 votos en las generales de 2023 y con eso está marcando el ritmo político de nuestro país. Valencia, tercera ciudad más poblada de España, tiene apenas 800.000 habitantes. 700.000 personas, son muchas personas", opina Lucila Rodríguez-Alarcón, directora de la Fundación porCausa, en una columna en Público.

Con todo, quedan muchas dudas por delante. ¿Cuántas personas hay realmente en España en situación irregular? ¿Cómo se llevará a cabo el proceso de regularización, si es que se aprueba finalmente en el Congreso? Y, en ese caso, ¿cuándo verá la luz la regularización? ¿Qué pasará con los inmigrantes irregulares que lleguen a España a partir de ahora? ¿Existe el riesgo de un efecto llamada, como argumenta Vox, aunque por el momento no se haya demostrado?

Por el momento, ni el Ministerio de Trabajo ni el de Seguridad Social y Migraciones tienen respuesta a estas preguntas, ni datos que compartir al respecto, insistiendo en que la iniciativa está al principio de su tramitación. Desde Migraciones, además, han recalcado que es "imposible" cuantificar a las personas en situación de irregularidad, y que los estudios que lo intentan se mueven "en una horquilla más o menos amplia".