El Ministerio de Trabajo impulsará este año una ley para que las pymes tengan mayor representatividad en el ámbito del diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional. En definitiva, abrirá los espacios de negociación sobre las relaciones entre empresas y trabajadores a organizaciones sectoriales y territoriales que tengan una representación considerable.

Así consta en el Plan Normativo Anual de 2024 y confirman fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz que explican que la intención es que se tenga en cuenta la representatividad de cada una de las organizaciones del diálogo social para incluirlas en las negociaciones.

Esta norma ya estaba incluida en el acuerdo de Gobierno que firmaron PSOE y Sumar y que además de la representatividad de las pymes hacía hincapié en actualizar “la representatividad del colectivo de autónomos mediante un sistema basado en principios democráticos”.

Ampliar las mesas de negociación a otras organizaciones además de CEOE y Cepyme es una de las demandas de la organización empresarial Conpymes, que desde su origen ha defendido que las pymes no están representadas por Cepyme, confederación vinculada a la CEOE, que agrupa a las grandes empresas. “Históricamente Cepyme ha votado del lado de CEOE, aunque los intereses de las pymes puedan ser otros”, comenta José María Torres, presidente de Conpymes, en una conversación con este periódico.

La clave en la entrada de otros representantes a las mesas del diálogo social está en medir la representatividad, algo que según Torres no se hace en la actualidad. “No se ha querido medir”, insiste. Por ello, ven con buenos ojos este compromiso del Ministerio.

De hecho, cuando se incluyó en el acuerdo de Gobierno ya señalaron que esto suponía acercarse a la recomendación de la Comisión Europea sobre el refuerzo del diálogo social en la Unión Europea. Desde Bruselas se ha insistido en que muchas de las reformas que debía acometer España tenían que contar con el apoyo de patronales y sindicatos.

El presidente de Conpymes considera que, con la ejecución de esta norma, España atenderá la petición europea de que “el diálogo social sea objetivo y transparente y garantice que, cuando las autoridades competentes apliquen procedimientos de reconocimiento y representatividad con el fin de determinar las organizaciones a las que se concederá el derecho de negociación colectiva, esta determinación sea abierta y transparente, basada en criterios preestablecidos y objetivos con respecto al carácter representativo de las organizaciones”.

La representatividad, a los tribunales

Desde Conpymes han hecho bandera de la representatividad desde su creación. Tanto es así que presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo por unas subvenciones que habían recibido CEOE, Cepyme y UGT por un importe de 30 millones de euros. La Justicia anuló la concesión directa de estas ayudas, que se enmarcaban en el Plan de Recuperación.

Argumentó el Tribunal Supremo que no se acreditaban las circunstancias que impedían un procedimiento de convocatoria pública, ya que fueron asignadas de forma directa a estas organizaciones para “la digitalización del sector productivo”. Además, añadía que aunque pueda ser notorio que ambas organizaciones empresariales y la organización sindical UGT beneficiarias de las subvenciones son representativas, constituyendo interlocutores sociales, también lo es que no son los únicos interlocutores. Por ello, la atribución de “posición única” carece igualmente de justificación.

Con la nueva norma, se espera que las organizaciones que formen parte de las negociaciones y que participen en las instituciones como portavoces de empresas y trabajadores tengan acreditada una representatividad relevante, ya sea a nivel sectorial, territorial o por tamaño de empresa. 

En el caso de Conpymes, apuntan que reúnen a más de dos millones de pymes y autónomos en todas las comunidades autónomas de España y de diferentes sectores profesionales.