El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha terminado su revisión anual de la economía española, y ha concluido que el país está creciendo a un ritmo "robusto", que el consumo va a seguir fuerte y que los fondos europeos continuarán empujando la actividad. En combinación con la relajación de los tipos de interés y de la bajada de la inflación, más un moderado pero aún sostenido crecimiento del empleo, espera que el PIB avance un 1,9% este año, cuatro décimas más de lo que esperaba en enero, y un 2,1% en 2025.

Esas noticias son especialmente buenas en un contexto de ralentización económica en Europa, que quitan peso a las principales malas noticias que ya vienen observando todos los analistas: la debilidad de la inversión privada, y el todavía contenido consumo de los hogares. "La economía española ha mostrado gran resiliencia en un contexto de debilitamiento del crecimiento en la zona del euro y endurecimiento de las condiciones financieras", aseguran los economistas del Fondo.

Pero el buen desempeño del empleo, del consumo público, las exportaciones y el consumo de los hogares no lo es todo. Siguen existiendo riesgos para la actividad, como la dificultad de sacar adelante reformas imprescindibles y las cuentas públicas por la fragmentación política, lo que podría empeorar la confianza empresarial, la inversión y el crecimiento. Lo mismo sucedería si los fondos europeos se usan menos de lo previsto o de manera menos eficaz, o si surgen más riesgos geopolíticos, o un mayor estancamiento del euro o de la economía mundial. La inflación también podría repuntar si suben los precios de la energía o si los salarios suben más de lo esperado.

Reclama un plan para bajar la deuda

El FMI espera que el déficit se estanque en el 3% a medio plazo, y que la deuda lo haga en el 104% del PIB. "Se prevé que el creciente gasto vinculado al envejecimiento de la población generará fuertes presiones adicionales sobre las finanzas públicas en el curso de la próxima década". Por eso, reclama un plan de ajuste que permita "mantener la deuda en una trayectoria descendente clara", y en concreto recomienda reducir el déficit estructural primario en tres puntos entre 2024 y 2028, a 0,6 puntos por año.

"Aunque los cálculos de las cifras oficiales del marco reformado de gobernanza económica de la UE aún no se han finalizado, se prevé que esta trayectoria recomendada será más que suficiente para cumplir con los requisitos establecidos por las nuevas reglas fiscales. La consolidación de este orden de magnitud contemplada por las autoridades en 2024—mediante la imposición de gravámenes temporales sobre ganancias extraordinarias y la retirada paulatina de medidas de apoyo para paliar los efectos de la crisis energética—es adecuada. Sin embargo, será necesario mantener este ritmo de consolidación en los años siguientes, lo cual requiere medidas suplementarias de carácter más estructural", considera.

Y para lograr esa consolidación fiscal, sugiere subidas de impuestos y medidas para incrementar la edad media de jubilación, sin tocar la edad legal. En el primer caso, apunta que podrían suprimirse las exenciones al IVA, armonizarse los tipos de IVA entre productos y aumentando la imposición medioambiental a niveles europeos. Del lado de las pensiones, propone subir la edad efectiva -que no legal- de jubilación con diferentes medidas, como la reforma del subsidio de desempleo para mayores de 52 años o el refuerzo de las políticas activas de empleo.

"A más largo plazo, los ajustes basados en los ingresos deberían ir acompañados de mejoras en la eficiencia del gasto público y, fundamentalmente, de políticas orientadas a afrontar la creciente presión de gasto relacionada con el envejecimiento de la población. En el futuro, muy probablemente será necesario adoptar nuevas medidas para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. La cláusula de salvaguarda instituida en 2023 es una herramienta importante para corregir posibles desequilibrios. En caso de ser activada, deberá considerarse un conjunto equilibrado de reformas, evitando una dependencia excesiva de la opción de último recurso de aumentar las cotizaciones sociales, que incrementaría los costes laborales y podría tener un impacto en el empleo".

Del lado del mercado laboral, prevé una reducción del paro hasta un 11% a medio plazo, pero exige políticas adicionales para "alcanzar una mayor estabilidad en el empleo". Es decir, "relajar la legislación de protección del empleo, reduciendo la incertidumbre en torno a los costes del despido", o restringir el uso de interinos en el sector público, entre otras. Además, reforzar las políticas activas de empleo para reducir más el desempleo, inclusive aumentando el gasto, y mejorando los incentivos para la aceptación de ofertas, "tal como lo contempla la propuesta de reforma del subsidio por desempleo que pretende compatibilizar las prestaciones del subsidio con el ingreso laboral".