El Gobierno ha anunciado esta semana que elimina las golden visa -visado de oro- que garantizaba el permiso de residencia a los extranjeros que comprasen una vivienda por un importe de al menos 500.000 euros. Se trata de una medida que el Ejecutivo ha enmarcado dentro de su política de vivienda, pero que tendrá poco impacto en este ámbito. ¿Por qué se centra entonces en la compraventa cuando son los precios del alquiler los que están más disparados?

“Más que el efecto que pueda tener la medida, lo que está claro es que es un posicionamiento con respecto a la vivienda, donde no pueden caber políticas que favorezcan la especulación o donde prevalezcan los intereses económicos”, explica Elga Molina, experta en vivienda y asesora del Servicio Municipal de la Vivienda de Tarragona. Molina considera que este anuncio puede tener más relación con la política de inmigración o de inversión extranjera que con la inmobiliaria.

Coincide Ferran Font, director de estudios y portavoz de pisos.com, que cree que se trata de “un posicionamiento político” con una medida “que ha despertado el interés mediático” y que ha puesto la vivienda “en el foco de los medios”. Subraya también el impacto moderado de la eliminación de estos visados porque considera que “las cifras tienen poca magnitud”.

Así, con el telón electoral de Cataluña y del País Vasco de fondo, el Gobierno ha decidido hacer de la política de vivienda su estandarte y “atacar todos los puntos”, en palabras de Elga Molina. La experta señala que el PSOE “ha sido muy presionado por Sumar y está respondiendo a sus exigencias”. De hecho, el diputado de Sumar Íñigo Errejón ya había hecho hincapié en la eliminación de esta medida que, consideraba, provocaban el incremento de los precios.

Desde Provivienda, a favor de la medida que ha tomado el Ejecutivo, reconocen que tiene “carácter simbólico”, que “hay que avanzar en otras cuestiones” y que de esta forma se elimina “la concentración de vivienda en manos de personas que no tienen esa necesidad”. En esta línea, añaden que el acceso a la vivienda sigue siendo “muy complicado” para muchas personas. El último informe de la organización concluía que más de 5,5 millones de españoles tienen dificultades para acceder a una vivienda.

Los últimos datos de Idealista muestran que el precio del metro cuadrado se ha encarecido un 7% de media en toda España, un ritmo que se mantuvo durante todo 2023, cuando las subidas interanuales fueron de entre el 7 y el 8% en comparación con cada mes del año anterior. El Instituto Nacional de Estadística (INE) registró subidas superiores al 4% en el índice de precios de la vivienda en 2023

En el caso del alquiler, opción habitacional de las rentas más bajas, las subidas de precio fueron superiores al 9% durante 2023 y se han intensificado en los primeros meses de 2024. Con respecto a marzo de del pasado año, el precio del metro cuadrado en alquiler es un 12,6% más caro, alcanzando el máximo histórico desde que Idealista tiene registros. En 12 comunidades autónomas, el precio nunca había estado tan alto.

Competencias y ley de vivienda

Pero el Gobierno ha intentado actuar sobre los precios de los alquileres a través de la Ley de Vivienda, una ley que sin el apoyo de las comunidades autónomas está teniendo poco efecto en bajar los precios. “Hay que centrar el tema en lo importante: en qué está presionando el mercado y en cómo se regula una zona con los precios tensionados. Debería poderse obligar a declarar una zona tensa”, opina Molina, que reconoce que “si lo dejas en manos de las comunidades autónomas”, no hay efecto.

La experta señalan que esta declaración que permite topar la revalorización de los contratos de alquiler y que, de momento, solo se aplica en Cataluña, ya la están estudiando otras comunidades autónomas, como Navarra. Es decir, que la herramienta con la que el Gobierno de Pedro Sánchez quería poner un límite a los alquileres disparados está en manos de las comunidades autónomas, por lo que ya reconoció en su momento que esta podría no aplicarse si los gobiernos regionales así lo deciden.

En este sentido, además de tratarse de una medida “simbólica” o que muestra el posicionamiento del Gobierno sobre la “especulación” inmobiliaria, la eliminación de las golden visa vinculadas a la compraventa muestra que es una de las competencias que tiene el Ejecutivo para la que no necesita el apoyo de las CCAA. 

Cuestión de competencias o de política, Elga Molina señala que donde habría que actuar si se busca reducir los precios del alquiler es en el “mercado de temporada, sobre el derecho de las habitaciones y sobre las viviendas turísticas”. “Esto sí presiona y mucho al mercado”, subraya.

De momento, el Gobierno trabaja en que se amplíe la oferta disponible. Para ello, y tras una reunión del presidente del Gobierno Pedro Sánchez con diferentes actores del sector de la vivienda, la ministra Isabel Rodríguez hizo un llamamiento para que los caseros destinen sus viviendas al alquiler asequible.